ETA, Televisi¨®n Espa?ola y el Gobierno

LOS TERRORISTAS que secuestraron al capit¨¢n de Farmacia Alberto Mart¨ªn han exigido, como una de las condiciones para el rescate de su reh¨¦n, la difusi¨®n por Televisi¨®n Espa?ola de un comunicado de ETA-VIII Asamblea, una de las ramas en la que se ha escindido la sanguinaria organizaci¨®n. Esta forma de chantaje no es original, pero las respuestas dadas a la extorsi¨®n suelen variar. En ocasiones, los Gobiernos han pagado anuncios -recordamos un caso de secuestro ocurrido en Guatemala que movi¨® a las autoridades de aquel pa¨ªs a ordenar la inserci¨®n publicitaria del comunicado de los terroristas en varios peri¨®dicos; entre otros, EL PA?S- para salvar la vida de un reh¨¦n. En otras, los Gobiernos se resisten a la extorsi¨®n y tratan de impedir incluso a la Prensa independiente la publicaci¨®n de esos mensajes. Tampoco revisten novedad las pol¨¦micas en torno a los problemas legales y morales a que dan lugar las respuestas, positivas o negativas, de los medios de comunicaci¨®n ante tales exigencias.La insistencia de los secuestradores de que Televisi¨®n Espa?ola transmita su comunicado revela la berroque?a seguridad que toda secta doctrinaria tiene en el avasallador poder de convicci¨®n de sus pobres argumentos. Estos grup¨²sculos, aislados de la sociedad y alimentados por sus propios delirios, llegan a creerse sus propias f¨¢bulas, que incluyen como dogma de fe la apuesta en favor de un m¨ªtico pueblo que permanecer¨ªa adormecido por los enga?os del poder y que ¨²nicamente precisar¨ªa, para cobrar conciencia y lanzarse a la insurrecci¨®n, de un cursillo intensivo facilitado por sus autodesignados salvadores. En un sistema democr¨¢tico como el espa?ol, en el que los ciudadanos son frecuentemente convocados a designar a. sus representantes a trav¨¦s de elecciones libres, y donde existen incluso ¨®rganos de Prensa simpatizantes con los terroristas, ese doctrinarismo se asemeja a la demencia. Aunque s¨®lo fuera para socavar la confianza de estos orates petulantes en sus propias razones y argumentos, tal vez mereciera la pena dar difusi¨®n a los panfletos de las diversas ramas de ETA, que se suelen caracterizar por la simpleza catequ¨ªstica de sus respuestas y por la vaciedad irresponsable de sus alternativas. Sin embargo, el fiscal general del Estado y algunas sentencias de los tribunales censuran esos ensayos, injustamente tipificados como delitos de apolog¨ªa del terrorismo. De esta forma, los ide¨®logos de las bandas terroristas refuerzan sus insensatas creencias en el vigor, coherencia y capacidad de irradiaci¨®n de sus tesis con el argumento de que la prohibici¨®n penal de su difusi¨®n muestra a contrario su capacidad de convicci¨®n. Es muy dudoso, sin embargo, que la publicaci¨®n de esos comunicados, cuando de su aparici¨®n dependa una vida humana, pueda permitir a los tribunales exigir responsabilidades penales. Por supuesto que la exigencia de publicaci¨®n es un chantaje que vulnera la libertad de expresi¨®n. Pero si de ella puede derivarse un bien mayor, el jacobinismo de los intransigentes de la raz¨®n de Estado debe ceder.

El chantaje dirigido por los terroristas a Televisi¨®n Espa?ola merece tambi¨¦n un comentario, menor y secundario, relacionado con el humillante papel al que ha sido sometido por el Gobierno el receptor de la intimidaci¨®n. Resulta que ha sido oficialmente el Gobierno, y no Televisi¨®n Espa?ola, la instancia que ha resuelto no autorizar la lectura del comunicado de ETA-VIII Asamblea a trav¨¦s del monopolio estatal. La medida puede ser aplaudida o criticada, seg¨²n los criterios ¨¦ticopol¨ªticos que cada cual aplique, pero muestra el car¨¢cter ficticio de la pregonada e inexistente independencia de los directivos de RTVE respecto al poder ejecutivo. Aunque el art¨ªculo 22 del Estatuto de Radiodifusi¨®n y Televisi¨®n establece que "el Gobierno podr¨¢ hacer que se programen y difundan cuantas declaraciones o comunicaciones oficiales de inter¨¦s p¨²blico estime necesarias, con indicaci¨®n de su origen", la ley no atribuye en ning¨²n caso al poder ejecutivo capacidad para decidir qu¨¦ noticias no pueden ser transmitidas por el monopolio estatal. De a?adidura, el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n establece taxativamente que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresi¨®n "no puede restringirse mediante ning¨²n tipo de censura previa". De todos es sabido que el Estatuto de RTVE es un papel mojado que tanto el Gobierno como la oposici¨®n administran a beneficio de inventario. Pero un sistema pol¨ªtico comienza a perder credibilidad cuando sus gestores ni siquiera se molestan en guardar las formas.

Si el jefe de informativos de Televisi¨®n Espa?ola, o el director de ¨¦sta, o el director general del ente p¨²blico hubieran asumido p¨²blica y personalmente la responsabilidad de no transmitir el comunicado de ETA-VIII Asamblea, las cosas no habr¨ªan cambiado demasiado en la realidad, ya que hay precedentes de sobra para inferir que las decisiones de Prado del Rey se adoptan en otros lugares, pero nos habr¨ªamos ahorrado la desfachatez de que el Gobierno, tras las largas jeremiadas de su portavoz acerca de la independencia de Televisi¨®n Espa?ola, dejara bien claro qui¨¦n es due?o y se?or de las decisiones del bien llamado ente y mal llamado aut¨®nomo. Los directivos de ¨¦ste, pueden, por lo dem¨¢s, descansar tranquilos: han transferido sus responsabilidades ante la opini¨®n directamente al Gobierno. Con la responsabilidad transfirieron el poder. Y con ambas cosas han tirado por la borda su propia respetabilidad profesional.