La comisi¨®n reprivatizadora de las empresas del grupo expropiado mantiene la idea de esperar la sentencia del Tribunal Constitucional

La comisi¨®n para la reprivatizaci¨®n de Rumasa mantiene la idea de no ejecutar en bloque su misi¨®n hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Grupo Popular contra el decreto-ley expropiatorio, seg¨²n han informado fuentes de la misma. Pese a este prop¨®sito -no explicitado, pero que est¨¢ en la mente de todos los miembros, de acuerdo con las versiones recogidas-, la tercera reuni¨®n formal de los encargados de reprivatizar el grupo ha dado el visto bueno a la reventa del paquete de control de Caramelos Mauri al anterior propietario, quien s¨®lo hab¨ªa recibido de Ruiz-Mateos 25 millones de pesetas. ?sta ser¨¢ la primera vuelta al sector privado.La tercera reuni¨®n de la comisi¨®n ha sido precisamente la primera mantenida desde que expir¨® el plazo de recurso de la ley expropiatoria que sustituy¨® al decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. Con anterioridad, hab¨ªa sido aplazada en varias ocasiones hasta el pasado d¨ªa 5 de octubre, sin que hayan trascendido los motivos. Tampoco se ha conocido informaci¨®n oficial sobre su desarrollo. Seg¨²n varios miembros, el presidente, Javier Moral, director general del Patrimonio del Estado, ha pedido que no se proporcionen detalles a la Prensa, insistiendo en que ¨¦l es el ¨²nico portavoz.

Las citadas fuentes indicaron que fue conocido en la reuni¨®n un avance sobre las auditor¨ªas realizadas al holding hasta la fecha, que deber¨ªan haber terminado totalmente el pasado mes de septiembre. A?adieron que del informe no se desprende claramente el d¨¦ficit patrimonial (diferencia entre el valor de las in.versiones y las deudas de las empresas) que ten¨ªa el grupo el d¨ªa de su expropiaci¨®n, ni tampoco la ubicaci¨®n de la mayor parte del mismo (empresas, bancos o Rumasa, SA, como cabecera del holding), si bien en los ¨²ltimos meses ha imperado el criterio de centrarlo en Rumasa, SA, como financiadora de las empresas a trav¨¦s de los movimientos de las numerosas sociedades instrumentales creadas para eludir los controles sobre concentraci¨®n del riesgo.

Cuatro ofertas por empresa

Desde los 200.000 millones de pesetas en que evaluaron los administradores el d¨¦ficit dos meses despu¨¦s de la expropiaci¨®n, luego se pas¨® oficialmente a unos 240.000 millones, aunque seg¨²n fuentes del grupo realmente pod¨ªa superar los 400.000 millones. Los preinformes de algunas auditor¨ªas indicaron que no llegar¨ªa, como mucho, a los 300.000 millones, valorando los activos a precios de adquisici¨®n, no de mercado. Por tanto, la cifra no tiene por qu¨¦ coincidir con lo que terminar¨¢n por pagar los contribuyentes, cuya cuant¨ªa depender¨¢ fundamentalmente de la situaci¨®n de cada empresa en el momento de la venta y del precio que quiera pagar el comprador.Los miembros de la comisi¨®n reprivatizadora constataron en su tercera reuni¨®n que el n¨²mero de cartas de intenciones de compra de empresas recibidas hasta el momento supone un promedio de cuatro por cada sociedad con peso operativo. A juzgar por este dato, las ofertas se aproximan a 300, porque quedar¨¢n en los pr¨®ximos meses menos de 100 empresas, una vez eliminadas las sociedades interpuestas e instrumentales en un proceso paralelo al ya iniciado tambi¨¦n para fusionar y concentrar actividades.