La jubilaci¨®n forzosa de los funcionarios

Ello choca m¨¢s en un Gobierno socialista, pues tal filiaci¨®n le exige una mayor atenci¨®n hacia lo social. Parecer¨ªa que nuestros socialistas en el poder tienen de la sociedad el mismo concepto que del Estado puso en boga Hegel, hipostasiando su existencia ideal y olvid¨¢ndose de que lo importante en la sociedad y en el Estado son los seres humanos que los forman.Ahora, con la imposici¨®n del adelanto de la jubilaci¨®n de los funcionarios a los 65 a?os, el Gobierno vuelve a las andadas: acierta en su objetivo, pero yerra en la forma de llegar a ¨¦l.

La jubilaci¨®n anticipada es hoy uno de los medios que se utilizan en todos los pa¨ªses para combatir el paro.

Pero esta medida suele ser el resultado de un pacto, y no una imposici¨®n legal. Se propone -no se obliga- a los que est¨¢n en edad cercana al l¨ªmite laboral que pasen a la situaci¨®n de retirados mediante una compensaci¨®n econ¨®mica.

Ciertamente, muchos se preguntar¨¢n por qu¨¦ la jubilaci¨®n es acogida por los funcionarios con escaso j¨²bilo y c¨®mo es que desean prolongar su vida de, trabajo hasta una edad tan avanzada como son los 70 a?os. Pueden estar seguros de que no es por alguna especial afecci¨®n a la funci¨®n p¨²blica; sencillamente, porque las pensiones de jubilaci¨®n de los funcionarios son, desde tiempo inmemorial, mezquinas.

Cicater¨ªa del Estado

Lo normal y lo justo ser¨ªa que la pensi¨®n de quien culmina toda una vida dedicada al -trabajo fuera lo suficiente para que pudiera disfrutar hasta el fin de sus d¨ªas de una situaci¨®n econ¨®mica sin lujos pero holgada.

Para un funcionario, por el contrario, representa ver reducidos sus ingresos a la mitad, o a una tercera parte si pertenece a alg¨²n cuerpo superior. Ello es consecuencia de la cicater¨ªa tradicional del Estado respecto a sus funcionarios, cicater¨ªa que se remonta a tan pret¨¦ritos tiempos que ser¨ªa injusto pretender que el actual Gobierno solucionara tan gran problema de un a?o para otro.

El hecho es que el Estado deja mucho que desear corno patrono y que suele ser bastante remiso en cumplir ciertas obligaciones laborales que, sin embargo, impone a sus administrados. El hacer girar los porcentajes de jubilaci¨®n solamente sobre el sueldo base, trienios y grado, como si el resto de las remuneraciones se produjeran por alguna actividad esot¨¦rica o inconcrecta ajena al cargo que se desempe?a, supone una especie de estafa artera y subrepticia que el Estado practica sobre los ingresos de sus funcionarios con vista a un futuro ahorro en las pensiones de jubilaci¨®n.

El resultado pr¨¢ctico es que estas pensiones se encuentran en evidente e injusta desventaja respecto a las de la empresa privada, e incluso paraestatal. Puede decirse, en n¨²meros redondos, que el funcionario jubilado percibe una pensi¨®n que est¨¢ entre el 40% y el 60% de la que disfruta un empleado de su misma categor¨ªa y formaci¨®n.

De aqu¨ª que las disposiciones que afectan a la misma, como las comprendidas en el nuevo proyecto de regulaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, hayan producido tal conmoci¨®n en gran parte del colectivo funcionarial.

No s¨®lo le obligan a jubilarse a los 65 a?os, anticipando el ya pavoroso problema que le aguardaba al cumplir los 70, sino que esta decisi¨®n altera unilateralmente una de las condiciones que se le ofrecieron cuando ingres¨¦ en la Administraci¨®n.

Para mayor inri, el proyecto incluye la inconsecuencia de ofrecer mejores condiciones a los de edades inferiores a los 65 a?os, otorg¨¢ndoles el percibo del 150% de la retribuci¨®n b¨¢sica si se retiran voluntariamente antes de la jubilaci¨®n forzosa (disposici¨®n adicional 8.6).

Menosprecio a los funcionarios

De aqu¨ª resulta que lo que el Gobierno pretende hacer con sus funcionarios, de prosperar su intenci¨®n, es simplemente llevar a cabo un expediente de regulaci¨®n de empleo sin pago de indemnizaciones, salvo, claro est¨¢, que nos gaste la broma de pretender que el regalo de un trienio -unas 3.000 pesetas mensuales- es una compensaci¨®n econ¨®mica. La verdad es que el menosprecio que el Estado siente hacia sus funcionarios no alcanz¨® nunca cotas tan injustas y descaradas.

Es indudable que, como sucedi¨® con los maestros por id¨¦ntico motivo, esta imposici¨®n del adelanto de la fecha de jubilaci¨®n ser¨ªa recurrida por los funcionarios afectados.

Parece, pues, que lo razonable ser¨ªa, antes de entrar en un conflicto contencioso, hacer una oferta de jubilaci¨®n voluntaria a los que se encontraran entre los 65 y los 70 a?os, otorg¨¢ndoles una compensaci¨®n econ¨®mica -al menos ese 150% de las retribuciones b¨¢sicas que se ofrece a otros funcionarios m¨¢s j¨®venes.

Eso ser¨ªa lo razonable, s¨ª, pero desgraciadamente lo razonable va siendo desplazado, en la ¨®rbita del ejercicio del poder, por lo irracional.