Conflicto permanente en Estepona desde que fue elegido el alcalde socialista

Estepona es un pueblo de la Costa del Sol con unos 26.000 habitantes que, desde el d¨ªa 23 de mayo pasado, cuando el socialista Miguel Castro accedi¨® a la alcald¨ªa con los votos de los concejales de AP y el CDS, no ha recobrado la normalidad. Al d¨ªa siguiente, los 10 concejales comunistas, el grupo, mayoritario, iniciaron un encierro por considerar que se hab¨ªa secuestrado la voluntad popular, y el n¨²mero uno de la lista, el ex alcalde Antonio Murcia, comenz¨® una huelga de hambre.

Cinco meses despu¨¦s, la tensi¨®n contin¨²a. Los 10 concejales comunistas est¨¢n procesados, y, ayer mismo, cuando cinco vecinos sal¨ªan de la c¨¢rcel tras pagar una fianza de un mill¨®n y medio de pesetas, era detenida otra persona. A unos y otros se les acusa de un presunto delito de desacato, como consecuencia de las denuncias hechas por el alcalde.Cuando se conocieron los resultados de las ¨²ltimas elecciones municipales en Estepona -PCA, 10 concejales; PSOE, 6; CDS, 3, y AP, 2-, todo el mundo pens¨® que Antonio Murcia volver¨ªa a ser el alcalde, pero no fue as¨ª. A partir de entonces surgen las protestas en la calle. "Murcia s¨ª; Castro, no", ha sido el lema m¨¢s coreado en el pueblo en los ¨²ltimos cinco meses. Los concejales comunistas estuvieron 12 d¨ªas encerrados y Murcia en huelga de hambre, que abandon¨® al ser trasladado a un centro hospitalario.

En ese ambiente comienza la nueva actividad municipal. En varias ocasiones, el alcalde tuvo que llamar a la polic¨ªa para poder salir del ayuntamiento. No obstante Miguel Castro recalcaba, y reafirma ahora, que ¨¦l es el alcalde constitucional de Estepona y que lo ser¨¢ durante los pr¨®ximos cuatro a?os. Hasta ahora, Castro ha negado siete plenos extraordinarios solicitados por los comunistas, y los celebrados, uno cada mes con car¨¢cter ordinario, han estado llenos de incidentes. Especialmente grave fue el ¨²ltimo, en el que, seg¨²n los concejales socialistas, el alcalde recibi¨® amenazas de muerte, y una persona del p¨²blico le tir¨® una piedra, extremos desmentidos por los comunistas.

Denuncia del alcalde

Durante los d¨ªas de mayor conflictividad, despu¨¦s de la elecci¨®n de alcalde, Estepona se llen¨® de octavillas y panfletos. Uno de ellos, encabezado por la frase "Bando del grupo de concejales comunistas", sin firma ni pie de imprenta, sirvi¨® a Castro para presentar una denuncia en el juzgado de instrucci¨®n de la localidad.El contenido del panfleto, cuya autor¨ªa ha sido negada por los comunistas, acusaba al alcalde de dictar un bando "propio de las dictaduras militares suramericanas", con expresiones como "Castro, has perdido el sentido de la democracia y el respeto a la voluntad popular". El juez consider¨® que tales acusaciones pueden constituir un delito de desacato y, el pasado d¨ªa 7, dict¨® un auto de procesamiento contra los 10 concejales comunistas, para los que decreta la libertad provisional sin fianza.

La tensi¨®n se increment¨® sobremanera el pasado lunes cuando cinco vecinos fueron detenidos por orden del juez, acusados de un presunto delito de desacato como consecuencia de otra denuncia del alcalde. Estos vecinos ingresaron en prisi¨®n al no poder pagar la fianza para cada uno de 300.000 pesetas decretada por el juez, fianza que ayer se hizo efectiva con dinero recolectado por los comunistas entre el vecindario.

El abogado defensor de los detenidos, Pedro Apalategui, ha calificado de anormal la cuant¨ªa de la fianza, "dado el tipo de supuesto que se les imputa, el que no tengan antecedentes penales y la situaci¨®n econ¨®mica de los detenidos. Existe, adem¨¢s, un trato discriminatorio en relaci¨®n con el procesamiento, por el mismo supuesto, de los 10 concejales comunistas, para los que el mismo juez decreta la libertad sin fianza". Apalategui resalta, "como especialmente grave", el que los vecinos detenidos declararan ante el juez sin poder hacer uso del derecho constitucional de asistencia de un letrado.

Sobre el auto de procesamiento contra los concejales, de los que tambi¨¦n es abogado defensor, Apalategui ha manifestado que "las frases que se recogen en el panfleto, cuya autor¨ªa han negado, se pueden decir en cualquier discusi¨®n pol¨ªtica. Considerar eso delictivo es considerar delictivo el derecho a la libertad de expresi¨®n". Tanto en el caso de los concejales como en el de los vecinos, Apalategui ha presentado los correspondientes recursos. La pena prevista por el presunto delito que se les imputa a unos y otros oscila entre un mes y un d¨ªa hasta seis a?os de prisi¨®n.

El alcalde, Miguel Castro, asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que de ninguna manera abandonar¨¢ la alcald¨ªa. "Ni siquiera llegar¨¦ a un pacto con los comunistas. El ayuntamiento", ha manifestado a este peri¨®dico, "va a seguir as¨ª durante los pr¨®ximos cuatro a?os. S¨¦ que esta situaci¨®n no beneficia a nadie, pero, ?de qu¨¦ forma se puede evitar que un grupo de personas te insulte constantemente? Ante el insulto no cedo ni un mil¨ªmetro".

Mientras tanto, comunistas y socialistas han mantenido contactos a nivel regional, en un intento de dialogar y evitar que el ambiente de crispaci¨®n pueda generar violencia. C¨®mo encontrar una soluci¨®n es lo que est¨¢ por decidir.