El juicio contra 12 funcionarios de Herrera de la Mancha se celebrar¨¢ en 1984
La Audiencia de Ciudad. Real ha fijado para el 6 de marzo de 1984 la vista del juicio contra el director, dos jefes de servicio y nueve funcionarios de la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha, seg¨²n informaron a EL PAIS los letrados de la acusaci¨®n particular. En la misma resoluci¨®n, la Audiencia ha levantado la suspensi¨®n de empleo que pesaba sobre los doce funcionarios procesados por malos tratos a los reclusos del centro. La decisi¨®n de se?alar el juicio en marzo del pr¨®ximo a?o ha causado malestar entre los abogados de la acusaci¨®n, que han anunciado su intenci¨®n de recurrir la resoluci¨®n de la Audiencia de Ciudad Real. Los acusadores entienden que es una demora de tiempo innecesaria, y que si el juicio se celebrara el pr¨®ximo mes no habr¨ªa necesidad de levantar la suspensi¨®n de empleo de los procesados.
Los abogados aducen que es perfectamente posible celebrar el juicio en un plazo breve, ya que el sumario est¨¢ terminado hace dos a?os, y que el per¨ªodo de, calificaci¨®n concluy¨® el pasado mes de julio, con el informe del abogado del Estado. A?aden que en Ciudad Real no se celebran muchos juicios, por lo que la Audiencia no tiene problemas de fechas.
Reintegrados
Los funcionarios, que fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones consecuentemente con el procesamiento, se reintegrar¨¢n a sus puestos de destino en el citado penal, con excepci¨®n del director, que es un cargo de libre designaci¨®n. La decisi¨®n de la audiencia, tomada antes de la celebraci¨®n del juicio., ha sorprendido a los abogados denunciantes, ya que se ha adoptado sin oir al fiscal ni a las acusaciones. La audiencia justifica su acuerdo "habida cuenta del car¨¢cter excepcional que ha de tener toda medida cautelar" y por no ser ya en este momento procesal necesaria la subsistencia de la misma.Los procesamientos de los funcionarios, a ra¨ªz de una querella por torturas, se produjeron en noviembre de 1980, para cinco de ellos, y en julio de 1981, para el director, Santiago Mart¨ªnez Motos, y otros seis funcionarios. Sin embargo hasta ¨²ltimos de agosto no fue dictado el auto del juez de Manzanares en el que ¨¦ste ordenaba la suspensi¨®n de empleo de los procesados. La mayor parte de los acusados han continuado ocupando sus viviendas en el centro penitenciario mientras ha durado la suspensi¨®n, lo cual origin¨® la reiterada protesta de los abogados que denunciaron las torturas. El fiscal calific¨® los hechos c¨®mo abuso en el ejercicio de sus funciones profesionales y pide cuatro a?os de suspensi¨®n.
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