Contra la ley de Reforma Agraria

Los empresarios andaluces, seg¨²n expone en este art¨ªculo el presidente de su confederaci¨®n, se oponen tajantemente al anteproyecto de ley de Reforma y Desarrollo Agrario elaborado por el Gobierno andaluz. Seg¨²n ellos, afecta rotundamente al derecho a la propiedad privada y atenta contra la libertad de empresa.

Cuando en el pasado mes de abril se llevaron a cabo las inconcebibles agresiones por parte de la Administraci¨®n anunciando la expropiaci¨®n de cinco fincas en la provincia de C¨®rdoba, los empresarios andaluces comenzamos a sospechar que no se trataba s¨®lo de un error meramente burocr¨¢tico. En aquel momento, la precipitaci¨®n del Gobierno en su anuncio de expropiaci¨®n evidenci¨® claramente cu¨¢les eran los ¨¢nimos del partido socialista, para quien el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa, recogido como norma fundamental de nuestro texto constitucional, ten¨ªa dudosas interpretaciones.Por aquel entonces se dio marcha atr¨¢s; pero el anuncio de un anteproyecto de ley de Reforma Agraria nos produjo a los empresarios un estremecimiento ante el inminente futuro. Ello no signific¨® un recelo por nuestra parte a la hora de ponemos a trabajar, y de esta manera depositamos todos nuestros esfuerzos en tratar con la Junta de Andaluc¨ªa, con el ¨²nico inter¨¦s de colaborar y mantener estrechas relaciones de intercambio de informaci¨®n y cooperaci¨®n. Pero nuevamente fuimos defraudados. La voz de CEA (Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa) no fue escuchada, no fue consultada y, en consecuencia, nos vimos abocados a esperar, pacientemente el borrador del anteproyecto de ley de Reforma Agraria, en el que no se ha contado en absoluto con quienes d¨ªa a d¨ªa fomentamos el beneficio y la riqueza de numerosas familias andaluzas, manteniendo y creando nuesto,s de trabaio en el campo.

Serenidad y cordura

Nuestra reacci¨®n desde la serenidad y la cordura nos impide asumir una ley que s¨®lo conseguir¨ªa impedir que Andaluc¨ªa salga del atraso econ¨®mico en que se encuentra, al contemplarse en el anteproyecto una ley que incluye una afectaci¨®n a la propiedad privada o a su uso y que tiende, mediante medidas de aparente mejora de la productividad, a colocar fuera de la legalidad a capitales que hoy est¨¢n perfectamente utilizados.

La expropiaci¨®n consistente en la privaci¨®n del derecho al uso que se desprende de la lectura de algunos art¨ªculos de la ley afecta rotundamente al derecho a la propiedad privada y entra?a un serio riesgo atentatorio contra la libertad de empresa, y que, como se ha demostrado cuando se ha implantado en otros lugares, no ha tenido resultados eficaces.

La creaci¨®n de un impuesto sobre tierras infrautilizadas como tributo propio de la Comunidad Aut¨®noma andaluza supone en realidad una confiscaci¨®n paulatina, en tanto que no es un impuesto que recaiga sobre los beneficios, sino directamente sobre el patrimonio con el que el empresario deber¨ªa hacer frente a sus propias p¨¦rdidas y a las que le origina la ley, penalizando el riesgo empresarial.

La responsabilidad del Gobierno andaluz en esto es clara: resolver el probleiha de puestos de trabajo, no desequilibrar el mecanismo de costes de la empresa agraria, y crear las bases de una econom¨ªa agr¨ªcola bien abastecida y competitiva no se logra poniendo contra la pared al empresario que, asumiendo un riesgo, fomenta el beneficio econ¨®mico para la regi¨®n.

Andaluc¨ªa no puede salir adelante por s¨ª sola si no es con el esfuerzo de todas las instituciones y cuerpos sociales, sin rechazar a ninguna de las partes. En este sentido, el desarrollo que establece la ley con respecto al empresario agr¨ªcola se nos aparece como claramente discriminatorio. Es de sobra conocido que la asunci¨®n de riesgos por parte de la empresa privada debe conllevar un beneficio que redunde en todos los niveles econ¨®micos de la empresa. Con dicho beneficio pueden realizarse la financiaci¨®n de los costes laborales y de producci¨®n, y extraerse posteriormente partidas presupuestarias que sirvan para el crecimiento y la expansi¨®n de la propia empresa. ?Puede alguien, por tanto, figurarse que el empresario no pretenda la m¨¢xima obtenci¨®n de beneficio posible y que en su inter¨¦s no obren las m¨¢s claras intenciones para una producci¨®n" competitiva?

Sin embargo, parece casi imposible que el empresario asuma dichos riesgos, dado que sobre ¨¦l se ciemen las amenazas que se indican en la ley, pues es razonable pensar que en el nivel de cada comarca siempre habr¨¢ unos m¨ªnimos de productividad que podr¨ªan suponerle una expropiaci¨®n forzosa. Es m¨¢s, la ley de Reforma y Desarrollo Agrario posee capacidad de actuaci¨®n sobre las fincas de una comarca aunque las propiedades hayan sido bien explotadas. Con ello entrar¨ªamos de lleno en una clara pol¨ªtica de socializaci¨®n del campo.

Por otro lado, la discriminaci¨®n de la empresa andaluza es patente en comparaci¨®n con la del resto de regiones y comunidades aut¨®nomas de Espa?a. El anteproyecto de ley, que viene a romper la unidad del mercado, s¨®lo conseguir¨ªa la distracci¨®n de partidos inversionistas, que ir¨ªan a parar a otras comunidades aut¨®nomas en las que la inversi¨®n empresarial tuviera mayores garant¨ªas de libertad y desarrollo econ¨®mico.

Tampoco contempla el anteproyecto cu¨¢les son los pasos a seguir para establecer,una infraestructura que permita la comercializaci¨®n y exportaci¨®n de los productos agrarios. No basta s¨®lo con una ley que establezca mejoras de la productividad sino que es preciso comercializar los productos otorg¨¢ndoles el valor afladido de transformaci¨®n en industrias derivadas de la agricultura, que abarquen a m¨¢s sectores adem¨¢s del agroalimentario.

Los empresarios que hemos dado pruebas repetidas, veces de nuestro apoyo y solidaridad democr¨¢tica con las instituciones y cuerpos representativos de los poderes p¨²blicos reclamamos ahora para hacer nuestro el derecho a la defensi¨®n jur¨ªdica y a la igualdad ante leyes comunes para todos los pueblos y comunidades de Espa?a.

Transmisi¨®n de tierras

La transmisi¨®n de las tierras de Rumasa suponeun grave incumplimiento de los compromisos de reprivatizaci¨®n asumidos por el Gobierno central. La reforma agraria en Andaluc¨ªa que todos esperamos y deseamos no puede establecer criterios discriminatorios impropios de un Estado social de derecho. No pueden ni deben buscarse culpables a una situaci¨®n penosa y lamentable que se arrastra desde hace cientos de a?os. Los empresarios hemos apostado por la competitividad y por el bien social de Andaluc¨ªa, que tanto nos preocupa. Que la ley no formule las medidas de ayudas a las empresas, que son las que aut¨¦nticamente pueden generar empleo, y que no se contemplen las consecuencias de la reforma de la misma, cara a la integraci¨®n en la Comunidad Econ¨®mica Europea, nos parecen lagunas incomprensibles.

En tanto que una ley que, como sus mismos autores reconocen, no va a contribuir a la creaci¨®n de empleo se olvide de que ¨¦ste constituye uno de los principales problemas de Andaluc¨ªa, no nos parece a los empresarios que pueda ser una ley viable. Todo ellonos impide aceptar razonablemente este anteproyecto.

es presidente de la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa (CEA).