Los terroristas 'arrepentidos.' podr¨¢n ser absueltos si cooperan con la justicia
Los terroristas arrepentidos podr¨¢n ver notablemente atenuadas sus penas, pudi¨¦ndose llegar, incluso, hasta la absoluci¨®n, en funci¨®n de su cooperaci¨®n con la justicia. As¨ª lo prev¨¦ el proyecto de ley org¨¢nica "contra las actuaciones de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n", popularmente conocido como de medidas antiterroristas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que hoy ser¨¢ enviado a las Cortes para su tramitaci¨®n por el procedimiento de urgencia. Entre otras novedades, las nuevas medidas prev¨¦n la extraterritorialidad, la posibilidad de disolver asociaciones "pol¨ªticas, culturales y sociales" y se facilita el cierre de medios informativos que, en opini¨®n del juez, practiquen una continuada apolog¨ªa del terrorismo.
El texto de estas medidas endurece tambi¨¦n notablemente las penas contra quienes atenten, o cooperen de alguna manera en atentados, contra miembros de las Fuerzas Armadas o de la Polic¨ªa Municipal, y agiliza los procedimientos penales, proclamando que no podr¨¢ exceder de 60 d¨ªas el plazo transcurrido entre el auto de procesamiento y la celebraci¨®n del juicio oral. Gran parte de los art¨ªculos de este anteproyecto tienen un horizonte temporal de dos a?os, pero no ocurre lo mismo con el agravamiento de las penas para delitos conectados con el terrorismo, que ser¨¢ definitivo.El anteproyecto prev¨¦ que los delitos contenidos en este texto cometidos por espa?oles ser¨¢n juzgados por tribunales nacionales, aunque hayan sido perpetrados en el extranjero, e incluso aunque el autor o autores hayan sido condenados fuera de Espa?a a una pena menor que la que prev¨¦n las nuevas medidas. Este supuesto de aplicaci¨®n de la extraterritorialidad se orienta fundamentalmente contra quienes, desde territorio extranjero, cobran impuestos revolucionarios a c¨ªudadanos espa?oles.
El ¨¢mbito de aplicaci¨®n de esta ley es muy amplio: alcanza a las personas que, presuntamente integradas o relacionadas con actividades terroristas o con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana, planeen, organicen y ejecuten una variada gama de delitos contra la vida y la integridad f¨ªsica, detenciones ilegales bajo rescate, asaltos a establecimientos p¨²blicos y privados o apolog¨ªa de cualquiera de estos delitos.
Respecto de este ¨²ltimo punto, el art¨ªculo 5? del anteproyecto ayer aprobado por el Consejo de Ministros prev¨¦ que un tribunal podr¨¢ acordar, previa declaraci¨®n de ilicitud, la disoluci¨®n de asociaciones y otras personas jur¨ªdicas o centros colectivos dedicados a una actividad pol¨ªtica, cultural o social cuyos miembros fuesen condena dos por delitos conectados con el terrorismo, siempre que su vinculaci¨®n a estas entidades sea "causalmente relevante" en la comision de los hechos delictivos. Ello significar¨ªa, de acuerdo con medios jur¨ªdicos, una mayor facilidad para que los jueces act¨²en contr¨¢ asociaciones de hecho, como las llamadas gestoras pro amnist¨ªa existentes en el Pa¨ªs Vasco, siempre que se considere que tales asociaciones mantienen una vinculaci¨®n con ETA. Pasa a la p¨¢gina 17
M¨¢s informaci¨®n en la p¨¢gina 16
Los medios de difusi¨®n podr¨¢n ser clausurados por apolog¨ªa del terrorismo
Viene de la primera p¨¢gina
La apolog¨ªa del terrorismo por medios escritos o audiovisuales ser¨¢ castigada con prisi¨®n menor en grado medio y m¨¢ximo y multa de hasta un mill¨®n de pesetas cuando se acredite que su "finalidad relevante" es apoyar o ensalzar la rebeli¨®n o "actividades propias de grupos armados u organizaciones terroristas, y tambi¨¦n hechos o, efem¨¦rides de sus dirigentes y activistas".
El art¨ªculo 20 de esta normativa prev¨¦ la clausura de oficio por el juez o previa admisi¨®n de una querella del ministerio fiscal de los medios de difusi¨®n que practiquen esta apolog¨ªa. El juez ordenar¨¢ el cierre provisional del medio de difusi¨®n. de que se trate y, si procede, la ocupaci¨®n material de los instrumentos del delito (maquinaria, enseres varios); dentro de los tres d¨ªas siguientes a la adopci¨®n de estas medidas, el juez ratificar¨¢, o¨ªdo el ministerio fiscal y las alegaciones de las partes, o dejar¨¢ sin efecto, su decisi¨®n anterior. La ratificaci¨®n proceder¨¢ "cuando hubiere habitualidad o cuando los delitos perseguidos en la querella fueren de extrema gravedad". Contra este auto judicial podr¨¢ interponerse recurso de apelaci¨®n en el plazo de cinco d¨ªas y la sentencia que ponga fin al proceso debe levantar o imponer definitivamente el cierre del medio de difusi¨®n de que se trate.
Los supuestos de colaboraci¨®n est¨¢n tambi¨¦n minuciosamente regulados en el texto del anteproyecto, que prev¨¦, entre otros, los casos de construcci¨®n o cesi¨®n de alojamientos o locales id¨®neos para la ocultaci¨®n de personas o cosas, la b¨²squeda de informaci¨®n que ayude a cometer actos terroristas, la asistencia a campos de entrenamiento o la cooperaci¨®n econ¨®mica para financiar bandas terroristas. De acuerdo con el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, no se considerar¨¢ que existe esta cooperaci¨®n en los casos de, pago de impuesto revolucionario, "ya que tiene que haber voluntariedad y en estos casos no la hay, lo mismo que ocurre con algunos supuestos de difusi¨®n de comunicados de las bandas terroristas".
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular, que aseguraron a EL PAIS que apoyar¨¢n estas medidas en las Cortes,dijeron, no obstante, estar estudiando la posibilidad de promover que el pago de rescate sea considerado delito por falta de cooperaci¨®n con las investigaciones policiales.
El Consejo de Ministros escuch¨® tambi¨¦n un detallado informe del ministro de Trabajo acerca del paquete de leyes laborales que, probablemente, recibir¨¢ su aprobaci¨®n definitiva por el Gobierno la pr¨®xima semana. En este paquete se contiene la Ley Org¨¢nica de Libertad Sindical, la modificaci¨®n de algunos art¨ªculos del Estatuto de los Trabajadores y del t¨ªtulo segundo de la Ley B¨¢sica de Empleo, as¨ª como la normativa sobre igualdad de sexos ;a la hora de causar pensi¨®n.
El Consejo aprob¨® una serie de medidas urgentes para reparar los da?os causados por las recientes inundaciones en las provincias de Barcelona, C¨¢diz, Huelva, Sevilla y Valencia. Tambi¨¦n se aprob¨® la emisi¨®n de m¨¢s de 34.000 millones de pesetas de deuda p¨²blica.
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