150 personas mantienen una huelga de hambre en Marinaleda

El n¨²mero de personas en huelga de hambre en Marinaleda se elevaba ayer a 150, entre las que se encuentra el alcalde del pueblo, Juan Manuel S¨¢nchez Gordillo. La oferta del delegado del Gobierno de facilitar la puesta en marcha de planes piloto en las comarcas m¨¢s deprimidas no supuso el fin de la huelga de hambre, iniciada el pasado lunes con la exigencia de que no se aplique el criterio restrictivo de la unidad familiar en los beneficios del paro comunitario. Por el mismo motivo se encontraban otras tres personas en huelga de hambre en Gilena, pueblo, como el anterior, de dominio del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).La normativa vigente prohibe que en familias de tres personas haya m¨¢s de un perceptor del p aro comunitario; en familias de cuatro, cinco o seis miembros puede haber dos perceptores; y en las familias de siete componentes o m¨¢s, ¨²nicamente podr¨¢ haber tres perceptores. Este criterio restrictivo es rechazado por los jornaleros, que estiman que la Constituci¨®n ampara el derecho al trabajo de todos los espa?oles. Sin embargo, la norma de aplicaci¨®n se basa en que el paro comunitario no es un trabajo, sino una prestaci¨®n, y por tanto es l¨ªcito limitar el n¨²mero de prestaciones por familia. En Marinaleda, donde se pretende aplicar ahora con rigor este criterio, quedar¨ªan fuera, de hacerse tal cosa, unas 70 personas, todas ellas especialmente necesita as, seg¨²n manifestaciones del alcalde, S¨¢nchez Gordillo, que ha iniciado en esta ocasi¨®n su novena huelga de hambre. En principio, otros 25 jornaleros o secundaron la actitud de su alcalde, que fue recibido anteayer por el delegado del Gobierno, Leocadio Mar¨ªn, quien en su intento de mediaci¨®n ofreci¨® la creaci¨®n de comisiones con representantes de los gobiernos civiles, diputaciones y los jornaleros, las cuales estudiar¨ªan la puesta en marcha de experiencias piloto en las comarcas cuyo ¨ªndice de paro est¨¦ por debajo de la media provincial. La oferta interes¨® a los jornaleros, pero qued¨® sin soluci¨®n el tema de la unidad familiar. El paro comunitario va a ser sustituido por otro sistema a primeros de a?o, y la delegaci¨®n estima que para el corto plazo de tiempo que queda no hay razones para modificar estos criterios restrictivos, cuya aplicaci¨®n corresponde al gobernador civil, a quien los jornaleros no podr¨¢n ver hasta el martes.

Razones parecidas han provocado encierros y manifestaciones en numerosos pueblos de la provincia, con predominio de Comisiones Obreras, como Badolatosa, Gerena, El Saucejo o ?cija. La aplicaci¨®n rigurosa de medidas restrictivas fue decidida por las autoridades ante el continuo incremento del n¨²mero de beneficiarios del paro comunitario, que en los primeros 10 meses del a?o ha sido un 44% m¨¢s que el a?o 1981 y un 25,7% m¨¢s que en 1982.