Las cajas de pensiones de empresas p¨²blicas han empezado a ser auditadas para su integraci¨®n en la Seguridad Social

La intervenci¨®n de la Seguridad Social audita estos d¨ªas las cajas de pensiones del Banco de Espa?a, Banco Hipotecario y Tabacalera. En breve, las revisiones de cuentas ser¨¢n extendidas a todos los montep¨ªos de empresas p¨²blicas que act¨²an como sustitutorios de la Seguridad Social. Se pretende ver su nivel de solvencia y tener una base para su integraci¨®n en el r¨¦gimen general obligatorio, a partir del pr¨®ximo a?o. Las condiciones de este traspaso seguir¨¢n la pauta que marcar¨¢ la Mutualidad de Previsi¨®n (11.330 pensionistas y 20.000 cotizantes), cuya auditor¨ªa ha detectado una situaci¨®n de quiebra t¨¦cnica, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n; la soluci¨®n en curso puede reducir a la mitad las pensiones de sus beneficiarios.

Las revisiones externas de cuentas han comenzado tambi¨¦n por iniciativa de la Intervenci¨®n General del Estado. Los responsables del control interno del dinero p¨²blico tem¨ªan que lo ocurrido con la Mutualidad de Previsi¨®n pudiera repetirse en la caja de pensiones de alguna otra entidad, cuya eventual insolvencia exigir¨ªa la ayuda de la Seguridad Social. Despu¨¦s de tomar la decisi¨®n, el Grupo Socialista introdujo una enmienda en el proyecto de Presupuestos del Estado para 1984 con el fin de que, adem¨¢s de la Mutualidad citada, se integren en Ia Seguridad Social todos los montep¨ªos de la banca oficial y de las empresas p¨²blicas.Las integraci¨®n del personal activo y pasivo de estas entidades en la Seguridad Social afectar¨¢ s¨®lo a la acci¨®n protectora obligatoria que prestaban en sustituci¨®n del sistema p¨²blico, por lo general centrada en las pensiones de jubilaci¨®n, viudedad y orfandad. A cambio de cubrir estas prestaciones, que alcanzan niveles mucho mayores a los de la Seguridad Social, las cajas se quedaban con las cotizaciones obligatorias de sus beneficiarios, tambi¨¦n generalmente m¨¢s altas de lo habitual.

Previamente, cada caja deber¨¢ pagar a la Seguridad Social el coste estimado que tendr¨¢ ¨¦sta para atender las pensiones existentes en sus correspondientes reg¨ªmenes. Si luego les sobra dinero, la entidad en esa situaci¨®n podr¨¢ complementar las pensiones p¨²blicas en la medida de sus disponibilidades. Pero la enmienda incluida, en los Presupuestos deja claro que desde ahora el Estado no financiar¨¢ los d¨¦ficit en que puedan incurrir tales sistemas, que pasar¨¢n a ser exclusivamente complementarios, frente a su car¨¢cter actual de sustitutorios.

Seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, la mayor parte de las cajas de pensiones sustitutorias en empresas p¨²blicas cubren al menos el 100% del ¨²ltimo sueldo. En la Seguridad Social, como se sabe, apenas excede al 60% del salario medio cobrado durante el per¨ªodo de dos a?os que m¨¢s favorable resulte al causante. As¨ª, mientras en la Seguridad Social la pensi¨®n media no llega a las 40.000 pesetas mensuales, en dichas cajas es probable que rebase el doble, debido a que hay algunas pensiones superiores a 350.000 y 400.000.pesetas.

Malestar entre los afectados

Las auditor¨ªas y estas modificaciones han provocado gran malestar entre los pensionistas y activos afectados, especialmente los de la Mutualidad de Previsi¨®n, cuya integraci¨®n en la Seguridad Social ha sido fijada ya por el Consejo de Ministros para el 1 de enero pr¨®ximo. Su pensi¨®n media es actualmente de 71.601 pesetas mensuales, seg¨²n portavoces de la entidad, quienes se?alan que para ello han cotizado un 22%, frente al 8% existente para similares coberturas en la Seguridad Social. La primera integraci¨®n decidida por el Gobierno se ha basado,, en la auditoria, seg¨²n la cual el creciente desfase entre ingresos y gastos (durante los cuatro ¨²ltimos a?os, los primeros crecieron un 70,4% y los segundos un 133,3%) ha originado una deuda con la Seguridad Social de 9.328 millones de pesetas a 30 de abril pasado y que crece mensualmente en 500 millones de pesetas. Por el contrario, los fondos y reservas de la entidad, cuyo n¨²mero de cotizantes disminuye al 17,4%, mientras el de pensionistas aumenta al 13,6%, ascend¨ªan al terminar 1982 a 11.173 millones de pesetas, con un ritmo de disminuci¨®n del 19,5% en el per¨ªodo considerado.Aparte de otros acuerdos, como el de exigir eventuales responsabilidades y considerar anticipos los pagos que efect¨²e la Seguridad Social, el Consejo de Ministros ha adoptado el de que corresponder¨¢ "a las entidades de las que los mutualistas dependen la aportaci¨®n de aquella parte en que los costes de la integraci¨®n no pudieran ser cubiertos por la totalidad de recursos de la Mutualidad".

Aunque los ¨®rganos de la Mutualidad de Previsi¨®n han aceptado la integraci¨®n, han expuesto oficialmente una serie de consideraciones que coinciden con las recogidas, a grandes rasgos, en un escrito enviado por los jubilados y activos de la Mutualidad al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez. En s¨ªntesis, se?alan que se va a cometer una injusticia, pues el, Decreto-Ley 36 de 1978 les concede el derecho a pensiones mayores de las existentes en la Seguridad Social, para lo cual han cotizado m¨¢s durante decenas de a?os; que la misma disposici¨®n garantiza los derechos adquiridos; y que la situaci¨®n de la Mutualidad es consecuencia de la orden ministerial de 4 de julio de 1981, por la cual qued¨® "herida de muerte", al no poder renovar o reponer su colectivo, de cotizantes.

El Consejo Directivo de la Mutualidad ha formulado tambi¨¦n por escrito otras alegaciones, como la presunta ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida y el car¨¢cter obligatorio que siempre han tenido las prestaciones de la Mutualidad.