La reforma judicial y la garant¨ªa de las libertades ceden el paso a la ley antiterrorista

La reforma de la justicia, uno de los objetivos considerados "urgentes" por el programa electoral socialista, queda pendiente al t¨¦rmino de? primer a?o de gobierno del PSOE. En cuanto al desarrollo y garant¨ªa de los derechos y libertades reconocidos en la Constituci¨®n, se ha avanzado en. la regulaci¨®n de los derechos del detenido y el preso -todav¨ªa a debate en el, Parlamento- y se ha aliviado la situaci¨®n en las c¨¢rceles, as¨ª como, se ha aprobado una nueva ley de Reuni¨®n. En la ¨²ltima etapa, la preocupaci¨®n por los derechos fundamentales, ha sido sustituida por la instrumentaci¨®n legal de la lucha antiterrorista.

La "prioridad legislativa" que, seg¨²n el PSOE, deber¨ªa haber otorgado el Gobierno a la ley org¨¢nica del Poder Judicial -"sin cuya aprobaci¨®n", puede leerse en el programa electoral, "se perpet¨²a la ca¨®tica interinidad de la crisis de la Administraci¨®n de justicia"-, no se ha traducido ni siquiera en la elaboraci¨®n del correspondiente proyecto de ley. Aunque muy avanzado a nivel ministerial, no es probable que sea remitido a las Cortes en 1983, a pesar de que, con ocasi¨®n de los cien d¨ªas del Gobierno, se prometi¨® para el pasado mes de mayo.La inexistencia de esta ley, esencial para la constituci¨®n, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, convierte en una labor de parcheo los esfuerzos del departamento por modernizar la Administraci¨®n de justicia. En 1983 se han puesto en funcionamiento 30 juzgados de primera instancia e instrucci¨®n y otros 26 de distrito; se han creado nuevas secciones y salas en 10 audiencias provinciales y territoriales; se ha unificado el Registro Civil; se han establecido dep¨®sitos judiciales de piezas de convicci¨®n -para la mejor conservaci¨®n de los objetos intervenidos en las causas criminales- en Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, as¨ª como se ha creado un Instituto Anat¨®mico Forense en Bilbao, otro en Pamplona y una cl¨ªnica m¨¦dico-forense en Palma de Mallorca, y se ha reestructurado el Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa.

El jurado, muy lejos

Mientras tanto, el mandato constitucional para la participaci¨®n de los ciudadanos en la Administraci¨®n de justicia a trav¨¦s del jurado, asumido por el programa del PSOE, parece muy lejos de ser cumplido, y ni siquiera existe por el momento la decisi¨®n de reinstaurar esta instituci¨®n en su versi¨®n tradicional, sino, seg¨²n todos los indicios, mediante la f¨®rmula, de dudosa constitucionalidad, del tribunal mixto de ciudadanos y escabinos, o expertos en Derecho. El PSOE tendr¨¢ que pronunciarse sobre la proposici¨®n de ley presentada por el PNV en julio de este a?o, y ser¨ªa pol¨ªticamente duro que bloqueara esta iniciativa.Otros procedimientos de participaci¨®n en la Administraci¨®n de justicia, como la elecci¨®n de los jueces de paz o la eliminaci¨®n de los obst¨¢culos que dificultan injustificadamente el ejercicio de la acci¨®n popular -tambi¨¦n previstos en el programa socialista- contin¨²an in¨¦ditos. El Gobierno remiti¨® al Parlamento el proyecto de ley org¨¢nica reguladora de la iniciativa legislativa popular, pendiente de debate en el Congreso.

Por otra parte, bajo el mandato socialista, el presupuesto de Justicia creci¨® para 1983 un 23,7% y para 1984 un 20,7%. El presupuesto de Justicia para 1984 supera los 85.542 millones de pesetas, de los que se dedicar¨¢n a la Administraci¨®n de justicia 41.628 millones; a instituciones penitenciarias, 24.109 millones, y para transferir a la Iglesia cat¨®lica, un total superior a los 11.000 millones de pesetas. Los presupuestos de Justicia permiten el incremento de 144 plazas de la carrera judicial en 1983 y 71 en 1984; 106 del secretariado en 1983 y 62 en 1984; 66 nuevas plazas en la carrera fiscal en 1984, y 336 plazas de personal auxiliar en 1983 y 698 en 1984, as¨ª como la puesta a punto del proyecto de informatizaci¨®n de la oficina judicial, la construcci¨®n de 6 nuevas prisiones, la continuaci¨®n de las 10 iniciadas en 1983 y la reparaci¨®n y remodelaci¨®n de buena parte de las prisiones existentes.

Pendiente el amparo judicial

En el cap¨ªtulo de desarrollo y protecci¨®n de los derechos fundamentales, contin¨²a pendiente la ley de Amparo Judicial, que debe regular el procedimiento preferente y sumario mediante el que los ciudadanos podr¨¢n acudir a los tribunales ordinarios para recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los art¨ªculos 14 a 29 de la Constituci¨®n. Dicha ley est¨¢ prevista en el art¨ªculo 53.2 de la carta magna, y su importancia concuerda con la especial atenci¨®n que el programa socialista dice prestar a un procedimiento jurisdiccional de tutela de las libertades, capaz "de reponer al titular en su leg¨ªtimo y pac¨ªfico ejercicio del modo m¨¢s eficaz posible", funci¨®n para la que resulta insuficiente la legislaci¨®n vigente.Por lo que se refiere a otras leyes, actualmente en discusi¨®n en el Parlamento -como la de habeas corpus, asistencia letrada al detenido, derecho de asilo, regulaci¨®n del derecho de rectificaci¨®n- o pendientes de serlo -como la de objeci¨®n de conciencia-, los iniciales planteamientos, m¨¢s progresistas, del Ministerio de Justicia han tenido que ceder ante las posiciones de los departamentos de Interior o Defensa, amparadas por el resto del Gobierno, sin que del tr¨¢mite parlamentario quepa esperar, en principio, una mejora sustancial.

En definitiva, el PSOE, que inici¨® su mandato con leyes favorecedoras del ejercicio de los derechos y libertades -ley de Reuni¨®n, modificaci¨®n de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisi¨®n provisional, reforma parcial del C¨®digo Penal-, concluye su primer a?o de gobierno m¨¢s preocupado por el incremento de medios legales para la lucha contra el terrorismo. El proyecto de ley remitido al Congreso limita el derecho a la libertad condicional a los terroristas arrepentidos, agrava las penas para los atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas, ampl¨ªa el concepto de autor de apolog¨ªa del terrorismo y permite la clausura judicial de oficio de los medios de comunicaci¨®n social.