La sentencia marca el inicio de la operaci¨®n de vuelta de las empresas al sector privado

Las ventas de empresas de Rumasa empezar¨¢n en bloque durante las pr¨®ximas semanas. Apenas conocida ayer la sentencia del Tribunal Constitucional, los administradores se disponen a convocar a la comisi¨®n reprivatizadora para que concrete condiciones y d¨¦ el visto bueno a los primeros contratos, as¨ª como a la oferta de devoluci¨®n de participaciones a los accionistas minoritarios que no quieran esperar al justiprecio. La aclaraci¨®n de la constitucionalidad era la se?al de partida esperada para devolver al sector privado los dos centenares y medio de empresas operativas que ten¨ªa el grupo. Entre las casi 300 intenciones de compra registradas, a partir de ahora se conocer¨¢ con exactitud qui¨¦nes iban con intenci¨®n de aventura, de noviazgo o de matrimonio. Tambi¨¦n ser¨¢ la oportunidad para iniciar la aproximaci¨®n a lo que costar¨¢ al Estado la soluci¨®n del caso.

Tres son las decisiones fundamentales que deber¨¢n ser concretadas y ejecutadas ahora, una vez estudiadas las repercusiones de la sentencia. En primer lugar, la venta directa de las participaciones que ten¨ªan en las empresas expropiadas los accionistas minoritarios, a quienes se ofrecer¨¢ la posibilidad de recuperar sus acciones. En segundo t¨¦rmino, la determinaci¨®n del futuro de la veintena de bancos del holding, que mantienen tan alta concentraci¨®n de riesgos en las empresas como la existente en el momento de la expropiaci¨®n. Por ¨²ltimo, la venta de las mayores empresas, que depender¨¢ de las decisiones anteriores. Entre tanto, desde la pr¨®xima semana volver¨¢n al sector privado las sociedades que ten¨ªan menor dependencia del grupo.La comisi¨®n reprivatizadora que deber¨¢ supervisar estas operaciones, nombrada el pasado verano, s¨®lo se hab¨ªa reunido en pleno varias veces, para ser informada de las intenciones de compra y fijar la estrategia general. Desde entonces, el peso de los contactos con los interesados en comprar lo ha llevado la oficina de promoci¨®n de ventas o directamente el director general de Patrimonio del Estado, Javier Moral.

Aumentan las p¨¦rdidas

El inicio de la reprivatizaci¨®n era esperado con urgencia desde el pasado verano por los administradores de Rumasa, despu¨¦s de dedicar sus primeros meses al conocimiento y control del grupo, as¨ª como a facilitar documentaci¨®n a los fiscales y a los tribunales sobre las acciones presuntamente delictivas de sus predecesores al frente del holding. Convencidos de que les hab¨ªa tocado administrar una quiebra, tem¨ªan que la permanencia de empresas en el grupo sirviera para deteriorar la situaci¨®n econ¨®mica de las mismas.

En efecto, aparte de la repercusi¨®n que pudieron tener en los primeros meses los hechos que rodearon la expropiaci¨®n en la actividad de las empresas, la inexistencia de dotaciones presupuestarias para capitalizar las sociedades que necesitaban m¨¢s recursos propios ha prolongado y quiz¨¢ acentuado su crisis. Los ¨²nicos recursos p¨²blicos utilizados hasta ahora han sido unos 170.000 millones de pesetas proporcionados por el Banco de Espa?a, en cr¨¦ditos al 8% y a largo plazo, a los bancos del grupo. Pero la mayor parte de este dinero ha ido a compensar las salidas de dep¨®sitos ocurridas en los primeros meses. Las empresas han mantenido o renovado sus cr¨¦ditos con dichos bancos, a tipos nominales del 18%, que suponen costes efectivos del 20%, siendo por lo general escaso su nuevo endeudamiento con otras entidades.

As¨ª, mientras las ventas de las empresas del grupo han crecido durante los 10 primeros meses de este a?o a un ritmo anual del 12% -el mismo que la inflaci¨®n-, las p¨¦rdidas lo han hecho al 17%. Pero los administradores han advertido que, si bien este a?o pueden llegar a 1,5 millones por cada uno de los 47.000 empleados, ello representa una desaceleraci¨®n respecto a ejercicios anteriores, en que aumentaban casi al 50%.

La explicaci¨®n es que proceden fundamentalmente de financiar las deudas de Rumasa, SA, cabecera del grupo y titular de participaciones en las empresas, donde se han acumulado las p¨¦rdidas de los ¨²ltimos a?os, una vez que se comieron los recursos propios del grupo. Los m¨¢s de 250.000 millones de pesetas de deuda de Rumasa, SA, contra¨ªda tambi¨¦n en su mayor parte con los bancos del grupo, suponen costes financieros mensuales superiores a los 5.000 millones de pesetas, que se convierten en p¨¦rdidas por la pr¨¢ctica ausencia de ingresos de Rumasa, SA, que era propiedad al ciento por ciento de Ruiz-Mateos y sus hermanos.

El coste de la expropiaci¨®n

Con la expropiaci¨®n, tanto la propiedad de Rumasa, SA, como las acciones de las empresas en poder de los accionistas minoritarios pasaron al Patrimonio del Estado. Y el desequilibrio patrimonial del holding, as¨ª como el de las empresas que est¨¢n en n¨²meros rojos, seguir¨¢ arrojando p¨¦rdidas mientras no sea cubierto con las correspondientes dotaciones de capital o con los ingresos que en algunos casos pueda aportar la reprivatizaci¨®n.

Por tanto, el coste de la expropiaci¨®n para el Estado no se conocer¨¢ hasta que termine el proceso de reprivatizaci¨®n. La primera aproximaci¨®n la proporcionaron las auditor¨ªas, al detectar un desequilibrio patrimonial del grupo consolidado -es decir, la diferencia entre el valor de sus bienes y el importe de sus deudas- del orden de 270.000 millones de pesetas.

A los 270.000 millones de pesetas, en los que se incluyen unos 20.000 millones de participaci¨®n de los accionistas minoritarios en las p¨¦rdidas, habr¨¢ que a?adir las indemnizaciones que correspondan por el justiprecio de la expropiaci¨®n a dichos accionistas, as¨ª como las p¨¦rdidas acumuladas por el grupo a partir del 23 de febrero (por el momento, unos 60.000 millones de pesetas). Igualmente, si el precio que estan dispuestos a pagar los compradores de empresas no llega a la valoraci¨®n contable de las mismas, la reprivatizaci¨®n incrementar¨¢ el coste de la expropiaci¨®n; si se supera el mismo -lo que puede ocurrir en alg¨²n caso, seg¨²n fuentes de los administradores-, disminuir¨¢ la factura que habr¨¢n de cubrir por una u otra v¨ªa los contribuyentes.

La inc¨®gnita de los bancos

Una de las mayores inc¨®gnitas existentes al respecto procede del futuro de la veintena de bancos del grupo. Todos eran miembros del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, formado a medias entre el Banco de Espa?a y la banca privada, aunque el peso real de la financiaci¨®n corresponde en su mayor parte al primero. La expropiaci¨®n libr¨® a la banca privada de poner su parte a trav¨¦s del fondo, y las ayudas han procedido en exclusiva del Banco de Espa?a directamente, si bien el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, declar¨® a este peri¨®dico que la banca deber¨¢ contribuir. Sea cual sea la f¨®rmula que se utilice, los accionistas bancarios que esperan indemnizaci¨®n o justiprecio son tantos o m¨¢s que el total de accionistas de la empre sa, por lo que el coste de las indemnizaciones se centrar¨¢ especialmente en los bancos.

Incluso los primeros esbozos de la parte inicial de la operaci¨®n reprivatizadora -ofrecer a los accionistas minoritarios la devoluci¨®n de sus participaciones- han excluido de la misma a los bancos, por entender que ello dificultar¨ªa las operaciones de saneamiento a trav¨¦s del fondo, al privar a ¨¦ste de la titularidad al ciento por ciento de las participaciones.

Para las varias decenas de accionistas del resto de las empresas -en total, Ruiz-Mateos dec¨ªa que sus empresas y bancos ten¨ªan, 100.000- , la oferta proyectada consiste en la enajenaci¨®n directa al mismo precio que en su momento resulte del procedimiento de justiprecio. El ¨²ltimo de los borradores de decreto por el que el Gobierno autorizar¨ªa tal operaci¨®n, redactado el pasado verano, qued¨® paralizado por aconsejar la Direcci¨®n General de lo Contencioso que se esperara a la sentencia.Las ventas m¨¢s f¨¢ciles y las m¨¢s dif¨ªcilesAl margen de estas enajenaciones directas de acciones y de la decisi¨®n sobre el futuro de los bancos, que condicionar¨¢n toda la estrategia de reprivatizaci¨®n, en el sentido de facilitarla o dificultarla, hay dos bloques de empresas que tendr¨¢n un tratamiento peculiar. En primer lugar, el medio centenar largo de empresas sumergidas o participadas indirectamente por las expropiadas -unas y otras se confunden- que no aparecieron en la lista del decreto-ley de expropiaci¨®n, por considerar el Gobierno que los administradores ya dispon¨ªan o iban a hacerse con su control, al disponer de los canales de financiaci¨®n, como as¨ª ha ocurrido.

En segundo plazo aparecen las empresas donde hay serias dificultades para su reprivatizaci¨®n, por carecer los administroidores de todo el control, no contar con compradores interesados, u otros motivos. Entre las primeras figuran las empresas situadas en el extranjero, donde se ha conseguido el dominio en contadas excepciones, y las que eran propiedad directamente de Ruiz-Mateos y no aparecieron en la lista de la expropiaci¨®n.Tambi¨¦n permanecen en similar situaci¨®n, por estar en litigio las marcas de las que viven -Dry Sack y Duque de Alba, respectivamente-, las compa?¨ªas Williams & Humbert y Zoilo Ruiz-Mateos.