Los ex guardias civiles condenados por el 'caso Almeria' contin¨²an aun en prisiones militares

El acusador particular del llamado caso Almer¨ªa, Dar¨ªo Fern¨¢ndez, ha presentado ante la Audiencia almeriense un escrito de protesta por el incumplimiento de la sentencia que conden¨® a tres miembros de la Guardia Civil a diversas penas de prisi¨®n, como responsables de tres delitos de homicidio. Los condenados contin¨²an internados en establecimientos militares, pese a haber sido separados del servicio y haber perdido, en el caso de los oficiales, su condici¨®n castrense, y las familias de las v¨ªctimas no han recibido a¨²n las indemnizaciones fijadas por los tribunales.

Los hechos se desarrollaron en Almer¨ªa entre el 9 y el 10 de mayo de 1981 y en ellos resultaron muertos los j¨®venes Luis Manuel Cobo Mier, Luis Montero Garc¨ªa y Juan Ma?as Morales cuando eran trasladados a Madrid por una patrulla de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Castillo Quero, despu¨¦s de que se les detuviera por creerles terroristas de ETA.Despu¨¦s de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Almer¨ªa, la Sala Segunda del Tribunal Supremo fall¨® a mediados de junio el correspondiente recurso, condenando al teniente coronel Carlos Castillo Quero a 24 a?os de c¨¢rcel, y a los otros dos guardias civiles, el teniente ayudante Manuel G¨®mez Torres y el guardia Manuel Fern¨¢ndez Llamas, a 15 y 12 a?os, respectivamente. Al no haberse aceptado a tr¨¢mite el recurso ante el Tribunal Constitucional, la sentencia se convirti¨® en definitiva y de obligado cumplimiento autom¨¢tico. La sentencia implicaba la separaci¨®n del servicio y, en el caso de los dos oficiales, la baja definitiva en el Ej¨¦rcito.

No obstante, el hecho real es que los tres procesados y condenados siguen cumpliendo sus condenas en un establecimiento militar, concretamente, en el castillo de Santa Catalina, en C¨¢diz.

Seg¨²n Dar¨ªo Fem¨¢ndez, tal situaci¨®n supone para ellos un privilegio "inadmisible e inaceptable estando como estamos gobernados por una Administraci¨®n socialista", ya que disponen de unas condiciones de reclusi¨®n mucho menos estrictas que los presos comunes encarcelados en prisiones ordinarias y no est¨¢n sometidos a los reglamentos carcelarios.

Con anterioridad a la ¨²ltima sentencia, el teniente coronel Castillo Quero hab¨ªa estado recluido en la residencia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de C¨®rdoba.

Sin indemnizar

El incumplimiento de la sentencia afecta tambien a otro aspecto importante de la misma: el pago de cuatro millones de pesetas a cada una de las familias de los tres j¨®venes que resultaron muertos cuando eran trasladados por fuerzas de la Guardia Civil dirigidas por Castillo Quero.Hasta ahora, seis meses despu¨¦s de la sentencia, los familiares no han recibido estas indemnizaciones fijadas por el Tribunal Supremo en ¨²ltima instancia. Es de destacar que los procesados fueron avalados, desde el punto de vista financiero, por el Ministerio del Interior, al que corresponder¨ªa, en consecuencia, hacer frente a estos pagos. Dar¨ªo Fern¨¢ndez eKplic¨® ayer a este diario que la ley de Enjuiciamiento Criminal es clara a este respecto y ordena el cumplimiento de la sentencia, precisando que la continuaci¨®n de la actual situaci¨®n resulta sangrante y crea inseguridad jur¨ªdica en los ciudadanos.

Este es el motivo por el que ha sido presentado el escrito de denuncia en la Audiencia Provincial de Almer¨ªa por parte del letrado de la acusaci¨®n privada en el caso, para quien el Ministerio del Interior est¨¢ mostrando en este asunto una pasividad impropia de un Estado de derecho.