Denuncian el estado deplorable del patrimonio documental andaluz

El patrimonio documenta, luz, en todos sus aspectos y ¨¦pocas, se encuentra actualmente en unas condiciones deplorables, consecuencia de los siglos de abandono e incuria, seg¨²n reconoci¨® el consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Rafael Rom¨¢n, al defender ante el pleno del Parlamento regional el proyecto de ley de Archivos de esta comunidad. El texto fue aprobado con s¨®lo dos enmiendas de car¨¢cter t¨¦cn¨ªco o aclaratorio.

Para Rom¨¢n, el expolio sufrido por los archivos andaluces ha sido y es el resultado no s¨®lo de la despreocupaci¨®n de particulares e instituciones por una pol¨ªtica de archivos adecuada, sino de la falta de legislaci¨®n capaz de castigar las ventas fraudulentas y los expolios indiscriminado s. De esta manera, se han producido p¨¦rdidas que siempre en este caso tienen car¨¢cter de irreparables, ya que los archivos, a diferencia de las bIbliotecas, contienen, por lo general, piezas ¨²nicas.

Si bien la realidad de los, archivos es en todos sitios producto natural de la actividad del hombre y de las instituciones, y no resultado de una iniciativa cultural concreta, como es el caso de las bibliotecas, en Andaluc¨ªa el patrimonio documental es inmenso, extraordinario, en cualquiera de los campos archiv¨ªsticos.

Por ejemplo, entre los archivos del Estado, la comunidad aut¨¢noina andaluza, y concretamente Sevilla, cuenta con el Archivo de Indias, el ¨²nico del mundo que tiene ¨¢mbito continental, junto al del Estado vaticano.

En el cap¨ªtulo de los archivos nobiliarios, Andaluc¨ªa tiene tres de los m¨¢s importantes de Espa?a: el de los duques de Medina Sidonia, en Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz); el de la casa ducal de Medinaceli, en Sevilla, y el del duque de Fr¨ªas, en Almod¨®var del R¨ªo (C¨®rdoba).

La ley de Archivos de Andaluc¨ªa pretende actuar como muro de contenci¨®n, a fin de que no siga deterior¨¢ndose el patrimonio documental de esta regi¨®n, protegido escasamente y sin sujeci¨®n a ninguna clase de normas en el caso de los particulares. La ley presenta exigencias y condiciones a todas las instituciones, p¨²blicas o privadas, que generen documentos, lo que llev¨® a Alianza Popularl a dudar de la constitucionalidad del texto.