Asesinatos en Madrid

EL ASESINATO en Madrid de Jos¨¦ ?ngel Requena Duarte y Marcelino Clemente Vaquero, miembros de la Polic¨ªa Nacional, abre 1984 con un acto de barbarie terrorista que ha llevado el luto y el dolor a dos familias espa?olas y que ha castigado a las fuerzas de orden p¨²blico con una nueva agresi¨®n. El crimen perpetrado en el Camino Viejo de Legan¨¦s pone de relieve la insensibilidad de los componentes de las bandas armadas y su inaudita doblez para exigir del Estado de derecho la garant¨ªa de unos derechos humanos que ellos ignoran, desprecian y conculcan al arrebatar la vida a sus v¨ªctimas. Y sin embargo, los principios sobre los que descansa la convivencia de los pueblos civilizados obligan -jur¨ªdica, moral y pol¨ªticamente- a que la acci¨®n del Gobierno, de los tribunales y de la sociedad para detener, juzgar y condenar a esos asesinos liberticidas no traspase las fronteras que las leyes delimitan y no se coloree con la emoci¨®n de la venganza.Sabemos que estos enunciados no resultan siempre f¨¢ciles de asumir cuando se derrama sangre inocente y cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad son elegidos como blancos preferentes -aunque no ¨²nicos- de la furia asesina. Los poderosos resortes de un Estado moderno, que permiten realizar en los hechos acciones te¨®ricamente vedadas por las normas a sus titulares, ofrecen la tentaci¨®n de una utilizaci¨®n irrestricta de sus posibilidades. Pero, contra lo que algunos suponen, la ¨¦tica y la pol¨ªtica no entran en colisi¨®n a la hora de afirmar que los l¨ªmites al poder establecidos por la Constituci¨®n, en especial el amparo de los derechos, libertades y garant¨ªas de todos los ciudadanos (sustancialmente recortados, pero no suprimidos, para los peores delincuentes), fortalecen a la larga la autoridad del Estado y fundamentan el orden p¨²blico sobre bases indestructibles que ni las bandas terroristas ni las provocaciones pueden llegar a socavar.

No existe todav¨ªa -en el momento de escribir este comentario- plena certeza sobre la autor¨ªa de este crimen salvaje y absurdo. La sola hip¨®tesis de que los tristemente c¨¦lebres Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) sean la organizaci¨®n responsable de los asesinatos siembra el desconcierto y da p¨¢bulo a la desmoralizaci¨®n. Algo hay que funciona mal, o que simplemente no funciona, en nuestros servicios de informaci¨®n, instrumento b¨¢sico para un Estado desafiado desde hace varios a?os por diferentes bandas terroristas. En nuestra historia reciente hay algunos ejemplos nada aleccionadores sobre la forma de trabajar de algunos centros de inteligencia, que confunden la autonom¨ªa funcional con la soberan¨ªa institucional. Desgraciadamente, los datos disponibles hacen temer que el, a?o transcurrido desde la llegada al poder del Gobierno socialista no ha sido utilizado para colmar las enormes lagunas existentes en esta delicada zona del aparato estatal. La buena voluntad no basta para llevar a cabo la urgente tarea de coordinar y controlar unos servicios de informaci¨®n posiblemente demasiado numerosos, tal vez enfrentados entre S¨ª en absurdas guerras tribales y quiz¨¢ dedicados a labores por completo ajenas a la defensa de la seguridad del Estado. Nadie puede impedir la acci¨®n de un asesino aislado que elige a su v¨ªctima arbitrariamente y dispara en solitario su arma de fuego. Pero el terrorismo es una variante del crimen organizado que requiere una costosa infraestructura, que maneja abundantes recursos y que adquiere su arsenal mort¨ªfero en el mercado negro internacional. Las actuaciones preventivas contra esas bandas son posibles y operativas. Por esa raz¨®n, s¨®lo cuando la eficacia del aparato policial, cuyo muelle real son los servicios de informaci¨®n, desmantele preventivamente esas redes podr¨¢ el terrorismo convertirse simplemente en un mal recuerdo para los espa?oles. Y ese objetivo necesita una acci¨®n firme y decidida del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defens¨¢ y del Gobierno entero.

En su programa electoral, el PSOE denunciaba que "la infrautilizaci¨®n de la polic¨ªa, la dispersi¨®n de sus medios y la desorganizaci¨®n explican el escaso rendimiento que se obtiene en relaci¨®n con el costo de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un polic¨ªa por 240 habitantes), y obligan a las personas, a multiplicar los esfuerzos". Los socialistas promet¨ªan que su Gobierno abordar¨ªa "con rigor la racionalizaci¨®n de las estructuras policiales, subordinando los intereses de los cuerpos de seguridad al inter¨¦s general de la sociedad, que reclama mayor eficacia policial con menor riesgo para las libertades individuales y colectivas". Seg¨²n el programa del PSOE, la reforma de la administraci¨®n policial se orientar¨ªa hacia la necesaria especializaci¨®n de las diferentes polic¨ªas" y su "adecuada coordinaci¨®n" a trav¨¦s del Ministerio del Interior. Mientras el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior marchar¨ªa en paralelo con el estudio de su reforma "en funci¨®n de las realidades sociales", y en tanto que se confiar¨ªa a los polic¨ªas de uniforme "la prevenci¨®n del delito y la presencia en la calle", los polic¨ªas de paisano se ocupar¨ªan "fundamentalmente de la investigaci6n del delito" y asumir¨ªan funciones "referentes al crimen organizado y el terrorismo". No parece que las cosas hayan caminado por esas v¨ªas durante los ¨²ltimos 12 meses, salpicados de roces y conflictos a los que no han sido ajenas las tensiones internas dentro del Ministerio del Interior. Pero todav¨ªa estamos a tiempo de que un replanteamiento de la administraci¨®n policial seg¨²n el diagn¨®stico formulado hace un a?o por el programa del PSOE permita al Estado mejorar sustancialmente los rendimientos de los servicios de informaci¨®n, a trav¨¦s de su control, racionalizaci¨®n y coordinaci¨®n, y disponer de ese indispensable instrumento para combatir eficazmente a las bandas armadas.