Una historia de optimismo electoral

La historia de la ley de saneamiento de las haciendas locales est¨¢ ¨ªntimamente ligada al acceso del PSOE al Gobierno tras las elecciones de octubre de 1982. Despu¨¦s de apoyar durante a?os anteriores ante el poder central las reivindicaciones financieras de los grandes y medianos ayuntamientos, derivadas sobre todo de los problemas del transporte y del agotamiento de la capacidad recaudatoria de algunos impuestos locales, los socialistas presentaron un panorama excesivamente optimista, a juzgar por lo ocurrido desde entonces.B¨¢sicamente, quer¨ªan hacer realidad el mandato constitucional de dotar de autonom¨ªa financiera a los organismos locales. Para ello, prometieron amortizar los d¨¦ficit pendientes -m¨¢s de 100.000 millones de pesetas-, elevar hasta el 12% la participaci¨®n de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, y dotarles de un engranaje fiscal que complementara el saneamiento. Se trataba, en s¨ªntesis, de situar la actividad y autonom¨ªa locales a niveles europeos, de tender a una especie de Estado de los ayuntamientos.

Retrocesos

Al llegar al Gobierno, con la perspectiva de unas elecciones municipales en mayo del a?o siguiente, los socialistas elevaron del 6,5% al 8% la participaci¨®n de los municipios en los impuestos no cedibles del Estado, que luego han bajado al 7,23% para 1984 (unos 234.000 millones de pesetas). Tambi¨¦n anunciaron que en los primeros meses de 1983 se aprobar¨ªa en las Cortes una ley de saneamiento de las, haciendas municipales, para que el Estado enjugara todos los d¨¦ficit acumulados en los a?os 1980, 1981 y 1982, y una serie de mecanismos de financiaci¨®n de los d¨¦ficit posteriores basados en la posibilidad opcional de aplicar recargos en el impuesto sobre la renta.Se trataba de una norma puente hasta la definitiva aprobaci¨®n de un tercer n¨²cleo de medidas: la ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales, que el Gobierno ha prometido remitir a las Cortes esta pr¨®xima primavera.

El d¨ªa 15 de febrero, el ministro de Administraci¨®n Territorial, Tom¨¢s de la Quadra, anunci¨® en una comparecencia en el Senado que el Estado estaba dispuesto a asumir la totalidad de los d¨¦ficit acumulados por los ayuntamientos desde 1979 hasta diciembre de 1982, lo que supon¨ªa, seg¨²n manifest¨® a este peri¨®dico, alrededor de 100.000 millones de pesetas. R¨¢pidamente, el Ministerio de Hacienda se preocup¨® de rebajar esa cifra y, por su parte, la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios, de aumentarla hasta 120.000 millones.

Sin embargo, en septiembre se supo que el Gobierno ¨²nicamente iba a destinar a este asunto en 1984 una partida presupuestaria de 35.000 millones de pesetas. La conmoci¨®n y el malestar que la noticia produjo fueron r¨¢pidamente contrarrestados; el Gabinete se comprometi¨® con los ayuntamientos a cubrir en los Presupuestos de a?os sucesivos la totalidad de los d¨¦ficit hasta finales de 1982, al tiempo que el Grupo Socialista del Congreso enmend¨® el proyecto de ley de saneamiento, duramente contestado por la oposici¨®n, para incluir la posibilidad de recargos en la contribuci¨®n territorial urbana y en la r¨²stica y pecuaria.