Los recargos fiscales municipales afectar¨¢n este a?o a cinco millones de personas, que pagar¨¢n 10.000 millones de pesetas

El pr¨®ximo lunes se cumplir¨¢ un mes desde que los ayuntamientos espa?oles -unos 8.000- quedaron autorizados a imponer recargos fiscales, que afectar¨¢n, por las decisiones adoptadas ya, a m¨¢s de cinco millones de habitantes de un centenar de municipios. La gran mayor¨ªa se concentran en 27 n¨²cleos medianos -entre 700.000 y 50.000 habitantes-, que subir¨¢n al menos el impuesto sobre la renta. Pero esto apenas costar¨¢ a los afectados durante 1984 unos 10.000 millones de pesetas, pagaderos con la pr¨®xima declaraci¨®n de renta. Las grandes ciudades, en especial Madrid y Barcelona, v¨ªctimas de buena parte de los 100.000 millones de pesetas largos de d¨¦ficit arrastrados desde 1979 a 1982, conf¨ªan m¨¢s en su capacidad de presi¨®n pol¨ªtica y no aplicar¨¢n todav¨ªa los recargos; pedir¨¢n ayudas al Estado.

La ley de saneamiento financiero que autoriz¨® los recargos y arbitr¨® un mecanismo para las subvenciones y cr¨¦ditos destinados a cubrir dichos d¨¦ficit no pone l¨ªmite a la posibilidad de que los ayuntamientos aumenten la cuota l¨ªquida del impuesto sobre la renta (resultado de aplicar a los ingresos anuales del contribuyente la tarifa del impuesto y de descontar todas las deducciones, salvo las retenciones sobre el trabajo o el capital). En la pr¨¢ctica, los que han aprobado aumentos cargar¨¢n a cada vecino una media de 1.200 pesetas, lo que supondr¨¢ poco m¨¢s de 6.000 pesetas por declarante.Pero ocurre que, de momento, han descartado los recargos ciudades tales como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Oviedo, en las que se concentra casi la mitad de la poblaci¨®n declarante, pr¨®xima a siete millones de unidades familiares. Los ayuntamientos medianos que los utilizar¨¢n en 1984 (por la renta de 1983), relacionados en el cuadro adjunto, re¨²nen 5,2 millones de vecinos y s¨®lo un mill¨®n de declarantes, la s¨¦ptima parte del total. Otra treintena de municipios del mismo tama?o los han rechazado.

Se da la circunstancia de que, excepto Bilbao, Zaragoza y Oviedo, son dichas grandes ciudades las que absorben cerca de dos terceras parte de los d¨¦ficit acumulados de 1979 a 1982, originados principalmente por los transportes p¨²blicos, cuya diferencia entre ingresos y gastos tambi¨¦n acucia, pero en menor medida, a, Sevilla, Las Palmas, Santander y otras poblaciones medias que s¨ª han aprobado recargos. En opini¨®n de los expertos consultados, esto quiere decir que las grandes ciudades conf¨ªan m¨¢s en su capacidad de presi¨®n pol¨ªtica para solucionar sus problemas financieros. Y no quieren soportar el coste psicol¨®gico y pol¨ªtico que todo aumento de presi¨®n fiscal comporta.

De hecho, Madrid y Barcelona se han mostrado dispuestas, sin embargo, a acogerse a la otra parte de la norma: la posibilidad de subvenciones y cr¨¦ditos para amortizar los d¨¦ficit acumulados desde 1979 (a?o desde el que no se liquidan), pese a que califican de draconianas las contrapartidas exigidas. El d¨¦ficit de la capital de Espa?a hasta 1982 asciende a 18.000 millones, y el de la Ciudad Condal, a casi 23.000.

Aunque la ley fijaba un plazo de tres meses para formalizar las peticiones de subvenciones y cr¨¦ditos, oficialmente Hacienda, que carece todav¨ªa de datos pormenorizados sobre el impacto de la medida, ha recibido s¨®lo cuatro peticiones, seg¨²n fuentes oficiales. Por el contrario, en medios informados se indica que un centenar de ayuntamientos han aprobado o decidido aplicar los recargos, con o sin petici¨®n de saneamiento financiero. La mayor¨ªa son peque?os -menos de 50.000 - habitantes, porque un sondeo de la Federaci¨®n de Municipios, efectuado entre las 69 mayores ciudades, indica que s¨®lo 27 incrementar¨¢n el impuesto sobre la renta.

Eco dispar

De entre estos ayuntamientos, por el volumen de su poblaci¨®n o el porcentaje de recargos previsto, ¨²nicamente tendr¨¢n cierta repercusi¨®n recaudatoria las decisiones de los de Sevilla, con 1.200 millones de pesetas de ingresos previsibles; Santander, con 800 millones de pesetas; Las Palmas, con 600 millones; Valladolid, con 400 millones de recaudaci¨®n, y Santa Cruz de Terife, con 380 millones de pesetas esperados.

En conjunto, estas cinco ciudades, tres de las cuales -Sevillla, Las Palmas y Santander- tienen d¨¦ficit estructural en los transportes, re¨²nen m¨¢s de la mitad de la recaudaci¨®n prevista- en la subida del impuesto sobre la renta. En teor¨ªa, hay m¨¢s de 700.000 millones de pesetas de recargos a disposici¨®n de los ayuntamientos para solucionar sus problemas (la cuota ¨ªntegra del impuesto, menos el medio bill¨®n de pesetas de deducciones aplicadas en toda Espa?a sobre la misma); pero la realidad es que, salvo en casos de problemas acuciantes y desesperanza pol¨ªtica, las corporaciones endeudadas prefieren recurrir al Estado.

Entre el centenar de ayuntamientos dispuestos a gravar la cuota de renta, hay una gran diversidad de comportamientos. Es de notar que si la oposici¨®n conservadora critic¨® en el parlamento la v¨ªa que se abr¨ªa al posible despilfarro, se ha dado el caso de que uno de los ayuntamientos que m¨¢s han cargado -Santander- est¨¢ gobernado por dicho signo pol¨ªtico. Por lo dem¨¢s, las subidas aprobadas van desde el 0,5% de la cuota en Alicante hasta el 40% aplicado por un municipio peque?o.

Asimismo, unos han subido renta y no las contribuciones, y otros, alguna o los dos tipos de ¨¦stas y no la renta. En las ciudades medianas, como es l¨®gico, han utilizado la urbana; es el caso de Madrid, con un 23,5% de gravamen en la urbana; Palma de Mallorca, con un 2,5%; Tarrasa, con un l6%; Alcal¨¢ de Henares, con un 5%, y Pontevedra, con un 5%. En los pueblos peque?os y agr¨ªcola, la r¨²stica.

La ley apareci¨® el 22 de diciembre de 1983 en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, tras su aprobaci¨®n en las Cortes con el voto negativo del Grupo Popular. El compromiso del Gobierno de enjugar los d¨¦ficit acumulados hasta 1982 se extiende tanto a los presupuestos de las entidades locales como, a los organismos y empresas locales con personalidad jur¨ªdica propia que dependan exclusivamente de aqu¨¦llas.

S¨®lo cuando reclamen subvenciones o ayudas, la ley se?ala que, una vez efectuados dichos tr¨¢mites, t¨¦cnicos de Hacienda practicar¨¢n una auditor¨ªa sobre la situaci¨®n econ¨®mico-financiera a 31 de diciembre de 1982 "y cifrar¨¢n el d¨¦ficit real que presente".