700 vecinos impiden que se ejecute el desahucio del ocupante de un piso propiedad de Darsa

Funcionarios del Juzgado n¨²mero 26 desistieron ayer de hacer ejecutiva una orden de desahucio contra la familia de Luis Mart¨ªnez Alameda, ocupante de uno de los pisos que la inmobiliaria Darsa tiene en la calle de Fernando Poo, 46, debido a la presencia de unos 700 vecinos que impidieron el acceso al inmueble, y ante la total ausencia de polic¨ªa en la zona. La citada familia estaba obligada a abandonar la citada vivienda, propiedad de Darsa, en virtud de la sentencia judicial favorable a la inmobiliaria.

Luis Mart¨ªnez Alameda viv¨ªa en la vivienda desde que hace 17 a?os se la concedieron a su padre, empleado de Montesa. Cuando se cas¨®, continu¨® en la vivienda y se qued¨® en la misma al fallecer su padre. Darsa, en base a la legislaci¨®n sobre Viviendas de Protecci¨®n Oficial, le dio seis meses para abandonar el piso. Pasado ese plazo, la citada inmobiliaria Darsa inici¨® las acciones judiciales para conseguir el desahucio.Seg¨²n la direcci¨®n de Darsa en 1980 el proceso judicial fue paralizado ante la promesa de la familia de que iba a conseguir una vivienda municipal. En abril de 1981, las acciones volvieron a iniciarse, al no haber habido ninguna variaci¨®n, y en mayo de 1982 la inmobiliaria gan¨® el juicio en el Juzgado de Distrito n¨²mero 26. Apelada la sentencia por el afectado, Darsa volvi¨® a ganar en el mes de noviembre del mismo a?o ante el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 19.

El 31 de mayo del a?o pasado, fecha en la que estaba previsto el desahucio, una carta del alcalde, Enrique Tierno, solicitaba al director de Darsa la suspensi¨®n del desahucio, pues "me complace comunicarle", precisa, "que, por parte de la Empresa Municipal de la vivienda, se est¨¢ estudiando la f¨®rmula que permita dar soluci¨®n al problema planteado a dicha familia". Dicha f¨®rmula, que iba a consistir en la compra del piso por parte de la citada empresa municipal para su posterior venta al ocupante, qued¨® unicamente a falta de que el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) diera la autorizaci¨®n necesaria. Al no concederla, las conversaciones quedaron rotas y el proceso de desahucio sigui¨® su curso.

Fuentes cercanas a la empresa han comentado que el inter¨¦s municipal por esta familia estaba basado en que Rosario Serrano Jim¨¦nez, mujer de Luis Mart¨ªnez, hab¨ªa trabajado como empleada de hogar en casa de Enrique Tierno. Este hecho ha sido negado a este peri¨®dico por la propia esposa del alcalde.