Un acuerdo necesario

NO ES f¨¢cil que la opini¨®n p¨²blica espa?ola llegue a entender o pueda admitir la ruptura de las conversaciones entre la organizaci¨®n empresarial y las centrales sindicales para fijar el marco general de las negociaciones colectivas en 1984. El fracaso resulta tanto menos comprensible cuanto que las posiciones iniciales de unos y otros estaban m¨¢s pr¨®ximas este a?o que en ejercicios pasados. Una ruptura que puede producir tantos da?os y que esgrime en su favor tan escasos fundamentos parece m¨¢s fruto de la irresponsabilidad social y de la defensa de intereses corporativos que de posiciones coherentes y razonables.Cuando la econom¨ªa espa?ola se debate en una grave crisis, y cuando el angustioso problema del desempleo es universalmente considerado -por el Gobierno y la oposici¨®n, la derecha y la izquierda, los patronos y los sindicatos- como la preocupaci¨®n central de nuestra convivencia, resulta desconcertante que los agentes sociales con capacidad para mantener, primero, y aumentar, despu¨¦s, los niveles de ocupaci¨®n se aferren a posiciones r¨ªgidas y hagan imposible el acuerdo sobre la fijaci¨®n de la horquilla de salarios y de las cl¨¢usulas de su revisi¨®n. Todo sucede como si las exhortaciones en favor de la solidaridad nacional, del clima de entendimiento laboral y de la lucha contra el desempleo fueran s¨®lo parte de una liturgia por completo ajena a la b¨²squeda de f¨®rmulas realmente operativas para conseguir el relanzamiento de la econom¨ªa, el incremento de las inversiones y la conquista de mercados exteriores, condiciones indispensables para lograr la detenci¨®n del desempleo y la creaci¨®n de puestos de trabajo.

A lo largo de los ¨²ltimos cinco a?os, los acuerdos de referencia para la negociaci¨®n colectiva se hab¨ªan incorporado al activo de las relaciones laborales, hasta el punto de que Espa?a parec¨ªa m¨¢s pr¨®xima a los modelos del norte de Europa que a los esquemas de conflictividad mediterr¨¢nea. De los 16 millones de jornadas perdidas en 1979 se pas¨® a los 6 millones de 1980 y a los 2,7 millones de 1982 gracias a la actitud responsable de empresarios y trabajadores, que supieron negociar el marco general orientador para los convenios sectoriales. Un pacto global facilita la negociaci¨®n en cascada de, los convenios sectoriales al suministrar criterios seguros para las discusiones y disminuir la conflictividad potencial de las discrepancias. Sin ese acuerdo-marco, la renovaci¨®n de los 3.600 convenios parciales pendientes en el sector privado carecer¨ªa de puntos de referencia o tendr¨ªa que guiarse por las directrices impuestaspor el Gobierno a la Administraci¨®n p¨²blica y las empresas estatales.

Parad¨®jicamente, resulta imposible establecer de antemano cu¨¢l de las partes -empresarios o trabajadores- podr¨ªa salir beneficiada de esos conflictos desperdigados geogr¨¢fica y sectorialmente. Cabe pensar incluso que unos y otros,y con ellos todos los espa?oles, quedar¨ªan perjudicados por esa falta de entendimiento. Nadie debe olvidar, por lo dem¨¢s, que para los inversionistas extranjeros el grado de cohffictividad de las relaciones laborales es una variable de p¨ªrimera importancia a la hora de adoptar decisiones. De no llegarse a un acuerdo global, los sindicatos, por lo pronto, crear¨ªan las condiciones para que su pol¨ªtica de redistribuci¨®n igualitaria de los salarios entrase en abierta quiebra, ya que la horquilla de las remuneraciones podr¨ªa abrirse espectacularmente en provecho de los sectores que pueden pagar salarios m¨¢s elevados y en detrimento de los sectores en crisis. Los notables progresos de implantaci¨®n social conseguidos,por UGT en los ¨²ltimos a?os se debieron, en buena medida, a su capacidad para conseguir acuerdos razonables, de los que salieron beneficiados precisamente los trabajadores con escasas armas en sus manos para forzar alzas salariales en sus empresas. Una conflictividad extrema tan s¨®lo repercutir¨ªa en favor de los trabajadores de elite que estuviesen en cond¨ªciones de conseguir, en detrimento de los restantes asalariados y en provecho de sus propios intereses, remuneraciones m¨¢s elevadas. La desactivaci ¨®n de las tensiones inherentes a las negociaciones puede favorecer a los asalariados tanto o m¨¢s que a sus patronos, toda vez que las jornadas no trabajadas -y no devengadas- en una huelga pueden devorar f¨¢cilmente el medio punto o el punto entero de porcentaje ¨¢speramente discutido previamente en un convenio.

Tampoco resulta f¨¢cil entender la posici¨®n de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se ha retirado de las negociaciones con el argumento de que no ve posibilidad alguna de salida satisfactoria. La suposici¨®n de que el endurecimiento de las posiciones de los empresarios en una situaci¨®n de desempleo generalizado puede ser rentable para ¨¢us intereses no s¨®lo contradice las declaraciones de los directivos de la CEOE -que han llegado a afirmar que sus ofertas hubieran sido m¨¢s generosas sin la intervenci¨®n del Gobierno-, sino que constituye una hip¨®tesis doctrinaria no avalada por la experiencia. En una sociedad como la espa?ola, tan poco acostumbrada al toma y daca de las negociaciones, el resultado final de la presi¨®n sobre los salarios de una conflictividad generalizad a es imprevisible.

La CEOE pide garant¨ªas al Gobierno sobre la pol¨ªtica econ¨®mica de los pf¨®ximos meses, en el temor de que la financiaci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico -mayor si aumentan m¨¢s los salarios, y con ellos la inflac¨ª¨®n- reduzca el margen para los incrementos de cr¨¦dito al sector privado. Sin embargo, las declaraciones de una autoridad monetaria tan representativa como el gobernador del Banco de Espa?a, que ha estimado en un 8% ese aumento, debilitan esos recelos. La posibilidad de que el endurecimiento de la organizaci¨®n empresarial refleje un deslizamiento desde posicionesestrictamente econ¨®micas a actitudes pol¨ªticas, a fin de echar un pulso al Gobierno, no carece de fundamento.