Fracaso de una pol¨ªtica

LA REUNI?N celebrada el lunes bajo la presidencia de los ministros Barrionuevo y Ledesma, ofreci¨® rasgos dudosamente acordes con las promesas de modernizaci¨®n del aparato del Estado por los socialistas. El encuentro de altos cargos de los departamentos del Interior y de Justicia con los fiscales y los gobernadores a fin de discutir problemas de la seguridad ciudadana, tuvo un aire de revival. No parece que el estilo de los reg¨ªmenes autoritarios pueda ser asumido, sin deterioro para los contenidos, por un sistema constitucional. Corresponde al Consejo de Ministros, y no a una comisi¨®n delegada debatir y adoptar resoluciones sobre la prevenci¨®n de los delitos por los polic¨ªas, su persecuci¨®n por los fiscales, su castigo por los jueces y su regulaci¨®n legal por las Cortes.Se dir¨ªa que esa extra?a minicumbre tuviera el prop¨®sito de mostrar la unidad inquebrantable del Gabinete y el de exportar hacia los ministros del Interior y de Justicia las cr¨ªticas de la opini¨®n p¨²blica por la inseguridad ciudadana, que afectan al Gobierno en su totalidad. Pero las cuestiones de forma importan menos en esta ocasi¨®n que el contenido de los acuerdos. Las medidas equivalen a la renuncia por el Gobierno socialista de gran parte de sus planteamientos en materia de reforma de la Justicia y de seguridad ciudadana.

El programa electoral del PSOE afirmaba que "los factores generadores de inseguridad ciudadana no se circunscriben s¨®lo a la delincuencia, sino que abarcan desde una mala concepci¨®n urban¨ªstica hasta un insuficiente control de la calidad de la vida, pasando por el desempleo, el deterioro econ¨®mico y el consumismo sin l¨ªmites, con necesidades artificiosamente creadas por intereses econ¨®micos". 16 meses despu¨¦s, el Gobierno reduce los problemas de la seguridad ciudadana a la persecuci¨®n de los infractores del C¨®digo Penal, tal vez en espera de que el ministro Barrionuevo descubra las teor¨ªas de Lombroso y proclame la existencia del criminal nato. El programa del PSOE afirmaba que "la drogadicci¨®n se entender¨¢ esencialmente como un problema de salud p¨²blica" y que "el Estado, a trav¨¦s de sus instrumentos de pol¨ªtica sanitaria, dispondr¨¢ de los medios necesarios para la desintoxicaci¨®n y reinserci¨®n social del toxic¨®mano". Ahora, el Ministerio de Sanidad equipara las drogas duras y las blandas y el del Interior suspira por detener -tal vez incluso dentro del palacio de la Moncloa- a cualquier consumidor de cualquier tipo de droga bajo la presunci¨®n de que la tenencia implica tr¨¢fico, en clara contradicci¨®n con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El programa del PSOE afirmaba que la infrautilizaci¨®n de la polic¨ªa, la dispersi¨®n de sus medios y la desorganizaci¨®n" eran el factor explicativo del "escaso rendimiento que se obtiene en relaci¨®n con el coste de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un polic¨ªa por cada 240 habitantes)". Las "reformas necesarias" de la seguridad del Estado y "la racionalizaci¨®n de las estructuras policiales, subordinando los intereses de los cuerpos de seguridad al inter¨¦s general de la sociedad", eran la soluci¨®n anunciada. Con la gesti¨®n de Barrionuevo, que ha degenerado en un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad, la f¨®rmula propuesta por Interior es incrementar todav¨ªa m¨¢s esa tasa mayor de Europa. El programa del PSOE afirmaba que la Polic¨ªa Municipal debe "reajustar sus funciones", para convertirse en una "polic¨ªa de presencia, preferentemente preventiva y polivalente", dedicada "al control de la peque?a delincuencia" y a "asumir la figura del polic¨ªa de barrio". Hoy la Guardia Civil, por cuya desmilitarizaci¨®n luch¨® el PSOE hace un par de a?os, es el s¨ªmbolo oficial que nuestro Gobierno ofrece al de Londres como emblema de la seguridad ciudadana. Todo ello no evita que mientras aumenta la inseguridad en las calles veamos a la polic¨ªa del Estado dedicada a fichar en su ordenador central a l¨ªderes pol¨ªticos (cosa que en cualquier pa¨ªs de la Alianza Atl¨¢ntica habr¨ªa sido motivo bastante para decapitar pol¨ªticamente al ministro responsable).

En su naufragio, Barrionuevo arrastra ahora al ministro de Justicia, que ha preferido congelar -primero- la reforma de la Administraci¨®n de la justicia y rectificar -despu¨¦s- leyes ya aprobadas antes que presentar su dimisi¨®n y dejar en evidencia al Gobierno entero por lo que a estas alturas s¨®lo merece ya el nombre de fracaso en la pol¨ªtica policial. La prisi¨®n preventiva, limitada por la anterior reforma a 30 meses en casos extraordinarios, podr¨¢ durar hasta cuatro a?os gracias a la contrarreforma anunciada. Los procesados por delitos pena dos con arresto mayor (de un mes y un d¨ªa a seis meses) podr¨¢n ser mantenidos en prisi¨®n preventiva durante tres meses, y los procesados por delitos penados con prisi¨®n menor (de seis meses y un d¨ªa a seis a?os), durante dos a?os. El ministro de Justicia termina as¨ª dando la raz¨®n a quienes sostienen que la concesi¨®n de libertades provisionales a los procesados ser¨ªa la causa ¨²nica o primordial del crecimiento de la delincuencia. Con olvido de los factores sociales (desde el desempleo juvenil has ta la falta de equipamiento de los suburbios de las gran des capitales) y de las responsabilidades administrativas (deplorable pol¨ªtica policial, desentendimiento de los fiscales, lentitud de los procesos, absentismo de jueces, in suficiencia de juzgados) que explican la inseguridad ciudadana. El programa del PSOE exig¨ªa la "derogaci¨®n de la ley de Peligrosidad Social" y la "desaparici¨®n de las medidas de seguridad predelictuales". Ahora, mientras Ledesma se repliega a las posiciones de UCD en este terreno, Barrionuevo, al resucitar el cad¨¢ver de la ley de Peligrosidad Social resucita la pol¨ªtica de orden p¨²blico de la dictadura. Si la reforma legal de Ledesma ha fracasado, la responsabilidad de esa derrota corresponde por entero a un Gobierno que no ha querido, no ha sabido o no ha podido llevar a cabo la modernizaci¨®n del aparato policial y judicial, a que se hab¨ªa comprometido en su programa electoral. Ese programa incumplido que anunciaba la "reforma de la Administraci¨®n de la justicia" para poner remedio a "aquellos aspectos estructurales o funcionales que hacen de la misma un servicio ca¨®tico, caro y desvinculado de la sociedad". Ese programa incumplido que anunciaba "la reforma de la Administraci¨®n policial", para convertirla en "un elemento b¨¢sico de ese conjunto homog¨¦neo -pol¨ªtico, social y econ¨®mico-que contribuir¨¢ al nacimiento de'un clima general de orden, tolerancia y paz" y para lograr "mayor eficacia policial con menor riesgo para las libertades individuales y colectivas".

El Gobierno ha abdicado de su objetivo y de su responsabilidad: es haciendo funcionar a la polic¨ªa, que a¨²n desmoralizada por la gesti¨®n de sus responsables es capaz de ofrecer resultados tan encomiables en su lucha contra el crimen como los que recientemente ha obtenido en Barcelona; es sustituyendo a un fiscal del Estado que ha dado sobradas muestras de torpeza; es creando de manera urgente jueces en n¨²mero y calidad que permitan una Administraci¨®n de justicia acorde con los tiempos; es incorporando a los ciudadanos al sistema judicial a trav¨¦s del jurado; es gobernando, en una palabra, como se hace frente al aumento de la inseguridad.