Tercera sentencia absolutoria en una causa seguida por presunto delito fiscal
La Audiencia Territorial de Salamanca ha absuelto de delito fiscal, mediante una sentencia dictada el pasado 17 de febrero, a un presunto defraudador y ha condenado al Estado al pago de las costas. Esta sentencia, que es la cuarta que se produce desde la introducci¨®n de este delito en 1977, completa con su argumentaci¨®n una jurisprudencia que a juicio de expertos configura como pr¨¢cticamente imposible el delito fiscal en su actual tipificaci¨®n.La exigencia de dolo -que en este caso concreto requiere que se pruebe sin lugar a dudas que hay ¨¢nimo persistente de defraudar- y de un perjuicio patrimonial para la Hacienda p¨²blica hacen muy dif¨ªcil el que se dicten sentencias condenatorias. Fundamentalmente porque la remisi¨®n a los jueces se hace tras haber levantado acta de infracci¨®n, y al firmarse la aceptaci¨®n o disconformidad con la misma se entra en la jurisdicci¨®n administrativa. Al abonar las cantidades debidas al fisco -pagar los intereses y la multa que se aplique-, es muy dif¨ªcil estimar que hay perjuicio patrimonial para la Hacienda p¨²blica o ¨¢nimo persistente de defraudar. "Cuando el perjuicio no existe, el delito se esfuina", dice la sentencia de Salamanca. Otra anterior, de la Audiencia de Ciudad Real (26 de noviembre de 1982), se?ala que la interpretaci¨®n del delito fiscal debe realizarse "no desde perspectivas del Derecho tributario, sino desde la ¨®ptica del Derecho penal".
De las cuatro sentencias dictadas hasta ahora, s¨®lo una de la Audiencia de La Coru?a ha resultado condenatoria. Y ¨¦sta se halla recurrida ante el Tribunal Supremo, con grandes posibilidades de ser revocada, seg¨²n se reconoce en el propio Ministerio de Hacienda. El recurso se basa precisamente en que en las actuaciones de la inspecci¨®n se acredita que no hubo falsificaci¨®n de datos, resistencia a la acci¨®n inspectora ni ¨¢nimo de defraudar.
El Ministerio de Hacienda, ante estos hechos, est¨¢ estudiando una tipificaci¨®n m¨¢s eficaz del delito dentro del proyecto de ley de Infracciones y Sanciones Tributarias.
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