El proyecto de ley de Ordenaci¨®n de las Comunicaciones prev¨¦ la unificaci¨®n de las redes de telefon¨ªa, correos y radiodifusi¨®n

El proyecto de Ley de Ordenaci¨®n de Comunicaciones (LOC), que ser¨¢ remitido al Congreso de los Diputados por el Gobierno en las pr¨®ximas semanas, plantea por primera vez en Espa?a una profunda reestructuraci¨®n de los modernos medios de comunicaci¨®n, especialmente de las telecomunicaciones. En el mismo texto se establecen las bases para la unificaci¨®n y el control por el Estado de las redes de telefon¨ªa, correos y radiodifusi¨®n. En los pr¨®ximos d¨ªas se crear¨¢ un organismo, probablemente con categor¨ªa de direcci¨®n general, de Ordenaci¨®n de las Comunicaciones. Una de las primeras decisiones que podr¨¢ tomar este organismo es pronunciarse por el sistema de sat¨¦lite de comunicaciones m¨¢s adecuado para Espa?a.

El Consejo de Ministros estudi¨® hace un mes los contenidos esenciales de este proyecto de ley que por primera vez recoger¨¢ conjuntamente el ordenamiento de los canales de comunicaci¨®n m¨¢s utilizados por los espa?oles -tel¨¦fonos, correos, radiodifusi¨®n- y legislar¨¢ sobre las llamados sistemas de comunicaci¨®n del futuro (televisi¨®n por cable y por sat¨¦lite, transmisi¨®n de datos, teletexto, sistemas dom¨¦sticos de control ... ).En las pr¨®ximas semanas, el Gobierno aprobar¨¢ el texto definitivo. Actualmente, se le est¨¢n dando los ¨²ltimos retoques jur¨ªdicos y administrativos "debido a la complejidad de t¨¦cnica jur¨ªdica y administrativa que entra?a", seg¨²n explican fuentes oficiales. A finales del pr¨®ximo mes de abril, el proyecto, que consta de 80 art¨ªculos, estar¨¢ listo para ser enviado al Parlamento.

Una de las principales novedades que introducir¨¢ este ordenamiento legal es precisamente que establece las bases para la unificaci¨®n de las grandes redes de comunicaci¨®n, cuyas competencias est¨¢n dispersas y desorganizadas en la actualidad. Por otra parte, el Estado recuperar¨¢ el control de la telefon¨ªa, correos y radiodifusi¨®n, y su poder de intervenci¨®n, que hab¨ªa perdido en algunos de estos casos.

La ley dejar¨¢ claro que la recuperaci¨®n por parte del Estado de las "funciones que le son propias en lo relativo a ordenaci¨®n, regulaci¨®n y planificaci¨®n de las comunicaciones" no significa que la Administraci¨®n entre en la regulaci¨®n de los contenidos que se trasmitan por dichas redes ni en las normas b¨¢sicas del r¨¦gimen de radio y televisi¨®n.

"El Estado se limitar¨¢ a facilitar el carrier o la autopista por donde podr¨¢n circular las comunicaciones p¨²blicas o privadas que cumplan exclusivamente con las normas t¨¦cnicas marcadas por la Administraci¨®n, lo que supone que podr¨¢n existir concesiones de radio o de televisi¨®n privadas, aunque ¨¦stas deber¨¢n utilizar la ¨²nica red p¨²blica de radiodifusi¨®n", seg¨²n especialistas que han seguido de cerca la elaboraci¨®n del anteproyecto.

R¨¦gimen especial de Telef¨®nica

En cuanto a las relaciones con la Compa?¨ªa Telef¨®nica Nacional de Espa?a (CTNE), la nueva ley incluir¨¢ una normativa singular que supere las cla¨²sulas del contrato del Estado con esa empresa, a la que en 1924 se le concedi¨® en r¨¦gimen de exclusividad el arrendamiento del servicio telef¨®nico. La disposici¨®n adicional segunda del anteproyecto da un mandato al Gobierno para que actualice y negocie un nuevo contrato del Estado con la compa?¨ªa "sobre la base de la recuperaci¨®n por parte del Estado de la potestad y la soberan¨ªa que le son propias y el mayor grado de normalizaci¨®n posible de la CTNE".

En la pr¨¢ctica, la Telef¨®nica seguir¨¢ siendo el eje principal de desarrollo de los servicios de telecomunicaci¨®n en Espa?a. Explotar¨¢ en r¨¦gimen de exclusividad, pero en forma de gesti¨®n indirecta y controlada por el Estado, la mayor parte de los servicios de las comunicaciones telef¨®nicas, la transmisi¨®n de datos, el arriendo de circuitos, servicios de estaciones costeras, teledifusi¨®n (cable de radio y de televisi¨®n) y t¨¦lex. Pero por encima de la CTNE existir¨¢ el organismo Servicio P¨²blico de la Red Nacional de Telecomunicaciones y Teledifusi¨®n, que se encargar¨¢ de llegar a la prestaci¨®n integrada de los servicios de telecomunicaci¨®n susceptibles de uso p¨²blico.

Dado el car¨¢cter econ¨®mico de la actividad que se realiza a trav¨¦s de los servicios postales, se crear¨¢ el Ente P¨²blico Postal, un organismo de car¨¢cter comercial, industrial y financiero que regir¨¢ tambi¨¦n los destinos de la Caja Postal de Ahorros, que tendr¨¢ capital estatal. Dentro de esa reforma, se dar¨¢ una soluci¨®n especial al r¨¦gimen laboral de los 50.000 trabajadores de Correos. En la actualidad, Correos est¨¢ sujeta a todos los condicionamientos de una organizaci¨®n dependiente de la Administraci¨®n.

La telecomunicaci¨®n ha puesto en crisis los servicios de correos. En Espa?a la correspondencia epistolar (unos seis millones de cartas al a?o distribuidas por Correos) apenas alcanza el 12 o el 15% de los servicios globales de este organismo. Por ello, existe la intenci¨®n de hacer una reconversi¨®n en esos servicios y dirigirlos hacia los servicios telem¨¢ticos y de otras formas de telecomunicaci¨®n.

En Correos se instalar¨¢n oficinas p¨²blicas de comunicaciones integradas, de tal manera que no s¨®lo pueden enviarse cartas o telegramas, sino tambi¨¦n otros tipos de datos electr¨®nicos e incluso audiovisuales que entrar¨¢n dentro de las unidades integradas de telecomunicaci¨®n y que impliquen operaciones de teleproceso.

Radiodifusi¨®n y televisi¨®n

Uno de los aspectos que entra?a mayores dificultades para la nueva ordenaci¨®n de las comunicaciones es el de la radiodifusi¨®n sonora y la televisi¨®n. La desafortunada definici¨®n de radiodifusi¨®n y televisi¨®n que, en opini¨®n de algunos juristas e ingenieros de telecomunicaci¨®n, recoge el Estatuto de la Radio y la Televisi¨®n, hace necesario un nuevo planteamiento de estas redes y del r¨¦gimen de prestaci¨®n de sus servicios.

En este sentido, la ley de Ordenaci¨®n de las Comunicaciones diferencia claramente las competencias sobre el contenido, la producci¨®n y el control de la programaci¨®n de la informaci¨®n, que no ejercer¨¢ la Administraci¨®n, con los aspectos t¨¦cnicos de la transmisi¨®n de se?ales. El Estado mantiene la competencia exclusiva de las redes, aunque pueda hacer concesiones de explotaci¨®n al sector privado, como ya lo ha hecho con la radio. La Administraci¨®n no entra en la consideraci¨®n de los contenidos, por lo que se abren las puertas para que existan empresas privadas no tanto de radio -que ya existen- como de televisi¨®n que utilicen la red p¨²blica.

En el caso de la televisi¨®n por cable o sat¨¦lite, el anteproyecto opta por mantener la exclusiva o cuando menos la preferencia de distribuci¨®n de sus programas a trav¨¦s del cable, mientras que la explotaci¨®n de la red podr¨¢ estar en manos de otra entidad. Esta opci¨®n se realiza sobre la consideraci¨®n de que las redes de TV por cable son todav¨ªa incipientes en Espa?a. Existen, adem¨¢s, razones econ¨®micas debido a las cuantiosas inversiones que hacen falta.

Las altas inversiones que se necesitar¨ªan hacen inviable tambi¨¦n que cada canal auton¨®mico de televisi¨®n se monte sus propias redes. Esto multiplicar¨ªa por 17 (n¨²mero de autonom¨ªas) los 80.000 millones de pesetas previstos para invertir en las televisiones de las comunidades durante el pr¨®ximo cuatrienio.

Respecto a la televisi¨®n por sat¨¦lite, el Gobierno, previsiblemente, har¨¢ p¨²blica en breve una decisi¨®n, que ser¨ªa la primera de envergadura del nuevo organismo de coordinaci¨®n de las telecomunicaciones que se crear¨¢ en las pr¨®ximas semana. El Gobierno est¨¢ analizando el estudio previo sobre la televisi¨®n por sat¨¦lite que ha preparado el INTA (Instituto Nacional de T¨¦cnicas Aeroespaciales) a petici¨®n de Radiotelevisi¨®n Espa?ola. Seg¨²n algunas fuentes de la Administraci¨®n, el Gobierno parece inclinarse por un sat¨¦lite de telecomunicaciones de los llamados punto apunto, y desechar el de radiodifusi¨®n directa.