Mafia y hero¨ªna

EN UNA espectacular operaci¨®n combinada, la polic¨ªa espa?ola detuvo hace unos d¨ªas en Madrid, gracias a la colaboraci¨®n prestada por los servicios norteamericanos e italianos, a los presuntos responsables -entre ellos el capomafioso Caetano, Badalamenti- de una importante red internacional de traficantes de hero¨ªna. Las ca¨ªdas simult¨¢neas en Estados Unidos, Suiza e Italia de otros implicados han significado un severo golpe para la organizaci¨®n, cuyo desarrollo y fortalecimiento en Espa?a ha sido espectacular en los ¨²ltimos a?os. Las familias mafiosas han invertido en nuestro pa¨ªs grandes recursos financieros para reciclar el dinero sucio a trav¨¦s de negocios legales y para montar la infraestructura que permitiera la ampliaci¨®n del mercado interior y las operaciones de importaci¨®n y posterior distribuci¨®n por toda Europa.El esc¨¢ndalo suscitado por la libertad bajo fianza concedida a Antonio Bardellino (que ha motivado una querella del fiscal por prevaricaci¨®n contra el juez Var¨®n Cobos y por prevaricaci¨®n, cohecho y encubrimiento contra el juez Rodr¨ªguez Hermida) fue un primer aviso sobre las conexiones de los traficantes internacionales de hero¨ªna dentro de Espa?a. La decisi¨®n adoptada por el Gobierno de encomendar a un fiscal especial la lucha antidroga se mueve en la misma direcci¨®n de montar una eficaz estrategia contra esa invasi¨®n de las bandas internacionales que, adem¨¢s de extender el tr¨¢fico de drogas duras dentro de nuestras fronteras, utilizan el territorio espa?ol como base de operaciones para su siniestro comercio.

El Consejo de Ministros estudi¨® tambi¨¦n un agravamiento de las penas contra los que facilitaren o promovieren el consumo ilegal de drogas t¨®xicas y estupefacientes "mediante actos de cultivo, fabricaci¨®n o tr¨¢fico" o por su posesi¨®n para fines comerciales. La reciente reforma del art¨ªculo 344 del C¨®digo Penal -promulgada el 25 de junio de 1983- distingu¨ªa las "sustancias que causen grave da?o a la salud" (en la pr¨¢ctica, las derivadas de la papaver somniferum, esto es, el opio y la hero¨ªna) de las restantes (las derivadas del cannabis, como la marihuana y el hach¨ªs) con la intenci¨®n de dar un tratamiento sancionador especialmente severo a las drogas duras. Seg¨²n el portavoz del Gobierno, sin embargo, el agravamiento de las penas afectar¨¢ tanto a la hero¨ªna como a las llamadas drogas blandas. Seguramente esa discutible decisi¨®n no arranca tanto del impresentable informe env¨ªado por el Ministerio de Sanidad al fiscal general del Estado como del temor gubernamental al solapamiento o a la unificaci¨®n de las redes de tr¨¢fico dedicadas a la distribuci¨®n de la hero¨ªna, por una parte, y de los derivados del cannabis, por otra. Pero el remedio puede resultar m¨¢s grave que la enfermedad. La persecuci¨®n en pie de igualdad de la tenencia de hero¨ªna y de marihuana puede producir consecuencias negativas. Si los derivados del cannabis fuesen considerados como "sustancias que causan grave da?o a la salud" habr¨ªa que prohibir tambi¨¦n el consumo del alcohol, cuyos efectos nocivos -hay m¨¢s de un mill¨®n de alcoh¨®licos en nuestro pa¨ªs- son sobradamente conocidos por la medicina, y el uso de barbit¨²ricos, tranquilizantes y anfetaminas, productos que -a diferencia de la marihuana- producen adicci¨®n.

La cuesti¨®n del derecho del Estado a proteger a los ciudadanos incluso contra s¨ª mismos ha preocupado siempre a moralistas y fil¨®sofos sociales. Un gran liberal, John Stuart Mill, expres¨® hace m¨¢s de un siglo una opini¨®n que sigue pareciendo vigente: "la ¨²nica finalidad por la cual el poder puede ser ejercido don pleno derecho sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los dem¨¢s"; en cambio, "su propio bien f¨ªsico o moral no es justificaci¨®n suficiente", ya que "nadie puede ser obligado a realizar o no realizar determinados actos porque eso ser¨ªa mejor para ¨¦l, porque le har¨ªa feliz o porque en opini¨®n de los dem¨¢s ser¨ªa mas acertado o justo". Tan s¨®lo la indiscutible certidumbre de que el consumo de las llamadas drogas blandas pudiera ser causa directa de comportamientos perjudiciales para los dem¨¢s en forma de agresiones delictivas podr¨ªa justificar su prohibici¨®n.

La experiencia ense?a, sin embargo, que la aplicaci¨®n de la coacci¨®n estatal a las drogas blandas no es eficaz. En este terreno, la legislaci¨®n penal que pretende controlar la delincuencia, la fomenta parad¨®jicamente. Baste con recordar que la ley seca de 1919 propici¨® en Estados Unidos el crecimiento de la mafia, gener¨® una notable corrupci¨®n de los aparatos estatales e incluso favoreci¨® un aumento del alcoholismo entre la juventud. El trato igual aplicado a los consumidores de drogas y a los delincuentes comunes desemboca en la asimilaci¨®n de ambos tipos de conducta y en la creaci¨®n de una subcultura marginal que somete a unos y a otros a perjudiciales influencias rec¨ªprocas. La prohibici¨®n genera un mercado negro ilegal y fomenta la delincuencia organizada, ¨²nico sector capaz de conquistar el monopolio de oferta para una demanda inel¨¢stica; de aqu¨ª el parad¨®jico inter¨¦s de las bandas mafiosas en que se mantenga esa ilicitud del tr¨¢fico de drogas que les asegura el control del mercado. Los peligros de corrupci¨®n de los funcionarios p¨²blicos pertenecientes a los cuerpos de seguridad o a la administraci¨®n de la justicia aumentan a medida que la ilicitud extiende su ¨¢mbito en los negocios subterr¨¢neos.

Algunos destacados crimin¨®logos norteamericanos denunciaron hace algunos a?os el surgimiento en Estados Unidos de una "crisis de sobrecriminalizaci¨®n", esto es, la abundancia de tipos penales enfrentada con la escasez de medios para combatir la delincuencia. Con independencia de que la misi¨®n del derecho no pueda ser nunca la imposici¨®n de una moral, parece evidente que la supresi¨®n de tipos penales innecesarios ser¨ªa la mejor manera de permitir que la polic¨ªa y la justicia pudieran concentrar sus limitados recursos en la persecuci¨®n de los delitos lesivos para la convivencia. El tr¨¢fico de hero¨ªna s¨®lo puede obtener beneficios de la confusi¨®n entre las drogas duras y los derivados del cannabis, al contribuir la represi¨®n legal a unificar en una misma red la comercializaci¨®n de ambas sustancias.