La reforma sanitaria y la organizaci¨®n m¨¦dica colegial

La pol¨¦mica sobre el modelo sanitario, abierta desde 1975, al llegar nuestro actual sistema a su completo agotamiento, ha sido muy crispada dentro del colectivo m¨¦dico, pero expresada de manera muy desigual. La organizaci¨®n m¨¦dica colegial y su c¨²pula dirigente, el Consejo General de M¨¦dicos, han dejado de lado el principio de que una organizaci¨®n de adscripci¨®n obligatoria, como un colegio, debe ser cauce de expresi¨®n de todos los puntos de vista, y ha servido exclusivamente a los intereses de un grupo determinado. Quienes mantenemos posiciones diferentes hemos tenido que, para poder expresar nuestras opiniones, organizarnos al margen de los colegios que sostenemos con nuestras cuotas.La postura del consejo general sobre la reforma sanitaria figura en un documento publicado en octubre pasado, cuya filosof¨ªa -que se reclama del modelo liberal de medicina- se centra en la libre elecci¨®n de m¨¦dico. Creemos que la libre elecci¨®n, entendida en el marco de una planificaci¨®n sanitaria, es algo importante, adem¨¢s de un derecho elemental de la persona; pero para la OMC la defensa de la libre, elecci¨®n tiene otra finalidad: el pago por acto m¨¦dico. En nuestra opini¨®n, en Espa?a, con una pl¨¦tora de m¨¦dicos desordenada y una poblaci¨®n sin educaci¨®n sanitaria, el pago por acto m¨¦dico no puede llevar m¨¢s que a una medicina de complacencia (someter la objetividad cient¨ªfica del m¨¦dico a la subjetividad del paciente, porque paga), acient¨ªfica, ruinosa y m¨¢s ca¨®tica que la actual.

Ese m¨¦todo no beneficia a la poblaci¨®n, que no ver¨ªa mejorada su situaci¨®n sanitaria con este modelo m¨¢s que con un servicio nacional de salud, y que, adem¨¢s, terminar¨ªa pagando de su propio bolsillo la diferencia marginal de las tarifas acordadas entre la Seguridad Social y las entidades privadas, y los costes reales generados libremente por la ley de la oferta y la demanda. Tampoco beneficiar¨ªa a los m¨¦dicos, salvo a los ya bien instalados, y significar¨ªa un agravio comparativo importante para otros colectivos profesionales: m¨¦dicos de urgencias, m¨¦dicos monoempleados en hospitales y ambulatorios de la Seguridad Social, m¨¦dicos rurales y, sobre todo, m¨¦dicos en paro. S¨®lo beneficiar¨ªa, si acaso, a las sociedades privadas de seguro libre.

Se apoya la OMC en el ejemplo de la Comunidad Europea y la necesidad de equipararnos a ella. Pero al hacerlo pasa por alto deliberadamente que la CEE no tiene una estructura sanitaria unificada, sino todo lo contrario. Holanda e Irlanda tienen modelos mixtos; el Reino Unido, Dinamarca e Italia, modelos nacionalizados tipo Servicio Nacional de la Salud; solamente Alemania, B¨¦lgica, Luxemburgo y Francia -espejo ¨¦sta de los dirigentes corporativos- poseen modelos liberalizados.

Los que propugnamos un Servicio Nacional de la Salud no lo hacemos por razones ideol¨®gicas o pol¨ªticas, sino porque, aunque no exista un modelo definitivamente superior a los dem¨¢s, los indicadores de salud de los pa¨ªses con modelos nacionalizados son mejores que los de lo pa¨ªses liberalizados. Veamos.

Seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, las causas de mortalidad infantil por enfermedades infecciosas y parasitarias por 100.000 nacidos vivos, en 1975, eran para el Reino Unido y Dinamarca (modelos nacionalizados) de 56,9% y 28%, respectivamente. Por el contrario, para Alemania y Francia (sistemas liberalizados) eran del 87,9% y 94%. Si observamos las causas de mortalidad global, tambi¨¦n por dichas enfermedades, por 100.000 habitantes y en 1974, vemos que el Reino Unido y Dinamarca tienen cifras de 6,2% y 5,6%, mientras Alemania y Francia, 10,3% y 15,4%. El doble.

Un proyecto aceptable

Estos datos, entre tantos que se pueden exhibir, demuestran que pa¨ªses como Francia y Alemania, ejemplos paradigm¨¢ticos de liberalizaci¨®n, no solamente no tienen una sanidad mejor, sino que -en datos de la OCDE de 1981- gastaron en sanidad mayor porcentaje del producto nacional bruto, lo que es l¨®gico, porque un sistema que hace descansar los ingresos de los m¨¦dicos en la cantidad de actos m¨¦dicos individuales realizados, dif¨ªcilmente puede controlar la multiplicaci¨®n de actos m¨¦dicos innecesarios. Lo que demuestra, a la vez, que los incentivos materiales y profesionales para evitar la burocratizaci¨®n del m¨¦dico no pueden basarse s¨®lo en la ganancia.

Por todo ello, la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica -en cuyo nombre escribo- entiende que el anteproyecto ministerial de ley general de Sanidad (m¨¢s all¨¢ de cr¨ªticas que hemos publicado) es un proyecto bastante aceptable en l¨ªneas generales y en los fines que se propone, que permitir¨ªa instaurar en Espa?a un Servicio Nacional de la Salud -de corte similar al de los pa¨ªses occidentales se?alados- que, ajust¨¢ndose plenamente a las directrices de la OMS, har¨ªa posible para la poblaci¨®n y para los profesionales una sanidad integral donde los factores de la promoci¨®n de la salud y la medicina preventiva no queden supeditados a los de la medicina curativa o reparadora.

Defender estos postulados nos ha situado en una posici¨®n de confrontaci¨®n abierta -desde fuera; desde dentro es imposible- con la organizaci¨®n m¨¦dica colegial, cuyas consecuencias ¨²ltimas han sido, tras el informe enviado por el consejo general a los laboratorios farmac¨¦uticos que financian las revistas m¨¦dicas, que nuestras opiniones hayan sido silenciadas en la mayor parte de esos medios, despu¨¦s de haberlo sido en los colegios y en sus boletines informativos que todos sufragamos.

Pareci¨¦ndonos mal las opiniones del doctor Ramiro Rivera y sus correligionarios, creemos, sin embargo, que son plenamente leg¨ªtimas, y har¨ªamos cualquier cosa porque pudieran seguir manifest¨¢ndolas, porque solamente escuchando lo que no nos gusta o¨ªr nos sentimos en una sociedad democr¨¢tica. Pero tambi¨¦n haremos todo lo posible par¨ªa que nadie pueda utilizar contra nadie m¨¦todos que ya no son propios de la ¨¦poca y del pa¨ªs en que vivimos. Y lo que haremos ser¨¢ impulsar el cumplimiento del art¨ªculo 36 de la Constituci¨®n ("la estructura interina y el funcionamiento de los colegios profesionales deber¨¢n ser democr¨¢ticos") de la ¨²nica manera que nos parece que esas dos premisas se pueden abordar: exigiendo la supresi¨®n de la colegiaci¨®n obligatoria, no para vaciar los colegios, sino para rellenarlos de contenido democr¨¢tico. Este es el reto que tenemos por delante.