La reforma que nunca llega

LA RUPTURA de las conversaciones entre los grupos parlamentarios de Coalici¨®n Popular y del PSOE sobre el proyecto de ley de Reforma de la Funci¨®n P¨²blica amenaza con obstaculizar la modernizaci¨®n de las Administraciones P¨²blicas. Sin embargo, nuestro pa¨ªs precisa con urgencia la transformaci¨®n del pesado, ineficiente y costoso armatoste del Estado en una organizaci¨®n capaz de satisfacer las demandas de una sociedad din¨¢mica y compleja. Con elogiable sentido de la responsabilidad, el Gobierno consider¨® en su d¨ªa que la reforma administrativa era un asunto de Estado, necesitado de una amplia concertaci¨®n entre las fuerzas parlamentar¨ªas. Pero cuando la negociaci¨®n con Coalici¨®n Popular, iniciada a comienzos del pasado mes de febrero, parec¨ªa transcurrir por buen camino, su abrupta interrupci¨®n hace retroceder a sus comienzos todo el proceso.El problema es tanto m¨¢s grave cuanto que el Gobierno, adem¨¢s de alcanzar un eventual acuerdo con la derecha parlamentaria, tendr¨ªa que emprender otras negociaciones en paralelo con las minor¨ªas catalana y vasca. En su discurso de investidura, el presidente Gonz¨¢lez ofreci¨® a las fuerzas nacionalistas un pacto para el desarrollo de las leyes de bases previstas en el art¨ªculo 149.18 de la Constituci¨®n, entre cuyas materias figuran el r¨¦gimen jur¨ªdico de las administraciones p¨²blicas, el r¨¦gimen estatutario de los funcionarios, el procedimiento administrativo com¨²n, los contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones p¨²blicas. Como demuestra la experiencia de estos a?os, muchas de las dificultades en la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas se sit¨²an precisamente en ese terreno. El error inicial del Gobierno socialista al no agrupar en un solo Ministerio de Administraciones P¨²blicas las competencias distribuidas entre los Ministerios de la Presidencia y de Administraci¨®n Territorial, fue un claro s¨ªntoma de los peligrosos rumbos hacia los que se orientar¨ªa su pol¨ªtica auton¨®mica. El empecinamiento gubernamental de mantener a flote los restos del naufragio de la LOAPA naci¨® no s¨®lo de una desorientadora confusi¨®n entre la constitucionalidad de las normas legales y el acierto de las decisiones pol¨ªticas a las que aqu¨¦llas instrumentan, sino tambi¨¦n de la voluntad de poner en vigor, como un hecho consumado, la regulaci¨®n anticipada de materias incluidas en el art¨ªculo 148.18 de la Constituci¨®n.

La pelotera entre los representantes del PSOE y de Alianza Popular para echarse mutuamente en cara la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones recuerda desagradablemente las confusas peleas que sol¨ªan poner intermitentemente en escena centristas y socialistas durante las anteriores legislaturas. De aceptar la versi¨®n socialista, la retirada de Alianza Popular se explicar¨ªa por su pretensi¨®n de consagrar los privilegios de los altos cuerpos, de los que se nutren buena parte de los dirigentes de la derecha conservadora. El Grupo Popular, en cambio, acusa al Gobierno de comprometer con su proyecto la objetividad, la estabilidad y la profesionalidad de la administraci¨®n p¨²blica. Mientras el ministro de la Presidencia denuncia a la derecha conservadora por subordinar los intereses del Estado a los intereses corporativistas de los altos funcionarios, el portavoz parlamentario de Coalici¨®n Popular revela que los socialistas se hab¨ªan ofrecido por anticipado a salvar los privilegios de algunos de esos altos cuerpos.

En cualquier caso, nuestro pa¨ªs no saldr¨¢ de la crisis econ¨®mica y la sociedad espa?ola no ingresar¨¢ definitivamente en la modernidad hasta que la reforma de las administraciones p¨²blicas sea llevada a cabo. Pero los ciudadanos comienzan ya a pensar que los compromisos de reformar la funci¨®n p¨²blica son una versi¨®n del cuento de, la buena pipa, escrita por alg¨²n profesor de Derecho Administrativo. Durante el mandato de UCD se lleg¨® incluso a crear un ministerio encargado de poner en marcha esa operaci¨®n transformadora, con el resultado de que las cosas siguieron igual o peor que antes, pero con mayores gastos. Y tambi¨¦n el programa electoral del PSOE dedic¨® una las cinco secciones generales que formaban su texto a la reforma de las administraciones p¨²blicas.

Probablemente lleven raz¨®n quienes critiquen al Ministerio de la Presidencia por la lentitud y el retraso con que ha planteado la reforma de la administraci¨®n p¨²blica, limitada durante un a?o a exigir un estricto cumplimiento del horario a los funcionarios modestos e indiferente ante las manifestaciones de despilfarro de algunos altos cargos, dispuestos a emular a sus predecesores a la hora de aprobar gastos de representaci¨®n. Resulta dif¨ªcil entender que, en plena era de los ordenadores, el nuevo Gobierno no disponga todav¨ªa del mapa imprescindible -en el que deben figurar datos tan elementales como el n¨²mero de funcionarios existentes, su distribuci¨®n institucional y territorial, el importe de sus ingresos, la estructura de los cuerpos y de las escalas- para llevar a cabo una reforma de la Administraci¨®n que agilice su funcionamiento, racionalice su dise?o y abarate sus costes. Sin embargo, ser¨ªa todav¨ªa m¨¢s inadmisible que la. oposici¨®n conservadora, una vez que el Gobierno se ha decidido a afrontar esa ineludible tarea, aplicase t¨¦cnicas obstruccionistas para lograr que la nueva ley no fuera aprobada durante el actual per¨ªodo de sesiones o dejase a la Administraci¨®n P¨²blica pr¨¢cticamente en el mismo estado de ineficiencia, despilfarro y feudalizaci¨®n en que ahora se encuentra.