Tres consejeros del poder judicial discrepan del informe sobre la ley para reformar la justicia

Tres miembros del Consejo General del Poder Judicial -Eduardo Jauralde, Perfecto Andr¨¦s y Fernando Garc¨ªa-Mon- han manifestado a este peri¨®dico su discrepancia "en algunas materias sustanciales" con el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley org¨¢nica de dicho poder. Jauralde expres¨® tambi¨¦n su desacuerdo con la presentaci¨®n del informe "como un todo monol¨ªtico", a pesar de que otros consejeros coincidieron con los tres citados en algunas discrepancias. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha rechazado las pretensiones de autogobierno pleno de la mayor¨ªa del Consejo y perfila el texto definitivo que someter¨¢ al Gobierno antes de fin de mes.

Altas fuentes de este departamento aseguraron que el Consejo de Ministros no estudiar¨¢ hoy el anteproyecto, pendiente todav¨ªa de los ¨²ltimos retoques. Otras fuentes gubernamentales se?alaron que el PSOE estudia la estrategia m¨¢s conveniente para distribuir entre el Gobierno y su grupo parlamentario la posici¨®n socialista sobre una ley que se considera b¨¢sica para la reforma de la Administraci¨®n de justicia. La posible elecci¨®n parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General -actualmente el Parlamento s¨®lo elige 8 y los 12 restantes los propios jueces y magistrados- se decidir¨¢ durante la tramitaci¨®n de la ley.Hasta tanto se adopte una posici¨®n definitiva sobre este punto, el proyecto de ley que el Gobierno remitir¨¢ al Congreso de los Diputados especificar¨¢ el sistema de elecci¨®n de los 12 consejeros que selecciona la judicatura. El Ministerio de Justicia estudia en estos momentos el sistema que pueda favorecer la incorporaci¨®n de un mayor n¨²mero de jueces dem¨®cratas al ¨®rgano de autogobierno de la justicia, en donde desde su creaci¨®n predomina el sector conservador. Sin embargo, dada la composici¨®n de la carrera judicial, el Gobierno se muestra esc¨¦ptico tanto ante el sistema mayoritario corregido, que propone el informe del Consejo General, como respecto al sistema proporcional de lista cerrada, propugnado por las corrientes progresistas de la magistratura.

El Ministerio de Justicia tiene ya algunos criterios firmes sobre la futura ley org¨¢nica del Poder Judicial. Por el momento, el informe emitido por la mayor¨ªa del Consejo General (ver EL PA?S de 24 de marzo de 1984) ha sido rechazado en lo que se refiere a sus pretensiones de asumir la potestad reglamentaria y la gesti¨®n del presupuesto. El Gobierno mantendr¨¢ ambas facultades y, en lo que se refiere a la dotaci¨®n de medios materiales, establecer¨¢ la posibilidad de transferirlos a las comunidades aut¨®nomas.

Concurso de m¨¦ritos

Frente a la propuesta del Consejo General de que exista un ¨²nico sistema de acceso a la carrera judicial -la oposici¨®n-, el Ministerio de Justicia mantiene que una de cada cuatro plazas de magistrados se reserve para juristas de prestigio, as¨ª como que, durante los tres primeros a?os de vigencia de la ley, de cada tres plazas de jueces una se provea transitoriamente por concurso de m¨¦ritos. En ambos casos, la designaci¨®n corresponder¨¢ a los mismos tribunales que decidir¨¢n sobre las oposiciones, iqtegrados por miembros designados por el Consejo General y por el Gobierno. Una composici¨®n similar tendr¨¢ probablemente el Centro de Estudios Judiciales, aunque este punto a¨²n no est¨¢ decidido.El Gobierno tampoco va a aceptar la reivindicaci¨®n seg¨²n la cual las remuneraciones de los jueces alcanzar¨¢n "el nivel m¨¢s elevado dentro de los funcionarios p¨²blicos", nivel que estima pr¨¢cticamente conseguido.

El Ministerio de Justicia ha incorporado, en cambio, al anteproyecto de ley numerosas modificaciones t¨¦cnicas propuestas por el Consejo General. Entre ellas, la reunificaci¨®n en las audiencias provinciales de los ¨®rdenes jurisdiccionales civil y penal; la desaparici¨®n de la competencia natural de la Audiencia Nacional sobre delitos cometidos por bandas armadas, de los que conocer¨¢ por atribu¨ªrselo as¨ª las leyes antiterroristas coyunturales; la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la definici¨®n de la demarcaci¨®n judicial y la consideraci¨®n del conocimiento del idioma y el derecho foral, junto a la antig¨¹edad, para efectuar nombramientos judiciales en los territorios aut¨®nomos.

La disidencia manifestada por tres miembros del Consejo General del Poder Judicial afecta, entre otros puntos, a la defensa que la mayor¨ªa del citado ¨®rgano hace de la subsistencia de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales dependientes de la misma; la supresi¨®n de los juzgados de paz en las poblaciones en las que existan juzgados de primera instancia e instrucci¨®n; el rechazo del valor normativo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; el refrendo de los reales despachos por el presidente del Consejo General y no por el ministro de Justicia; la no incorporaci¨®n de los votos particulares a los informes del Consejo, y la negativa al acceso directo a la carrera.

En algunos de estos puntos tambi¨¦n discreparon con la mayor¨ªa los consejeros Adolfo Carretero, Gonzalo Casado, Jaime Cortezo y Juan Garc¨ªa-Barb¨®n.