Los peri¨®dicos y agencias deber¨¢n aprobar un estatuto de Redacci¨®n para recibir subvenciones oficiales

Las empresas period¨ªsticas y agencias informativas que no tengan aprobado un estatuto de la Redacci¨®n no recibir¨¢n ayudas ni directas ni indirectas por parte del Estado. Esta medida, introducida a trav¨¦s de una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista en el proyecto de ley de Ayudas del! Estado a la Prensa, que qued¨® dictaminado ayer por la ponencia de Educaci¨®n y Cultura del Congreso de los Diputados, ha abierto una fuerte pol¨¦mica en medios period¨ªsticos. Mientras que los editores se oponen rotundamente a ella, los sindicatos y las asociaciones de profesionales de Prensa la apoyan casi sin reservas.

Dado que hasta ahora no existe ning¨²n tipo de regulaci¨®n sobre los estatutos de la Redacci¨®n -aunque algunos medios de Prensa los poseen en la pr¨¢ctica-, la enmienda socialista aplaza la entrada en vigor de esta medida al momento en que se apruebe una futura legislaci¨®n que desarrollar¨¢ el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n (sobre libertad de expresi¨®n). Aunque el proyecto de ley dictaminado ayer en ponencia tiene que pasar por el debate en la comisi¨®n correspondiente, y posteriormente por el Pleno del Congreso y por el Senado, se da como seguro en frentes socialistas que el contenido de la enmienda se mantendr¨¢.Los socialistas han justificado esta medida en que las ayudas, tanto directas como indirectas, se otorgan, por una parte, para hacer frente a la crisis estructural de las empresas period¨ªsticas, y, por otra parte, para salvaguardar el pluralismo informativo. Este ¨²ltimo criterio debe extenderse a los miembros de la Redacci¨®n a trav¨¦s de un estatuto que proteja el libre ejercicio de la profesi¨®n en el marco del respeto a la l¨ªnea editorial".

Mientras que los sindicatos UGT y CC 00 y las asociaciones profesionales Uni¨®n de Periodistas y Asociaciones de la Prensa se muestran b¨¢sicamente de acuerdo con esta medida, los empresarios de Prensa, agrupados en la Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles (AEDE), se oponen rotundamente por entender que "el condicionar las ayudas estatales a la Prensa a la existencia en la empresa de un estatuto de redacci¨®n supone una coacci¨®n evidente, una merma de la autonom¨ªa de gesti¨®n de la empresa y una reducci¨®n de su libertad".

Esta propuesta del PSOE ha sido tambi¨¦n denunciada, seg¨²n fuentes de la AEDE, por el director del Instituto Internacional de Prensa (IPI), Peter Galliner, en su informe sobre las relaciones de la Prensa y los Gobiernos de todo el mundo aportado al 372 Congreso de la Federaci¨®n Internacional de Editores de Diarios (FIEJ), que se celebra en Par¨ªs.

El proyecto de ley de ayudas estatales a las empresas period¨ªsticas y agencias informativas pretende, por primera vez a trav¨¦s de una ley, establecer una serie de, ayudas, tanto directas como indirectas, "seg¨²n criterios objetivos y sometiendo la actuaci¨®n de la Administraci¨®n en esta materia a los controles existentes".

Otro aspecto importante y pol¨¦mico de esta ley es la creaci¨®n de un mecanismo de compensaci¨®n entre las ayudas directas y las deudas firmes a entidades p¨²blicas. Si la empresa period¨ªstica tiene contra¨ªdas deudas con Hacienda, Seguridad Social o instituciones oficiales de cr¨¦dito, la Administraci¨®n deducir¨¢ esas cantidades del total del importe de la ayuda.

En 1983 el Estado concedi¨® 2.950 millones de pesetas en ayudas a la Prensa. Cantidades que fueron destinadas, sobre todo, a ayudas a la difusi¨®n por n¨²mero, consumo de papel prensa, y reconversi¨®n tecnol¨®gica.