Inocente o culpable

Viene de la primera p¨¢gina

El asunto es escabroso, porque afecta tanto al entendimiento cabal de que todo espa?ol debe someterse por igual a las leyes como a la apreciaci¨®n pol¨ªtica de que Jordi Pujol es un l¨ªder popular y un gobernante en ejercicio, am¨¦n de que juega por en medio cuesti¨®n tan delicada -y tan mal gobernada por el Ejecutivo socialista- como es el Estado de las autonom¨ªas. Pujol es presidente de la m¨¢s tradicional comunidad aut¨®noma, revalidado en su cargo hace un mes escaso por 1.350 000 ciudadanos y el 46,6% de los electores. La circunstancia de que la Constituci¨®n y el Estatuto de Catalu?a no protejan a los diputados del Parlamento catal¨¢n con la prerrogativa de la inmunidad -que exigir¨ªa la previa concesi¨®n de suplicatorio por la C¨¢mara para que Jordi Pujol fuera inculpado y procesado- podr¨ªa dar lugar a la absurda situaci¨®n de que el presidente de la Generalitat fuera encausado por la Audiencia Territorial, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, mientras el Parlamento catal¨¢n le ratificara su confianza pol¨ªtica. Por si fuera poco, los nexos existentes entre el partido de Pujol y el proyecto reformista que Miquel Roca trata de promover en el resto de Espa?a, a fin de crear un espacio electoral intermedio entre el PSOE y la derecha reaccionaria, conceden a la querella insospechadas repercusiones a?adidas.

Parece que nos hallamos ante una historia de muchas torpezas. Torpeza de los directivos de Banca Catalana, con una desastrosa -y, seg¨²n el fiscal, posiblemente delictiva- gesti¨®n. Torpeza de los Gobiernos de UCI), aplazando la clarificaci¨®n del tema. Torpeza del Gabinete PSOE, que ha venido amagando y no dando en el asunto, con frasecitas y alusiones impertinentes del vicepresidente Guerra, y que in¨²tilmente quiere ahora despegarse de una decisi¨®n de la m¨¢quina de la justicia que costar¨¢ mucho esfuerzo demostrar no incluye aspectos de err¨®neo c¨¢lculo pol¨ªtico. Torpeza de Pujol, que, a su tranquilidad moral y jur¨ªdica deber¨ªa a?adir la solicitud de un debate parlamentario en regla, y en el Parlamento de Catalu?a, que despejara dudas, aclarara cuestiones y estableciera su honorabilidad sin sombras.

Es evidente que las respuestas a los numerosos interrogantes que suscita la querella dif¨ªcilmente pueden encajar con las explicaciones simplistas que desde los que la aplauden y los que la critican se exhiben: o irremediable aplicaci¨®n de la ley, que a todos alcanza, o simple venganza pol¨ªtica del Gobierno, seg¨²n los casos. El Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez no saca ning¨²n provecho a corto plazo, y s¨ª abundantes quebrantos, de este suceso. S¨®lo si Pujol -fuera juzgado y condenado -futuribles muy dif¨ªciles de predecir y, en cualquier caso, inadmisibles, porque har¨ªan presuponer una culpabilidad no demostrada- podr¨ªa el PSOE, como partido, obtener un beneficio. Y aun as¨ª, el panorama pol¨ªtico en general y el auton¨®mico en particular, se ver¨¢n da?ados en muchos aspectos. Pero por otra parte, y sin duda, Pujol y el partido que dirige son las primeras v¨ªctimas de una querella que amenaza con deteriorar el prestigio, la autoridad y el buen nombre del presidente de la Generalitat. Por ello no es descartable que algunos miembros del PSOE y del Gobierno hayan impulsado de manera m¨¢s o menos directa la actividad del fiscal. Tanto si lo han hecho como si no, el momento para interponer la querella ha resultado ser el m¨¢s inoportuno de los imaginables (oportuno es obvio que no resulta ning¨²n momento en una cuesti¨®n as¨ª).

Ahora bien, una cosa es que los socialistas hayan impulsado la decisi¨®n y otra suponer que la querella es obra del Gobierno o est¨¢ prioritariamente inspirada por ¨¦l. El fiscal general del Estado no es un ap¨¦ndice subordinado del Poder Ejecutivo, sino que goza de autonom¨ªa para tutelar el inter¨¦s p¨²blico, velar por la defensa de la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos. El comunicado de la Asociaci¨®n de Fiscales de Barcelona insisti¨® ayer en la imparcialidad e independencia funcional, de las actuaciones del ministerio p¨²blico. Quienes tratan de presentar a los fiscales que han participado en la querella como d¨®ciles criados del Ejecutivo, capaces de instrumentar conscientemente una sarta de mentiras y calumnias contra los ex directivos de Banca Catalana, no hacen sino acusar de prevaricaci¨®n al ministerio p¨²blico. Nosotros creemos m¨¢s bien que si la querella ha sido presentada es porque existen indicios de actos delictivos, y suponemos que un fiscal del Estado no da un paso as¨ª sin tener en la mano documentos y pruebas que avalen su decisi¨®n. Es verdad que Luis Bur¨¢n no se ha caracterizado, durante el a?o y medio de desempe?o de su cargo, por la fijeza de los criterios y por la claridad de las ideas. Pero si la querella careciera de fundamentos probatorios suficientes, pasar¨ªa a la historia como un absoluto inepto en la pol¨ªtica y en su profesi¨®n.

El problema est¨¢, pues, en saber si Pujo? es o no culpable, cumpliendo en el procedimiento el mandato constitucional de igualdad ante la ley de todo ciudadano. Sin embargo, hasta ese mismo principio puede ser esgrimido por quienes se extra?an del rigor aplicado en el asunto de Banca Catalana. Los agravios comparativos y la impresi¨®n de que a veces se utilizan distintas varas para medir casos id¨¦nticos o muy semejantes pueden reforzar la sospecha de que los responsables de Banca Catalana y un dem¨®crata como Jordi Pujol han pagado el pato, mientras otros muchos -?d¨®nde est¨¢n las denuncias contra los negocios sucios del anterior r¨¦gimen?- se han beneficiado de un interesado olvido.

Hay demasiadas cosas, en definitiva, mezcladas en el an¨¢lisis de un caso verdaderamente complejo. Hay un da?o objetivo para los bolsillos de los espa?oles -catalanes y no catalanes- como consecuencia de la mala gesti¨®n y los eventuales delitos en Banca Catalana; da?o objetivo que pesa nuevamente sobre el d¨¦ficit p¨²blico, tan denostado por la derecha que ha contribuido generosamente a crearlo durante d¨¦cadas de oscurantismo contable. Hay la necesidad de aplicar la ley a quien la infringe, y la de sanear el cuerpo de esta sociedad. Pero la transici¨®n sin traumas exige, de otro lado, mucho tiento. El presidente y su Gobierno, que han tenido que dar estrepitosa marcha atr¨¢s en el caso de la OTAN, debe r¨ªan saber ya que gobernar no es aplicar la tabla de multiplicar. Pujol y los dirigentes de su partido deber¨ªan haber aprendido, con el propio desastre de Banca Catalana, los riesgos de mezclar el sentimiento nacionalista con los intereses personales. Ahora se avecina una pelea larga. La ¨²nica salida brillante que tiene Pujol, ante una acusaci¨®n fiscal de este porte, es que se establezca claramente por los jueces su inocencia. La ¨²nica salida brillante que tiene el fiscal del Estado es que los tribunales demuestren la culpabilidad de Pujol y que ¨¦ste vaya a la c¨¢rcel. Cualquier otro final del asunto ser¨¢ malo para el Gabinete socialista y para el presidente de la Generalitat, incluso si el asunto muere entre peleas de competencias jurisdiccionales, papeleos burocr¨¢ticos o nebulosas jur¨ªdicas. Mientras tanto, todo va a ser m¨¢s dificil en la pol¨ªtica econ¨®mica, y mucho m¨¢s a¨²n en la Espa?a de las autonom¨ªas. Demasiado para nuestra joven democracia. Quiz¨¢s era necesario, pero, en cualquier caso, sigue siendo demasiado.