La justicia castrense procesa al general Bignone, ¨²ltimo presidente militar de Argentina

El general de divisi¨®n retirado Reynaldo Bignone, presidente de la ¨²ltima Junta Militar argentina, ser¨¢ juzgado por tribunales castrenses por sus supuestas responsabilidades en la desaparici¨®n de tres soldados en 1976 del Colegio Militar de la Naci¨®n que entonces dirig¨ªa el jefe del Estado que entreg¨® el poder a los civiles.Bignone fue detenido y procesado por el juez de instrucci¨®n Carlos Oliveri, quien investiga la desaparici¨®n de los soldados Daniel Garc¨ªa, Pablo Steinberg y Mario Molfino. Algunos testigos presenciales afirmaron que recibieron atenci¨®n m¨¦dica previa a la tortura en el propio Colegio Militar y que Bignone admiti¨® ante terceras personas que la desaparici¨®n de dichos soldados fue debida a un error de informaci¨®n. "En toda guerra siempre hay v¨ªctimas inocentes", coment¨®.

El abogado del presidente, un ex ministro de Justicia de la dictadura, apel¨® a la Corte Suprema reclamando el fuero militar para su defendido. Por mayor¨ªa simple la Corte accedi¨® a la petici¨®n, teniendo en cuenta las reformas recientemente introducidas en el C¨®digo de Justicia Militar, que hacen revisables todas las sentencias por la justicia civil federal.

Reynaldo Bignone, detenido en Campo de Mayo (cuartel general del Ej¨¦rcito argentino en las proxim¨ªdades de Buenos Aires) ha quedado as¨ª a disposici¨®n del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, m¨¢ximo tribunal militar y se considera inminente su puesta enlibertad provisional a la espera de su juicio. Sus camaradas de armas ser¨¢n, sin duda, m¨¢s clementes con ¨¦l que un juez federal, aunque tambi¨¦n debe considerarse que Bignone, a la postre, fue la imagen de la transici¨®n a la democracia, que ha sido siempre un militar profesoral y que, al margen de sus presuntos delitos, no personifica la barbarie militar argentina.

Tras el fallo de la Corte Suprema puede seguir los mismos pasos la causa contra el ex presidente, teniente general retirado, Roberto Eduardo Viola -sucesor de Videla y predecesor de Galtieri-, por la desaparici¨®n de Alfredo Giorgi, miembro del Instituto Nacional de Tecnolog¨ªa Industrial.

La detenci¨®n de Viola se basa en un documento firmado por ¨¦l y facilitado a la justicia civil por el Ministerio de Defensa, en el que el ex presidente ordena, en mayo de 1979 en una directiva secreta, "...la acci¨®n militar directa para proceder a la detenci¨®n y/o eliminaci¨®n de elementos marxistas, ide¨®logos y activistas...".

Por otra parte, se ha aplazado por 30 d¨ªas la publicaci¨®n del informe final de la Comisi¨®n Nacional Sobre Desaparici¨®n de Personas, que preside el escritor Ernesto S¨¢bato. La demora se debe a la necesidad de armar la voluminosa documentaci¨®n recabada, que servir¨¢ para precisar las circunstancias de la desaparici¨®n de al menos 10.000 personas.

El pantano judicial es de considerable profundidad, especialmente si se tiene en consideraci¨®n el entrecruzamiento de las causas militares con las civiles. Hasta el momento los procesamientos incoados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -tanto los relativos a la guerra sucia, como los que ata?en a la p¨¦rdida de la guerra de las Malvinas- amenazan con etern¨ªzarse en su fase sumarial. El presidente Alfons¨ªn ha impartido instrucciones para que se agilicen los procesos.

No obstante, una cierta lentitud puede ser bien considerada desde el Gobierno y la oposici¨®n peronista para dar tiempo a que cicatricen algunas heridas y para que los juicios no se vean en un clima revanchista. Otro elemento de preocupaci¨®n es que la hipot¨¦tica dulzura de las sentencias castrenses puda ser apeladas ante la justicia federal, orginando un nuevo enfrentamiento entre la sociedad civil y la militar.