El Juzgado de Instrucci¨®n dicta auto de procesamiento y prisi¨®n provisional contra seis ex directivos de la Caja Rural de Santander

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Santander ha dictado auto de procesamiento contra seis ex directivos de la Caja Rural de Santander, entre los que se encuentra el ex director de la entidad, Tom¨¢s Mier, y el ex presidente, Am¨®s Fern¨¢ndez, ambos cesados, junto al resto del consejo rector, en, febrero de 1982 por el Ministerio de Econom¨ªa y a propuesta del Banco de Espa?a, una vez constatada la existencia de numerosas irregularidades en su gesti¨®n al frente de la entidad.El auto judicial decreta la prisi¨®n provisional de todos los procesados, a los que se acusa de delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida, fij¨¢ndose para cuatro de ellos una fianza de cinco millones de pesetas y de un mill¨®n para los dos restantes. Asimismo el juez requiere a los procesados para que solidariamente depositen una fianza de 300 millones de pesetas.

La decisi¨®n adoptada por el magistrado juez del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Santander se produce un a?o y medio despu¨¦s de que el entonces presidente del comit¨¦ de empresa de la entidad de cr¨¦dito ganadero presentase una querella contra el ex director y el ex presidente de la Caja Rural, por los presuntos delitos de falsedad e imprudencia temeraria, decret¨¢ndose entonces el procesamiento de los dos directivos citados. El recurso presentado contra dicho procesamiento y el personamiento de la propia Caja Rural en la querella en noviembre de 1983, cuatro meses despu¨¦s de que una junta general designase un nuevo consejo rector de la entidad, lo que origin¨® un nuevo e importante aporte de documentaci¨®n al procedimiento judicial, determinaron la ampliaci¨®n del procesamiento a otros cuatro ex directivos.

Pagos de extratipos

A los procesados Mier Guti¨¦rrez y Fern¨¢ndez G¨®mez, que adem¨¢s de ocupar la direcci¨®n y la presidencia del consejo rector de la entidad, respectivamente, de sempe?aban cargos de responsabilidad en la UTECO y otras cooperativas ganaderas, se les acusa de haber dispuesto de m¨¢s de 20 millones y medio de pesetas y una cuenta de cr¨¦dito abierta a nombre de la cooperativa Aja-Bareyo, cuya existencia era desconocida para los directivos de ¨¦sta. A trav¨¦s de dicha cuenta fueron camuflados, seg¨²n el auto de procesamiento, diversos pagos de extratipos a depositantes, habiendo participado tambi¨¦n los acusados en el falseamiento de los balances de la entidad en los a?os 1980 y 81.Los dos anteriormente citados, junto a Vicente Ruiz Ga?¨¢n, interventor de cuentas de la Caja Rural y secretario de UTECO, Jos¨¦ Antonio de la Llama V¨¢zquez, directivo de la entidad crediticia y constructor, y Antonio Solana Guti¨¦rrez, tesorero de la Caja Rural y presidente de UTECO, participaron, seg¨²n refleja el auto de procesamiento, en la desviaci¨®n de fondos a trav¨¦s de tres cuentas corrientes abiertas a nombre de otras tantas cooperativas de las que eran directivos, y cuyo descubierto total alcanza en la actualidad a cerca de 276 millones de pesetas. Por ¨²ltimo, el sexto procesado, Manuel Ramiro, es acusado de la presunta firma de los talones bancarios con los que se llevaron a cabo los pagos con cargo a las citadas cuentas corrientes, sin que tuviera autorizaci¨®n para ello.

El procesamiento de los ex directivos de la Caja Rural fue valorado positivamente por los actuales rectores de ¨¦sta, quienes entienden que se ha dado un primer paso para proceder a la aclaraci¨®n definitiva de las irregularidades cometidas en la entidad durante un largo per¨ªodo y que han producido un agujero de m¨¢s de 2.500 millones de pesetas.

La crisis de la Caja Rural estall¨® en el verano de 1981 tras conocerse la auditor¨ªa realizada por el Banco de Espa?a, que pon¨ªa al descubierto la existencia de irregularidades. La situaci¨®n alcanz¨® su punto culminante con el cese del director y consejo rector de la Caja Rural en febrero de 1982.