Margaret Thatcher abre las c¨¢rceles

La crisis econ¨®mica y el paro han provocado un aumento de la delincuencia en pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses occidentales. Los jueces est¨¢n sobrecargados de trabajo y las c¨¢rceles superpobladas. Frente a este hecho, un Gobierno conservador como el brit¨¢nico no ha encontrado m¨¢s que una soluci¨®n: acortar las penas y facilitar la salida de prisi¨®n de miles de delincuentes, antes de que hayan cumplido buena parte de su condena.El programa electoral con el que fue elegida dos veces Margaret Thatcher como primera ministra hac¨ªa hincapi¨¦ en la ley y el orden. Sin embargo, sus sucesivos Gobiernos no han sido capaces, como reconoci¨® la propia Thatcher, de disminuir los ¨ªndices de delincuencia, pese a que aumentaron considerablemente la dotaci¨®n de la polic¨ªa. Los ¨²ltimos datos oficiales indican que s¨®lo en Inglaterra y en Gales (Escocia e Irlanda del Norte tienen estad¨ªsticas diferentes) la polic¨ªa tiene que atender casi tres millones de posibles delitos graves al a?o. Aproximadamente el 38% no termina en proceso ante los tribunales o es rechazado por jura dos y jueces. El Ministerio del Interior, ocupado primero por uno de los l¨ªderes del partido tory, lord Whitelaw, y despu¨¦s por un abogado, Leon Brittan, de 45 a?os de edad, especializado tanto en cuestiones jur¨ªdicas como financieras, desarrolla una pol¨ªtica claramente diferenciada en dos sectores. Por un lado, intenta aumentar las competencias de la polic¨ªa, con un proyecto de ley que ser¨¢ debatido pr¨®ximamente en la C¨¢mara de los Comunes pero que ya ha levantado una fuerte pol¨¦mica no s¨®lo en los medios jur¨ªdicos, sino tambi¨¦n entre los periodistas y los m¨¦dicos. Por otro lado, y en relaci¨®n con la aplicaci¨®n de la ley de pol¨ªtica carcelaria, ha puesto en marcha una serie de medidas que pueden calificarse de reformistas.

En t¨¦rminos generales, se intenta solventar los procesos con sentencias que no impliquen privaci¨®n de libertad. Dicho de otra forma, los tribunales s¨®lo condenan a la c¨¢rcel a un delincuente cuando "est¨¢n satisfechos de que ninguna otra sentencia ser¨ªa suficiente". Aun as¨ª, en los ¨²ltimos 10 a?os ha habido sucesivas modificaciones de la ley para acortar las penas de prisi¨®n obligadas en delitos de robo, atraco, fraudes y da?os criminales. En los casos de asesinato, la condena obligatoria es cadena perpetua, pero eso no quiere decir que el preso permanezca toda su vida en la c¨¢rcel. S¨®lo cuando la v¨ªctima es un polic¨ªa, un funcionario de prisiones o un menor de edad que ha sido objeto, adem¨¢s, de abusos sexuales, el condenado est¨¢ obligado a cumplir realmente 20 a?os de prisi¨®n. Una de las f¨®rmulas m¨¢s empleadas en los ¨²ltimos a?os para aligerar la poblaci¨®n carcelaria es la libertad bajo palabra. Hasta hace escasamente 10 d¨ªas, cualquier convicto pod¨ªa solicitar su liberaci¨®n al cumplir las dos terceras partes de su condena o cuando llevaba un a?o de c¨¢rcel, seg¨²n los casos. Las estad¨ªsticas demuestran que entre el 10% y el 12% de estos liberados bajo palabra vuelven a la c¨¢rcel por haber cometido otro delito, pero aun as¨ª, el Gobierno conservador de Margaret Thatcher acaba de aprobar nuevas normas, que permitir¨¢n liberar a un mayor n¨²mero de presos.

Actitud comprensiva

La nueva legislaci¨®n, aprobada por el partido conservador y por el Parlamento, cont¨® con el respaldo de la primera ministra. Margaret Thatcher, la dama de hierro, apoy¨® en todo momento a Leon Brittan en sus esfuerzos por disminuir bruscamente el n¨²mero de reclusos. A partir de ahora, cualquier persona condenada por un delito grave que no sea asesinato podr¨¢ pedir su libertad bajo palabra a los seis meses de cumplimiento de su condena. Una comisi¨®n especial estudia caso por caso. De momento ha aprobado 2.000 solicitudes, Y 2.000 presos han abandonado las c¨¢rceles en menos de 15 d¨ªas. La Prensa, sobre todo la popular o amarilla, que vende 10 veces m¨¢s ejemplares que la tradicional, expres¨® sus temores por esta repentina liberaci¨®n de delincuentes, pero en t¨¦rminos generales, ha adoptado una actitud comprensiva y de apoyo al Gobierno.

En su intervenci¨®n ante el Parlamento, Leon Brittan explic¨® crudamente cu¨¢l era la situaci¨®n: la poblaci¨®n reclusa se sit¨²a entre las 42.000 y 45.000 personas, y, pese a todos los esfuerzos, parece estar en aumento. Entre 7.000 y 8.000 de estos detenidos est¨¢n en la c¨¢rcel a la espera de juicio y requieren un trato especial: tienen que estar separados de los convictos y disfrutar de condiciones de vida menos severas. Para atender a esta poblaci¨®n existen casi centenar y medio de instituciones penitenciarias, muchas de las cuales datan del siglo pasado o son antiguos fuertes. En concreto, 48 prisiones, sobre todo en Londres y en el norte de Inglaterra, merecen el calificativo de victorianas y alojan en total al 58% de la poblaci¨®n reclusa. "El sistema penitenciario depende de estas instalaciones obsoletas que acogen a muchos m¨¢s presos de los inicialmente previstos, tal vez 6.000 m¨¢s de los que cabr¨ªan normalmente en sus celdas", reconoce el informe sobre prisiones elaborado por el Ministerio del Interior. M¨¢s de 16.000 reclusos viven en celdas compartidas que no re¨²nen las condiciones necesarias.

El Gobierno, consciente de esta situaci¨®n, presupuest¨® en 1982-1983 unos 11.200 millones de pesetas, destinados a reparaciones, mantenimiento y construcci¨®n de nuevas c¨¢rceles. La remodelaci¨®n de algunas de las prisiones en peor estado ha acentuado a¨²n m¨¢s la sobrepoblaci¨®n en las otras, hasta el extremo de que en algunos casos los presos han tenido que permanecer en las dependencias de la polic¨ªa.

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los propios funcionarios de prisiones. La relaci¨®n media es de un funcionario por cada tres presos, lo cual no es excesivo si se consideran los turnos y las vacaciones. Los encargados de ordenar la vida en las c¨¢rceles efectuaron en 1981 una sonada e importante campa?a de acciones de protesta que llev¨® al Gobierno a acelerar los tr¨¢mites para la libertad bajo palabra. En 1982, por ejemplo, se liber¨® por este procedimiento a casi 6.000 presos. Con las nuevas normas, esta cifra ser¨¢ muy superior.

Los expertos en problemas penitenciarios han expresado tambi¨¦n su preocupaci¨®n por el aumento de la poblaci¨®n reclusa condenada a cadena perpetua. En 1982 se encontraban en esa situaci¨®n aproximadamente 1.800 personas. En puros t¨¦rminos econ¨®micos, y teniendo en cuenta que el coste de mantenimiento de un preso en el Reino Unido es de 195 libras a la semana (unas 40.000 pesetas), la inversi¨®n que hace la sociedad para mantener en custodia a delincuentes es muy elevada.

Algunos especialistas creen que las condenas siguen siendo excesivas y que en la mayor¨ªa de los casos podr¨ªan acortarse, sin perjuicio para la sociedad. ?sta es la tendencia que impera actualmente en el Reino Unido y entre sus defensores hay tantos socialistas como conservadores.