Ceuta y el banquillo

EL ANUNCIO de que el grupo de concejales socialistas de Ceuta, mayoritarios en su Ayuntamiento, se dispone a presentar una querella contra Pablo Castellano, diputado del PSOE, por sus declaraciones radiof¨¢nicas referidas a esa ciudad norteafricana de soberan¨ªa espa?ola constituye un s¨ªntoma de la tendencia de diversos sectores de, nuestra vida p¨²blica -en el Gobierno o en la oposici¨®n- a recortar la libre expresi¨®n de las opiniones pol¨ªticas mediante el recurso a los procedimientos penales. La contradictoria personalidad del parlamentario cacere?o, cuyas usuales sobreactuaciones en la tribuna de oradores o en los medios de comunicaci¨®n son compatibles con un excelente sentido de la orientaci¨®n en situaciones que requieren salidas pragm¨¢ticas, es demasiado conocida por todos como para admitir que la acci¨®n penal de sus compa?eros de partido pueda esgrimir en su defensa la m¨¢s minima justificaci¨®n razonable.Dentro del ¨¢mbito puramente procesal, los concejales socialistas de Ceuta se meter¨ªan en un absurdo embrollo si persistieran en su querella. El art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n garantiza a los diputados la inviolabilidad -es decir, la irresponsabilidad penal- por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, supuesto en el que parecen cuadrar ajustadamente las declaraciones de Pablo Castellano sobre las plazas norteafricanas. Pero, incluso en el inveros¨ªmil caso de que se pusiera en duda que el parlamentario socialista actu¨® en su condici¨®n de representante de la soberan¨ªa popular, ser¨ªa preciso, en funci¨®n de la prerrogativa de la inmunidad que ampara a diputados y senadores, la previa autorizaci¨®n del Congreso para inculparle ante los tribunales. Dada la desahogada mayor¨ªa socialista en la C¨¢mara Baja, la pretensi¨®n de que los diputados concedieran el suplicatorio para el procesamiento de Pablo Castellano podr¨ªa llevar, alternativamente, a dos situaciones igualmente malas para el Gobierno. Si los representantes del PSOE votaran a favor de la inculpaci¨®n de su compa?ero, abrir¨ªan una brecha insalvable dentro del PSOE y causar¨ªan un perjuicio irreparable a la imagen de los socialistas. Pero si los diputados no concediesen el suplicatorio pedido por los tribunales, dejar¨ªan a sus correligionarios de Ceuta a los pies de los caballos.

El hecho mismo de que a las autoridades locales de Ceuta se les haya pasado por la cabeza la idea de interponer una querella contra Pablo Castellano indica la preocupante inclinaci¨®n de las personas revestidas de poder a sustituir el debate pol¨ªtico por la represi¨®n penal y el intercambio de razones y argumentos por la imposici¨®n coactiva de sus propios dictados. Pablo Castellano ha expresado opiniones inc¨®modas sobre la actual situaci¨®n de la poblaci¨®n no espa?ola en las dos plazas de soberan¨ªa. Pero sus afirmaciones de que a los trabajadores marroqu¨ªes se les discrimina, no se les paga el salario m¨ªnimo y se les mantiene, al margen de la Seguridad Social deben ser desmentidas por informaciones y documentaciones fehacientes, en vez de ser asfixiadas mediante una querella criminal. El diputado socialista tambi¨¦n ha sugerido, en t¨¦rminos discretos, una pregunta que, al comienzo de la transici¨®n, incluso Manuel Fraga se atrev¨ªa a plantear ante la opini¨®n p¨²blica. ?Cu¨¢l puede ser el futuro de Ceuta y Melilla y qu¨¦ formulas cabr¨ªa arbitrar para proteger a la poblaci¨®n espa?ola de ambas ciudades ante cualquier alteraci¨®n de su estatuto de soberan¨ªa? Al igual que los laboristas brit¨¢nicos durante el r¨¦gimen franquista, Pablo Castellano sostiene que el problema de Ceuta y Melilla podr¨ªa aplazarse, en cualquier caso, hasta que Marruecos gozara de un r¨¦gimen de libertades. No parece, sin embargo, que la historia avale con ejemplos la buena disposici¨®n de los pa¨ªses ocupantes a ceder la soberan¨ªa de un territorio reclamado por naciones democr¨¢ticas (como sucede hoy con el Reino Unido y el Pe?¨®n) ni que el derecho internacional justifique el dominio de otros suelos (como hizo el colonialismo) por el atraso pol¨ªtico de los reg¨ªmenes pol¨ªticos que los reivindican.

Resulta evidente que Ceuta y Melilla no son espacios territoriales en los que una poblaci¨®n ind¨ªgena mayoritaria permanezca sometida a una minor¨ªa colonizadora. Se trata en ambos casos de ciudades habitadas predominantemente, y desde hace varios siglos, por espa?oles. Ahora bien, tambi¨¦n resulta indiscutible que Ceuta y Melilla son, a efectos geopol¨ªticos, dos enclaves situados en el ¨¢mbito territorial de Marruecos y separados de Espa?a por el Estrecho, sin un h¨¢bitat rural lo suficientemente extenso como para hacer olvidar su condici¨®n exclusivamente urbana y sin parentescos culturales, pol¨ªticos e idiom¨¢ticos con el entorno f¨ªsico que les rodea y del que viven. El eventual retorno de Gibraltar a la soberan¨ªa espa?ola, mediante f¨®rmulas que garantizasen su autonom¨ªa pol¨ªtico-administrativa y los derechos de los habitantes del Pe?¨®n de nacionalidad extranjera, podr¨ªa promover, aunque nos disguste, una sim¨¦trica reivindicaci¨®n del Reino de Marruecos sobre dos ciudades enclavadas en su suelo. Enunciar esa posibilidad no significa en modo alguno desear tal eventualidad sino simplemente preverla. En un sistema de relaciones internacionales regido por la salvaguarda de la paz y la defensa de los derechos humanos, el principio de la territorialidad no puede imponerse sobre los intereses de las poblaciones. Las libertades y los derechos de los espa?oles de Ceuta y de Melilla deben ser amparados y protegidos frente a cualquier amenaza. Al tiempo, sin embargo, resultar¨ªa injusto y ego¨ªsta permitir que a nuestros hijos o a nuestros nietos les explotase violentamente en las manos un problema que no va a desaparecer por el hecho de negar verbalmente su existencia.