La auditor¨ªa de Banca Catalana se realiz¨® bajo el principio de "gesti¨®n continuada" y no a valores de liquidaci¨®n

El texto de la auditor¨ªa realizada por Price Waterhouse pone en cuesti¨®n las cr¨ªticas seg¨²n las cuales fue realizando siguiendo criterios de liquidaci¨®n del negocio. Con algunas reservas sobre los datos conseguidos, los auditores cifraron el agujero de Catalana en 63.855 millones de pesetas. Seg¨²n sus datos, la situaci¨®n fiscal del banco era bastante aceptable.

Algunas voces denunciaron en la ¨¦poca una supuesta "voracidad auditora", la realizaci¨®n de "valoraciones a precio de derribo" y una presunta operaci¨®n de "hinchar los n¨²meros del agujero". Nada de eso se desprende del texto de auditor¨ªa. El dictamen de Price Waterhouse -39 p¨¢ginas concluidas en noviembre y entregadas a los administradores del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos- indica, en su ep¨ªgrafe 2, que el balance de situaci¨®n del banco a final de junio "no ha sido preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y en consecuencia no presenta adecuadamente la situaci¨®n patrimonial de Banca Catalana, SA".En su ep¨ªgrafe 11, la auditor¨ªa expresa que "el balance de situaci¨®n ajustado y reclasificado al 30 de junio de 1982 ha sido preparado" (por los auditores) "siguiendo el principio de gesti¨®n continuada y, por lo tanto, no pretende reflejar la situaci¨®n que se producir¨ªa a dicha fecha en el caso de que el Banco no pudiera continuar como un negocio en marcha y tuviera, por lo tanto, que realizar sus activos y liquidar sus pasivos, contingencias y compromisos en condiciones diferentes y por unos importes distintos de los que se muestran en dicho Balance de Situaci¨®n".

Pero si ¨¦se fue el criterio de los auditores, su conclusi¨®n era pesimista, pues afirmaban que "salvo que se obtengan los recursos adicionales necesarios, las siguientes circunstancias generan dudas sobre la continuidad del Banco como negocio en marcha", haci¨¦ndose referencia a continuaci¨®n a la cuant¨ªa del d¨¦ficit, a la subsiguiente disminuci¨®n registrada en el pasivo y a la "posible p¨¦rdida adicional que se pueda generar por el soporte financiero adicional" que el Banco pudiera prestar "a las empresas participadas del grupo para mantener dichas sociedades en funcionamiento".

El dictamen pericial plantea tambi¨¦n algunas cl¨¢usulas de salvaguardia o reservas sobre su propio trabajo, derivadas de la problem¨¢tica exactitud de algunas partidas. As¨ª, se?ala que los estados financieros de varias participadas han sido auditados por otras firmas, cuyas conclusiones ha utilizado, pero no asumido; que faltaba "un adecuado sistema de control interno" para el activo inmovilizado y, por tanto, para calcular sus amortizaciones; que no recibi¨® de la direcci¨®n del banco la oportuna "carta de representaci¨®n"; que no examin¨® los dep¨®sitos (dados por buenos); y que no se consolidaron los balances de todo el grupo, lo que habr¨ªa supuesto la eliminaci¨®n de algunas partidas -como la de la posici¨®n neta de dep¨®sitos en el BIC, por 9.026 millones de pesetas- con lo que el balance ajustado ser¨ªa a¨²n m¨¢s negativo. Por todo ello, concluyen los auditores, "no podemos expresar una opini¨®n sobre si el mismo refleja adecuadamente la situaci¨®n patrimonial de Banca Catalana", pudiendo registrar algunas variaciones. De hecho, las conclusiones de los auditores ser¨ªan muy similares a las obtenidas posteriormente por los administradores del Fondo de Garant¨ªa.

No a la liquidaci¨®n

Los criterios utilizados o asumidos por Price Waterhouse para el ajuste de las grandes partidas fueron los siguientes. En el cap¨ªtulo inmobiliario, el del "valor real para uso continuado" asignado a terrenos y edificios. Este criterio "presupone que las sociedades participadas del sector inmobiliario seguir¨¢n recibiendo apoyo financiero continuo y no se ver¨¢n forzadas a liquidar sus existencias". En caso de que hubiesen de liquidarse, "el valor total de enajenaci¨®n de dichos activos, suponiendo una venta sin el apoyo previamente mencionado, ser¨ªa sensiblemente inferior". Las fuentes informativas utilizadas por la empresa auditora en este cap¨ªtulo fueron tanto las procedentes de tasadores independientes como las estimaciones de t¨¦cnicos del grupo Catalana (contrastadas en su mayor¨ªa, salvo en 10.959 millones, con las anteriores), que ofrecieron resultados muy similares.

Para valorar la cartera de t¨ªtulos y participaciones se sigui¨®, indica el dictamen, "el principio general del menor valor entre coste o mercado". Y para examinar las sociedades patrimoniales se utiliz¨® un estudio sobre las mismas realizado por el propio banco. En dicho estudio se consideraba "con un valor cero la participaci¨®n que tienen en Banco de Alicante dichas sociedades patrimoniales", valor que en la hip¨®tesis de ser positivo disminuir¨ªa el cap¨ªtulo de provisi¨®n para insolvencias y por tanto el agujero de la entidad. Esta valoraci¨®n provoc¨® en su momento una fuerte pol¨¦mica, pero lo cierto es que el Banco de Espa?a, en un documento del 19 de febrero de 1982 ya hab¨ªa valorado a cero la cartera de acciones bancarias -1.029,5 millones nominales en el caso del Alicante- y que esta entidad arrojaba un d¨¦ficit patrimonial importante por lo que en febrero de 1983 tuvo que reducir a una peseta el valor nominal de sus acciones, obteniendo 6.575 millones de ayudas procedentes del Fondo de Garant¨ªa y siendo finalmente adjudicada en subasta al Banco Exterior de Espa?a.

En las notas al balance reelaborado por Price, se explican algunos criterios utilizados para el ajuste. As¨ª, no se periodificaron, por prudencia, los "intereses activos sobre los saldos de cr¨¦ditos y pr¨¦stamos cuya recuperaci¨®n se estima improbable". La provisi¨®n para insolvencias se estim¨® en base a "una evaluaci¨®n de la recuperabilidad de los riesgos", siendo su importe "igual o superior al que se obtendr¨ªa de la aplicaci¨®n integral de las normas de la Circular 1/82 del Banco de Espa?a, sin acogerse al plazo de aplicaci¨®n transitorio". El principal cap¨ªtulo de estos riesgos era el de los cr¨¦ditos concedidos a las sociedades patrimoniales financiadas "b¨¢sicamente mediante cr¨¦ditos concedidos por el grupo bancario", que totalizaban 18.833 millones de pesetas, 18.152 de los cuales se consideraron probables insolvencias.

En cuanto a la cartera de t¨ªtulos, los de renta fija se valoraron a su coste de adquisici¨®n regularizado o al de su ¨²ltimo cambio de cotizaci¨®n, y los no cotizados, a su coste de adquisici¨®n. Los de renta variable se valoraron "al m¨¢s bajo coste de adquisici¨®n regularizado" o en base a "los ¨²ltimos balances de situaci¨®n disponibles". Y el inmovilizado material se present¨® "a su coste de adquisici¨®n regularizado de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, menos la correspondiente amortizaci¨®n acumulada", aplicando el m¨¦todo lineal en funci¨®n de la vida ¨²til estimada.

Otras notas explicativas del balance son significativas. La nota cuarta se?ala que de los 18.009,4 millones de la cartera de t¨ªtulos espa?oles de renta fija, 16.853,4 millones eran t¨ªtulos no cotizados en Bolsa. Las participaciones empresariales del banco eran en general de car¨¢cter mayoritario: as¨ª, seg¨²n coste de adquisici¨®n regularizado, 1.004 millones estaban en paquetes de empresas en que su participaci¨®n era inferior al 20%, mientras que las participaciones superiores al 50% totalizaban 5.697 millones.

Finalmente, la situaci¨®n fiscal de Catalana estaba bastante normalizada. Contaba con un acta del IGTE sobre el ejercicio 1981 de 176,3 millones y hab¨ªa interpuesto recursos contra actas del mismo impuesto anteriores a 1979 por un total de 559,1 millones, "consider¨¢ndose remota la posibilidad de que este pasivo contingente, para el que no hay previsi¨®n, se materialice".