"A la derecha no le interesa que la justicia funcione bien" afirma Fernando Ledesma

El rechazo de Fernando Ledesma hacia el sistema de oposiciones como ¨²nica v¨ªa para el acceso a la carrera judicial no tiene ninguna clave personal, ya que gan¨® sucesivamente, con el n¨²mero uno, las de fiscal y magistrado. Su m¨¢xima preocupaci¨®n, en este momento, es la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), cuyo proyecto de ley ha sido remitido a las Cortes.Pregunta. ?C¨®mo aborda el Gobierno la batalla parlamentaria que se avecina sobre la reforma de la justicia: se pretende una ley de consenso o el PSOE har¨¢ valer su mayor¨ªa parlamentaria para sacarla adelante?

Respuesta. La reforma de la justicia es una gran operaci¨®n de Estado, y el proyecto de ley trata de conseguir el grado de consenso m¨¢s alto posible. Desde luego, la actitud del Gobierno ir¨¢ encaminada a ese fin.

P. Cuando la derecha m¨¢s reaccionaria se opone a las moderadas reformas de su departamento y lanza duras cr¨ªticas contra su gesti¨®n, ?se siente usted suficientemente respaldado por el resto del Gabinete?

R. Absolutamente. Por el resto del Gabinete y, desde luego, por el grupo parlamentario y el partido.

P. Otro de sus frentes de batalla es la carrera judicial, de la que usted procede. Al margen de sus buenas relaciones personales, ?cree que la instituci¨®n judicial, uno de los aparatos transferidos casi intactos del franquismo a la democracia, ha asimilado y asumido los nuevos valores jur¨ªdicos, ¨¦ticos, sociales y pol¨ªticos que la Constituci¨®n consagra? El presidente del CGPJ acaba de declarar que est¨¢ "fuera de toda duda" la asimilaci¨®n de la Constituci¨®n por los jueces...

R. Hay que reconocer que la aplicaci¨®n directa y la invocaci¨®n de la Constituci¨®n en las resoluciones judiciales son cada vez m¨¢s frecuentes. Por lo dem¨¢s, una de las finalidades del proyecto de ley org¨¢nica es garantizar que el espectro de la sociedad espa?ola, es decir, su composici¨®n sociol¨®gica, incluido el pluralismo ideol¨®gico, tenga su correlativa correspondencia en el espectro del grupo judicial. Es decir, que no se produzca la peligrosa desarmon¨ªa entre uno y otro. Lo ideal es que los jueces reflejen en su actividad y en su actitud c¨®mo es la sociedad, qu¨¦ es lo que funciona como valores y cu¨¢les son los objetivos de esa sociedad. Hacia eso se encaminan algunas de las reformas del proyecto de la LOPJ

P. Pero la gran mayor¨ªa de los jueces recibe esas reformas como un hostigamiento a la carrera judicial.

R. Yo quisiera quitarles de la cabeza esa idea. La reforma de la justicia no hay que hacerla poniendo en primera fila los intereses de una carrera o de una corporaci¨®n, siendo estos intereses muydignos de ser tenidos en cuenta y, siempre que sean justos, muy dignos de ser atendidos y satisfechos. La reforma de la justicia se tiene que hacer pensando en todos los ciudadanos espa?oles, porque la justicia es para ellos. Lo deseable es que coincidan unos y otros intereses, pero, si entraran en conflicto, habr¨ªa que optar siempre por los intereses de la sociedad espa?ola.

P. La jubilaci¨®n forzosa a los 65 a?os ha ca¨ªdo como una bomba.

R. Sin embargo, todo el que enfoque esta materia con objetividad, con racionalidad, se dar¨¢ cuenta de que no es posible una especie de apartheid, un trato privilegiado para los jueces. La vigente ley de la funci¨®n p¨²blica establece la jubilaci¨®n para los funcionarios del Estado a los 65 a?os, y los jueces, sin perjuicio de reconocer la naturaleza tan espec¨ªfica de su funci¨®n y su trascendencia, son funcionarios p¨²blicos. En el proyecto de ley hay un tratamiento de cierto beneficio para los magistrados del Tribunal Supremo, que se van a jubilar a los 68, a?os, medida que tambi¨¦n encuentra apoyo en el derecho comparado.

P. Otra de las reformas valora de como un atentado contra la judicatura es el acceso directo a la carrera, sin oposici¨®n.

R. Espa?a es un pa¨ªs con insuficiencia de jueces. En proporci¨®n a nuestra poblaci¨®n, tenemos menos jueces que Francia, B¨¦lgica, Italia y Alemania, y resulta que cada vez encomendamos a los jueces una intervenci¨®n m¨¢s activa en la soluci¨®n de la conflictividad social. Carecer de los jueces necesarios es dejar desamparados a los ciudadanos, y eso un Gobierno democr¨¢tico, un Gobierno responsable, no lo puede permitir. De ah¨ª la necesidad de encontrar soluci¨®n a un problema que las oposiciones no resuelven. En ese otro camino, en lugar de la memorizaci¨®n de un temario, se tendr¨¢ en cuenta el prestigio y la capacidad en la aplicaci¨®n e interpretaci¨®n de las leyes, puestos de manifiesto en el ejercicio profesional durante ocho o 10 a?os.

P. Se acusa al Gobierno de que, a trav¨¦s de este procedimiento, intenta reclutar jueces adictos.

R. En absoluto. No existe ning¨²n intento de utilizar esa v¨ªa para llevar a la judicatura a personas con una ideolog¨ªa partidaria determinada. Ni existe ni podr¨ªa existir, porque la t¨¦cnica de selecci¨®n asegura la mayor objetividad. Adem¨¢s, los m¨¦ritos ser¨¢n juzgados por el mismo tribunal de oposiciones, y despu¨¦s ser¨¢ necesario seguir un curso en el Centro de Estudios Judiciales. Hay precedentes de esta medida en alguna propuesta del propio CGPJ y en un reglamento elaborado en la etapa en que yo form¨¦ parte de este ¨®rgano, que ha servido para proveer al nombramiento provisional como jueces de 49 licenciados en Derecho, con menos requisitos de objetividad e imparcialidad de los que prev¨¦ el actual proyecto de ley.

P. ?D¨®nde est¨¢ la frontera entre el papel gubernamental en relaci¨®n con el servicio p¨²blico de la justicia y una autonom¨ªa del poder judicial que haga posible la necesaria independencia de los jueces?

R. Yo deseo que suceda en Espa?a lo que en el resto de Europa en donde nadie acusa a la justicia de falta de independencia, a pesar de que sus ¨®rganos judiciales similares al nuestro tienen menos poderes que el CGPJ. La independencia est¨¢ vinculada al momento jurisdiccional, es decir, a la libertad del juez para decidir al margen de toda presi¨®n, y a la garant¨ªa de que su carrera profesional no va a estar en absoluto en funci¨®n de su grado de sinton¨ªa con el Gobierno. Esas garant¨ªas est¨¢n aseguradas en la futura ley org¨¢nica, que colma con creces todas las exigencias constitucionales.

P. ?No le da miedo del us¨® que un Gobierno reaccionario pudiera hacer en el futuro de las atribuciones sobre la justicia que usted reivindica para el actual Gobierno?

R. Me preocupan las rebajas en la dotaci¨®n presupuestaria para la justicia que un Gobierno de esas caracter¨ªsticas podr¨ªa hacer, porque la derecha, como se ha demostrado hist¨®ricamente, no tiene inter¨¦s en que la justicia funcione bien. Sin embargo, un Gobierno as¨ª no podr¨ªa menoscabar la independencia judicial, porque las competencias que afectan al coraz¨®n de esta independencia -nombramientos, ascensos, inspecci¨®n y r¨¦gimen disciplinario- quedan fuera de su ¨®rbita y atribuidas al CGPJ. Esto no quiere decir que la independencia judicial no pueda estar amenazada, sino que habr¨¢ que preservarla no del Ejecutivo, sino del propio ¨®rgano de gobierno de la justicia. De ah¨ª la importancia de garantizar el funcionamiento democr¨¢tico del Consejo, su pluralismo, la publicidad de sus actividades...

P. Pero la publicidad no se ha introducido...

R. Me refiero a la posibilidad de que los vocales disidentes dejen constancia por escrito de su posici¨®n.

P. ?De qu¨¦ manera concreta notar¨¢n los ciudadanos que la reforma de la justicia les afecta beneficiosamente?

R. Los ciudadanos se beneficiar¨¢n del mayor pluralismo ideol¨®gico que existir¨¢ dentro de la administraci¨®n de justicia. Pero, sobre todo, la creaci¨®n de m¨¢s ¨®rganos jurisdiccionales va a permitir que se reduzca la distancia y se aumente la accesibilidad a lajusticia as¨ª como la participaci¨®n del ciudadano en la misma. Por ejemplo, los jueces de paz van a ser elegidos democr¨¢ticamente por los ayuntamientos. La aceleraci¨®n del proceso operada ya por la ley de Enjuiciamiento Civil contribuir¨¢ a que no haya tantos retrasos y a la ex tensi¨®n de la justicia gratuita a mayor n¨²mero de ciudadanos. El d¨ªa que est¨¦ instaurado el jurado evidentemente tambi¨¦n proporcianar¨¢ un grado mayor de participaci¨®n.

P. Existen indicios de que el jurado se va a decantar hacia el escabinado o jurado mixto. ?Por qu¨¦ no se reinstaura el jurado puro?

R. Puedo decirle con toda firmeza que no hay nada decidido y que en los trabajos previos se contemplan las dos hip¨®tesis. De todas formas, no pueden desconocerse investigaciones sociol¨®gicas recientes que muestran un gran desinter¨¦s de los ciudadanos a participar en el jurado.Cuando se han puesto tantas esperanzas en la instituci¨®n, no podemos cometer la imprudencia de establecer el jurado sin cautelas y producir una frustraci¨®n social.

P. En unas declaraciones realizadas a EL PA?S, el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, estim¨® que la atribuci¨®n del conocimiento del caso Banca Catalana al Tribunal Superior de Justicia en funciones de la Comunidad Aut¨®noma de Catalu?a deb¨ªa llevar consigo la imposibilidad de recurso al Tribunal Supremo contra la resoluci¨®n final que adopte el Pleno de la Audiencia Territorial. ?Cu¨¢l es la opini¨®n del ministro de Justicia?

R. No quiero opinar sobre nada relacionado con el asunto de Banca Catalana, que se encuentra sub j¨²dice.

P. Pero en el terreno de los principios y de la futura LOPJ...

R. Desde esta perspectiva, debo decir que el recurso de casaci¨®n est¨¢ reservado al Tribunal Supremo. En el proyecto de LOPJ se contempla la posibilidad de que un recurso hom¨®logo al de casaci¨®n termine ante la sala de recursos de los tribunales superiores de justicia, pero eso opera en aquellas materias en que las comunidades aut¨®nomas han elaborado un derecho propio en materia de derecho civil y contencioso-administrativo. En materia penal, insisto que al margen del caso Banca Catalana, me parece que la casaci¨®n siempre tiene que terminar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

P. ?Est¨¢ enteramente satisfecho el ministro de Justicia de la regulaci¨®n que se ha hecho de las libertades y derechos de los detenidos y presos y de las garant¨ªas para impedir que estos derechos les sean violados?

R. Ning¨²n pa¨ªs del resto de Europa ha llegado tan lejos como nosotros en cuanto a asistencia letrada, h¨¢beas corpus y prisi¨®n provisional, en el sentido de garantizar un espacio de libertad, de reconocer unas aut¨¦nticas garant¨ªas.

P. Entonces, ?hasta qu¨¦ punto esas leyes son letra muerta, si es un hecho que sigue existiendo la tortura?

R. La letra de una ley nunca es muerta. Siempre est¨¢ viva, siempre es invocable. Si quienes tienen que aplicar cotidianamente esas leyes las desconocen, yo creo que ser¨¢ con car¨¢cter excepcional y en la seguridad de que esa vulneraci¨®n nunca encontrar¨¢ complacencia, tolerancia ni asentimiento por parte de las autoridades, sino persecuci¨®n. Pero cuando eso se produce, aun a sabiendas de esa posici¨®n contraria de las autoridades, en ¨²ltimo t¨¦rmino la letra de la ley es viva si tiene un amparo efectivo. Para ese amparo efectivo est¨¢n los jueces. No se trata de sobredimensionar la importancia de los jueces, pero de ellos depende que funcionen eficazmente esas leyes. Esto exige un esfuerzo mayor y una atenci¨®n tremenda. Hay que ser conscientes de que estamos pidiendo mucho a los jueces, y por eso es tan importante poner a su disposici¨®n los medios necesarios, porque en ellos est¨¢ la clave de que esas garant¨ªas no sean letra muerta, sino muy vivida.