Sainz de Robles reprocha al Gobierno que base la reforma judicial en la sustituci¨®n de muchos, de los actuales jueces

BONIFACIO DE CUADRA El rey Juan Carlos declar¨® ayer abierto el a?o judicial, tras presidir el acto solemne de apertura, celebrado en el sal¨®n de plenos del Tribunal Supremo. El presidente de este alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Federico Carlos Sainz de Robles, acus¨® al Gobierno de proyectar una ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) cuyas modestas reformas se orientan, seg¨²n dijo, no a mejorar el funcionamiento de la justicia de cara a la sociedad ni a dise?ar el modelo de juez de la Constituci¨®n, sino a responder al esquema de que "hacen falta m¨¢s jueces y tambi¨¦n jueces distintos".

Sainz de Robles se separ¨® durante su intervenci¨®n no s¨®lo del tradicional modelo de acto protocolario de apertura de los tribunales, sino tambi¨¦n de los 45 folios de discurso escritos para el mismo y previamente distribuidos a la Prensa. Tras la presentaci¨®n de la Memoria del a?o judicial por parte del fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, y en presencia del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, que, sentado a la izquierda del Rey, pronunci¨® discurso alguno en el acto, el presidente del CGPJ hizo una cr¨ªtica de la futura LOPJ, en la que ech¨® de menos una reforma modernizadora de la justicia que entronque la figura del juez con las exigencias constitucionales.Especial atenci¨®n dedic¨® al amparo judicial reclamado por el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n para "todas las personas", a las que reconoce el "derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales", y a las exigencias del art¨ªculo 9 en orden a la promoci¨®n por los poderes p¨²blicos de las condiciones "para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Asimismo, denunci¨® que el proyecto de ley, en lugar de abordar qu¨¦ clase de jueces requiere la Constituci¨®n y qu¨¦ m¨¦todos de selecci¨®n son necesarios para reclutarlos, simplifica el problema decidiendo que hacen falta muchos y arbitrando el acceso directo como soluci¨®n.

Sainz de Robles, que hab¨ªa iniciado su discurso diciendo que la muerte hab¨ªa, respetado durante 1983 a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a diferencia de lo ocurrido con la jubilaci¨®n (actualmente establecida a los 72 a?os), que afect¨® a varios de ellos, censur¨® duramente, ante un auditorio integrado en su mayor¨ªa por veteranos magistrados, la iniciativa gubernamental de adelantar la jubilaci¨®n de los miembros de la carrera judicial a los 65 a?os.

El vac¨ªo que produce por arriba la comprensible y dr¨¢stica rebaja de la edad de jubilaci¨®n", dijo, "no permite tenerse en pie al argumeto de la falta de jueces". A?adi¨® que los magistrados "jam¨¢s han pretendido un privilegio para s¨ª", y que, aunque le repugnara plantearlo, deb¨ªa reclamar un nivel econ¨®mico m¨¢s alto.

La jubilaci¨®n anticipada, un'ida al sistema de acceso directo a la carrera judicial, permitieron al presidente del CGPJ afirmar que lo que el Gobierno proyecta no es tanto cubrir la necesidad de nuevas plazas judiciales sino conseguir que gran parte de los jueces sean distintos a los actuales.

Modelo de juez

Censur¨® tambi¨¦n que, mientras tanto, del proyecto de LOPJ no fluye el modelo de juez constitucional, del mismo modo que "la lectura que ha dado a la reforma del funcionamiento de la justicia no pasa", se?al¨®, "del dise?o reglamentario del r¨¦gimen interno de los tribunales".

El presidente del Tribunal Supremo asegur¨® que la revoluci¨®n de la justicia est¨¢ hecha en la Constituci¨®n, y q ue s¨®lo hay que darle forma, cosa que no ha hecho el proyecto de LOPL Entre otras reformas progresistas no acometidas, se refiri¨® a la necesaria dependencia org¨¢nica de la polic¨ªa judicial respecto a la administraci¨®n de justicia. Reproch¨® asimismo la timidez con que el proyecto de LOPJ traza la frontera al ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n castrense y estim¨® "inoportuna y peligrosa para el Tribunal Constitucional" la exigencia de que su interpretaci¨®n prevalezca "en todos los casos", habida cuenta de que la doctrina emanada del alto tribunal avanza y no est¨¢ petrificada.