La dignidad de un tribunal

LA AUDIENCIA Territorial de Barcelona, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, se ha pronunciado sobre el recurso de queja interpuesto por el fiscal contra la providencia mediante la que el magistrado Ignacio de Lecea hab¨ªa concedido a Jordi Pujol, implicado en la querella de Banca Catalana, la prerrogativa de contestar por escrito a las preguntas dirigidas por el juez. La Audiencia ha decidido que el presidente de la Generalitat est¨¢ obligado a declarar verbalmente. La resoluci¨®n no puede,causar sorpresa, ya que la ley de Enjuiciamiento Criminal es en este terreno inequ¨ªvoca, y lo era desde luego ya cuando el juez Lecea decidi¨® hacer la excepci¨®n, ahora arrumbada.Como el presidente de larAudiencia ha comentado, la decisi¨®n sobre el recurso constituye una soluci¨®n salom¨®nica y una f¨®rmula equidistante entre las posiciones de los fiscales y del juez delegado de instrucci¨®n. Es comprensible que Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera trate de quitar hierro a un acuerdo que ha dejado en desairada postura a la insistencia del juez Lecea, tambi¨¦n magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona, para dispensar a Pujol de la preceptiva declaraci¨®n oral que el ministerio fiscal por tres veces hab¨ªa solicitado. Pero el juicio legendario de Salom¨®n no parece una met¨¢fora apropiada para referirse a una resoluci¨®n judicial que ha dado la raz¨®n en lo fundamental al ministerio p¨²blico.

Para apoyar la tesis de la equidistancia de la decisi¨®n, supuestamente a medio camino entre el juez delegado y los fiscales, se argumenta que la anterior declaraci¨®n por escrito de Pujol no ha sido anulada sino que conserva su validez como manifestaci¨®n. Claro que las normas procesales sobre la formaci¨®n de un sumario no permiten la evaporaci¨®n de un documento en el que un inculpado contesta por escrito a las preguntas que le ha dirigido un juez. El elemento realmente significativo del asunto, sin embargo, es que la respuesta por escrito, que no puede desaparecer de un sumario al que hab¨ªa sido agregada, no es v¨¢lida como declaraci¨®n y que el presidente de la Generalitat deber¨¢ realizar una declaraci¨®n verbal, con la posibilidad de ser repreguntado. El salom¨®nico equilibrio tampoco puede deducirse de la elogiable decisi¨®n adoptada por la Audiencia para que el juez delegado de instrucci¨®n establezca el lugar oportuno, "por raz¨®n de su cargo", a fin de que el presidente del Gobierno aut¨®nomo catal¨¢n preste declaraci¨®n. Es razonable que el titular de un alto cargo sea objeto de las consideraciones que el desempe?o de su representaci¨®n p¨²blica merece, siempre que no atenten contra el principio de igualdad ante la ley y que no conculquen las normas de la ley de Enjuiciamiento. Porque para nada se trata de humillar a Jordi Pujol, oblig¨¢ndole a guardar turno en una secretar¨ªa de juzgado, sino tan s¨®lo de cumplir racionalmente los tr¨¢mites procesales que la ley establece.

Merece la pena resaltar que los magistrados de la Audiencia Territorial barcelonesa no han vacilado a la hora de reconsiderar una decisi¨®n tomada desde su propio ¨¢mbito y por uno de sus colegas. Mientras ciertos n¨²cleos de opini¨®n han dictado ya su veredicto a favor o en contra de Pujol -olvidando en ocasiones lo mismo la obligada suposici¨®n de inocencia que la existencia de una querella- y consideran cada actuaci¨®n judicial como un acto de provocaci¨®n a Catalu?a o como un parip¨¦, la ejemplaridad procesal que los jueces vienen demostrando reviste la dignidad exigible a un Tribunal Supremo. La prudencia mostrada hasta ahora por los magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona deber¨ªa servir de ejemplo.