Panamá será escenario a partir de hoy de intensos esfuerzos negociadores para comunicar el acta de paz de Contadora
Las negociaciones de Contadora entran en una nueva fase de aceleración a partir de hoy, tras el serio revés dado por Washington con sus objeciones en materia de seguridad y verificación, repetidas luego mecánicamente por los Gobiernos de Honduras y El Salvador. La investidura del presidente paname?o Ricardo Ardito Barletta congregará a varios jefes de Estado de Centroamérica y el Grupo de Contadora, además del secretario de Estado norteamericano, George Shultz, y todos los cancilleres que intervienen en este diálogo por la paz.
Antes de viajar a la capital paname?a, Bernardo Sepúlveda, secretario mexicano de Relaciones Exteriores, ha declarado que el verdadero problema está en la falta de voluntad política de los Gobiernos centroamericanos para cumplir los compromisos contenidos en el acta. Después de se?alar que los mecanismos de verificación son suficientes, a?adió que no se puede progresar en la pacificación mientras no haya un deseo genuino de los Estados involucrados, en el conflicto. La Administración Reagan ha apuntado que los mecanismos de control son demasiado débiles, sobre todo en materia de compromisos políticos, ya que no permiten determinar con precisión si un país cumple unas normas democráticas mínimas y no establecen ningún tipo de sanción. Todo quedaría sujeto, a su juicio, a la buena voluntad de los firmantes. Varios Gobiernos europeos, incluso aquellos que están dispuestos a adherirse al acta, suscriben este punto de vista, según pudo apreciarse en la reciente conferencia de San José.
Al margen de la de la densa lógica que el Grupo de Contadora hace de su texto, es evidente la escasa fuerza que se adjudica al comité especial encargado de fiscalizar los acuerdos políticos.
Sus funciones se detallan apenas en tres párrafos, y se limitan a evaluar los informes recibidos tanto de los Gobiernos como de las organizaciones políticas, y a elaborar recomendaciones periódicas. Sus decisiones carecen de poder vinculante.
La misma objeción se ha formulado respecto a la comisión encargada de verificar los compromisos de desarme, pero sus funciones aparecen mucho más detalladas, se le fijan unos criterios claros y se le garantiza al menos el derecho a investigar las denuncias sobre el terreno, algo que los fiscales políticos no pueden hacer.
El Grupo de Contadora argumenta que la última garantía del acta es la voluntad política de cada Gobierno de cumplir los compromisos adquiridos, pero un tratado internacional vinculante no puede dejar tantas cuestiones sometidas a la subjetividad de cada país. Aparte del repudio internacional que motivaría la violación flagrante del acta por un Estado, no hay ningún otro sistema de sanción.
En materia de desarme, Washington objeta que la verdadera negociación empieza después de la firma, ya que el acta no establece un techo para el armamento de cada país. La reserva tiene bases reales, pero resulta imposible determinar ese nivel máximo mientras los Gobiernos centroamericanos no hagan un inventario de sus fuerzas actuales en instalaciones, hombres y armas. El acta de Contadora les obliga precisamente a entregar esta relación en un plazo de 30 días. A partir de ahí establece un calendario ajustado, con un límite de un mes para que los cinco Gobiernos centroamericanos determinen de común acuerdo un techo sobre los armamentos siguientes: aviones de combate, helicópteros, tanques y vehículos blindados, piezas de artillería, barcos de guerra, proyectiles dirigidos y bases de lanzamiento. Mientras no lleguen a un acuerdo en esta materia se establece una moratoria para cualquier adquisición de equipos bélicos.
En una tercera etapa, también de 30 días, los cinco países acordarán límites en materia de instalaciones militares y efectivos humanos. El Grupo de Contadora no ha podido avanzar más en este capítulo porque ningún país cumplió el compromiso asumido a comienzos de a?o de elaborar su inventario de guerra. Mientras no se cumpla ese trámite, el acta no puede ir más lejos, y nadie quiere descubrir sus cartas antes de firmar los tratados, con lo cual el tema entra en un círculo vicioso.
En otras cuestiones relacionadas con la seguridad, el texto es bastante preciso: suspensión automática de todas las maniobras en curso con participación de ejércitos extrarregionales, desmantelamiento de bases extranjeras en un plazo máximo de seis meses, control riguroso del tráfico de armas a las guerrillas y retirada inmediata de los asesores extranjeros que realizan tareas operativas o de adiestramiento.
El capítulo de seguridad es, sin duda, el mejor estructurado de todos y el más pormenorizado, pero Contadora no puede ir más lejos que los Gobiernos centroamericanos. Las reservas formuladas por Washington a este respecto parecen más encaminadas a retrasar la firma que a garantizar una paz duradera.
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