La Generalitat aprueba la destituci¨®n del presidente de la Caixa de Catalunya y nombra un delegado

El Departamento de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat de Catalu?a dict¨® ayer dos resoluciones sobre la crisis de los ¨®rganos rectores de la Caixa de Catalunya, una de las cuales supone "archivar las actuaciones" sobre la impugnada destituci¨®n del presidente Josep Llu¨ªs Sureda, lo que equivale a dar por bueno dicho cese. Otra resoluci¨®n establec¨ªa que continuase "la informaci¨®n reservada abierta por el Banco de Espa?a" sobre la actuaci¨®n del director general, Joan Bilbao, al tiempo que aprobaba la convocatoria de asamblea general que se inici¨® poco despu¨¦s, advirtiendo a sus componentes para que no adoptaran decisiones que no les incumbiesen. En una tercera nota, la Generalitat informaba que la reuni¨®n de la Comisi¨®n de Control en que se propusieron los ceses de otros consejeros del bloque progresista "no puede considerarse correctamente practicada". A las 11 de la noche dict¨® otra resoluci¨®n designando un delegado hasta que se nombre nuevo presidente. Poco antes, la asamblea general acept¨® aplazar la reforma de Estatutos que perjudicaba a la diputaci¨®n.

Las resoluciones de la Generalitat apoyan plenamente las tesis del bloque conservador -el encabezado por el director general, Joan Bilbao-, tanto sobre la destituci¨®n del presidente de la entidad, Josep Llu¨ªs Sureda, como sobre la validez de la asamblea general extraordinaria. Simult¨¢neamente, incluyen concesiones s¨®lo parciales, aunque significativas, a la Diputaci¨®n de Barcelona y al bloque progresista de la caja. Aunque la Generalitat no incoa expediente disciplinario al director general, se ordena la continuaci¨®n del expediente informativo que le ha abierto el Banco de Espa?a. Asimismo, considera incorrecta la reuni¨®n de la Comisi¨®n de Control en la que se acord¨® proponer la destituci¨®n de su presidente, el socialista Francesc Adam, y del vicepresidente de la entidad, Santiago Marim¨®n. En lo referente a la celebraci¨®n de la asamblea, la Generalitat la autoriz¨®, aunque advirti¨® expresamente de que ello no iba en "perjuicio de las facultades de aprobaci¨®n" que ejercer¨ªa el Departamento de Econom¨ªa sobre "los acuerdos de modificaci¨®n de los Estatutos que adopte dicha asamblea".

Reforma estatutaria aplazada

Esta advertencia, y una sugerencia de aplazar la reforma estatutaria hecha por el conseller, Josep Maria Cullell, en una conversaci¨®n mantenida por la tarde con el director general, motivaron que la asamblea aprobara el aplazamiento de la reforma hasta la pr¨®xima asamblea extraordinaria, fijada para el d¨ªa 9 de noviembre. Este plazo parece destinado a propiciar una negociaci¨®n con la diputaci¨®n, a la que se somete nuevamente, sin embargo, a la presi¨®n de una reforma estatutaria a plazo fijo.

La aprobaci¨®n de este aplazamiento cont¨® en la asamblea con 33 votos en contra -un tercio de la concurrencia-, partidarios de una l¨ªnea "m¨¢s dura", consistente en hacer caso omiso a la Generalitat y desposeer sin m¨¢s tr¨¢mite a la diputaci¨®n del derecho a ostentar la presidencia, que mantiene desde que fund¨® la caja en 1926. Conocida la votaci¨®n por la Generalitat, ¨¦sta design¨® al ahogado del Estado Alejandro Garc¨ªa Bragado como delegado en el consejo, con facultad de suspender sus acuerdos. Ello ocurr¨ªa minutos antes de las 11 de la noche. La asamblea hab¨ªa empezado a las siete de la tarde. Muy poco antes, a las cuatro de la tarde, se hab¨ªan recibido en la caja y en la diputaci¨®n las resoluciones de la Generalitat, que daban respuesta a las peticiones de la diputaci¨®n de que se repusiera a Sureda en la presidencia, se suspendiera en sus funciones a Bilbao y se suspendiera la celebraci¨®n de la reuni¨®n de ayer.

La asamblea dur¨® m¨¢s de cuatro horas. Fue presidida por Valent¨ªn Garrigasait, vicepresidente segundo y antiguo pol¨ªtico centrista de Solsona, acompa?ado del director y del secretario de actas, el abogado Ramon Mar¨ªa Llevadot, quien sigue compartiendo este empleo con el cargo oficial de director del Gabinete Jur¨ªdico Central de la Generalitat y con un despacho particular. En una mesa de honor figuraban los letrados autores de varios dict¨¢menes jur¨ªdicos que apoyan las tesis del llamado bloque conservador. Asistieron 112 de los 140 consejeros. De los 28 representantes de la diputaci¨®n s¨®lo acudieron tres. Durante casi una hora se ley¨® el informe del consejo de administraci¨®n -que fue aprobado por 105 votos-, abri¨¦ndose un turno de duras cr¨ªticas a la diputaci¨®n, a Josep Llu¨ªs Sureda y al vicepresidente primero, Santiago Marim¨®n. Tras una p¨²blica feficitaci¨®n a Joan Bilbao, y la rendici¨®n de cuentas del consejo, se abord¨® el asunto del cambio de estatutos. El acuerdo alcanzado especificaba que el aplazamiento se debe a que "la asamblea conf¨ªa en el honorable conseller de Econom¨ªa y Finanzas y que, ¨²nica y exclusivamente por este motivo atiende la solicitud respetuosa hecha" por ¨¦l y no aprobaba inmediatamente el cambio estatutario.

Antes de acabar el acto se ley¨® una carta de Santiago Marim¨®n y un texto del presidente de la diputaci¨®n en el que manifestaba que la celebraci¨®n de la asamblea era irregular. Esta lectura desagrad¨® a buena parte de los asistentes.

Falta de competencias

Por otra parte, algunos detalles de las resoluciones de la Generalitat ofrecen inter¨¦s desde el punto del examen jur¨ªdico. La decisi¨®n del director general de Pol¨ªtica Financiera de la Generalitat, Josep Morist, dando en la pr¨¢ctica por buena la destituci¨®n de Josep Llu¨ªs Sureda en la presidencia, archiva el expediente abierto tras esta decisi¨®n, que fue adoptada por 11 de los 20 consejeros de la caja el pasado 18 de septiembre. En la resoluci¨®n se deniegan las peticiones de Sureda, de otros consejeros y del propio Dalmau, de reponer al primero en la presidencia. La resoluci¨®n se justifica en que el consejo era competente para cesar a su presidente, que no era imprescindible incluir el tema en el orden del d¨ªa para que luego fuera v¨¢lido el cese, y que, por tanto, no se han "atacado en el presente caso principios b¨¢sicos de la regulaci¨®n legal que pudieran fundamentar una actuaci¨®n de tutela", por lo que "el Protectorado no tiene jurisdicci¨®n ni competencias para pronunciarse sobre la validez o la oportunidad del cese".