La Audiencia de Barcelona pide a Bur¨®n que mantenga las acusaciones contra tres rectores de universidad

La Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado pedir al Fiscal General del Estado que mantenga las acusaciones y prosiga la investigaci¨®n contra los rectores de las universidades de Barcelona, Polit¨¦cnica de Catalu?a y Aut¨®noma de Barcelona por los presuntos delitos de fraude y exenci¨®n ilegal, supuestamente cometidos entre 1972 y 1976 al establecer y cobrar una tasa extra de matriculaci¨®n. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona se oponen de esta manera a las tesis expuestas la semana pasada por el fiscal de la causa, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, quien retir¨® las acusaciones contra los rectores y reclam¨® el sobreseimiento del sumario por considerar que a ¨¦stos se les deb¨ªa aplicar la eximente de estado de necesidad.

La petici¨®n de los magistrados Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, C¨¦sar Plana Saura y Jos¨¦ Luis Barrera Cogollos se ha formulado sobre la base del art¨ªculo 644 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mencionado art¨ªculo se establece que los tribunales podr¨¢n dirigirse al Fiscal General del Estado cuando consideren improcedente la petici¨®n de un fiscal reclamando el sobreseimiento de una causa y en la misma no exista acusaci¨®n particular que sostenga la acci¨®n.La solicitud de los magistrados de Barcelona, pidiendo la intervenci¨®n del Fiscal General del Estado ha sido calificada en medios jur¨ªdicos de inusual. En los citados medios se asegura que el precedente m¨¢s inmediato ocurri¨® en Barcelona hace unos 15 a?os, cuando otra sala reclam¨® la mediaci¨®n del fiscal general en un sumario por presuntos malos tratos.

Los magistrados de la Secci¨®n Primera de lo Penal han razonado su petici¨®n en un auto de tres folios que fue firmado ayer. En este auto se rebaten los argumentos expuestos por el fiscal Carlos Jim¨¦nez Villarejo en el dictamen del pasado 18 de octubre, en el que retiraba las acusaciones contra los rectores, aludiendo al estado de necesidad en que se encontraban ¨¦stos, que prefirieron cobrar los citados impuestos y "lesionar un bien jur¨ªdico" para poder mantener la actividad acad¨¦mica en las universidades. El cobro de estas tasas ilegales supuso para las universidades de Barcelona, Polit¨¦cnica de Catalu?a y Aut¨®noma de Barcelona unos ingresos extras de 404.470.278 millones de pesetas.

Aseguran los magistrados que en la actuaci¨®n de los rectores no se puede aplicar la eximente de estado de necesidad puesto que en su comportamiento no se cumplen los requisitos establecidos en el art¨ªculo 8, apartado s¨¦ptimo, del C¨®digo Penal, ni los criterios adoptados recientemente por el Supremo. Los tres jueces condenan la soluci¨®n adoptada por los rectores de cobrar estas sobretasas para salvaguardar la continuidad de la vida acad¨¦mica, puesto que consideran que el costo de esta soluci¨®n recay¨® "sobre los hombros permanentemente agostados de los ciudadanos". Aseguran los jueces que esta falta de medios econ¨®micos en la universidad quiz¨¢ se hubiera podido solventar si los rectores se hubieran enfrentado al Gobierno "con esta voz tan valiente como distante que expresa el vocablo de dimisi¨®n".

En uno de los considerandos del auto los magistrados analizan y descalifican la actuaci¨®n de los rectores, asegurando que se trata de soluciones "mesi¨¢nicas". El documento, que tiene. una complicada sintaxis, dice textualmente que "si bien la elevada funci¨®n docente de esta figura magn¨ªfica que es un rector de universidad, en cuanto atesora la facultad de ordenaci¨®n cultural de la esperanza de los pueblos, y a¨²n su decidida vocaci¨®n de superaci¨®n de problemas presupuestarios, tal vez estrictamente ajenos, provoca un h¨¢lito de agredecimiento en el acervo, lo cierto es que el end¨¦mico y paup¨¦rrimo caminar de la cultura patria no puede generar mesianismos que, superando el propio sacrificio, caigan sobre este grupo social inmenso que sue?a con llegar al saber en base a la reversi¨®n de una entonces ya inquietante presi¨®n fiscal".

Unanimidad sobre Estap¨¦

El ¨²nico punto en que coinciden los magistrados y el fiscal es en el que hace referencia a Fabi¨¢n Estap¨¦, ex rector de la Universidad de Barcelona. Recogiendo la petici¨®n del fiscal, la sala ordena al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Barcelona, que abra un sumario contra este ex rector por un presunto delito de apropiaci¨®n indebida. En este sumario el juez deber¨¢ investigar el destino que Fabi¨¢n Estap¨¦ dio a 30 millones de pesetas que le fueron abonados a la universidad por la empresa TABASA, que ocup¨® unos terrenos de ¨¦sta para construir uno de los t¨²neles del Tibidabo. La finca afectada, Can Mestres, situada en Cerdanyola, hab¨ªa sido donada a la citada universidad por el doctor Agust¨ª Pere Pons.

Fabi¨¢n Estap¨¦ ingres¨® esta cantidad en una cuenta a su nombre en el Banco de Huesca, constat¨¢ndose que de la misma cuenta se retiraron 13 millones de pesetas con un tal¨®n nominativo del ex rector, seg¨²n obra en la documentaci¨®n de la causa. La pista de esta cuenta desaparece tras la absorci¨®n del Banco de Huesca por el Banco de Bilbao. Fabi¨¢n Estap¨¦ fue asesor econ¨®mico del antiguo propietario del Banco de Huesca, Jos¨¦ Santacreu, quien posteriormente fund¨® un banco en Panam¨¢ tras la venta de su primera entidad bancaria.