Pr¨®xima reanudaci¨®n de las negociaciones para completar la desmonopolizaci¨®n de Campsa

El Ministerio de Industria y Energ¨ªa tiene previsto reanudar el pr¨®ximo mes las negociaciones con las refiner¨ªas, tanto p¨²blicas como privadas, para proceder a las dos siguientes fases del proceso de desmonopolizaci¨®n de Campsa: transferencia de los activos del Estado a la nueva compa?¨ªa y la entrada de las refiner¨ªas en la sociedad. Mientras tanto, el titular del departamento, Carlos Solchaga, ha dado una nueva interpretaci¨®n al creciente abanderamiento de estaciones de servicio por parte de las refiner¨ªas -es decir, la colocaci¨®n de la imagen y nombre de la marca en los puntos de venta- al se?alar que no infringe norma alguna y, en todo caso, se tratar¨ªa de una cuesti¨®n alegal, es decir no contemplada en ley.

Las declaraciones de Solchaga, realizadas a la salida de las Jornadas del PSOE sobre Empresa P¨²blica, han causado una profunda sorpresa en medios de algunas empresas firmantes del denominado Protocolo para la reordenaci¨®n del sector de petr¨®leo, donde expresamente se se?alaba que el abanderamiento de las estaciones de servicio corresponder¨ªa, exclusivamente a Campsa dentro del nuevo esquema de distribuci¨®n de productos petrol¨ªferos.Con sus declaraciones, Solchaga respond¨ªa, por otro lado, al inter¨¦s mostrado desde medios sindicales y empresariales para que se reanude cuanto antes el proceso de adaptaci¨®n del monopolio de distribuci¨®n de productos petrol¨ªferos a la normativa de la Comunidad Econ¨®mica Europea, en vista de las negociaciones en curso para la integraci¨®n espa?ola en la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE). A este respecto, la secci¨®n de UGT de Campsa, por segunda vez en una semana, solicitaba la dimisi¨®n de los responsables energ¨¦ticos del ministerio de Industria por entender que, de alguna forma, se estaba tratando de escamotear el futuro desarrollo del protocolo de julio de 1983.

Asimismo, desde la propia Campsa como desde alguna otra empresa se ha criticado duramente la actitud general del Gobierno de permitir, bajo cuerda, el abanderamiento de las estaciones de servicio, cuesti¨®n no s¨®lo prohibida expresadamente por el mencionado documento sino que viola, seg¨²n la interpretaci¨®n de algunos juristas y de Campsa, la ley fundacional del monopolio -todav¨ªa en vigor- y, m¨¢s concretamente, el actual Reglamento para la venta y suministro de carburantes. La secci¨®n de UGT de Campsa interpretaba que este reglamento califica como falta muy grave el abanderamiento que, en su opini¨®n, podr¨ªa llevar a la incautaci¨®n de la gasolinera.

La falta de iniciativas gubernamentales en el desarrollo del protocolo ha preocupado tambi¨¦n al Grupo Parlamentario Socialista, que todav¨ªa no ha obtenido respuesta a una pregunta formal al Gobierno en la que se le reclamaba una explicaci¨®n por la continua permisividad oficial respecto del abanderamiento de las estaciones de servicio. Algunos miembros del partido socialista creen ver un cambio de actitud en torno a este pol¨¦mico tema.

El coste financiero

Al margen de esta cuesti¨®n de la marca, que algunas empresas como Cepsa consideran de vital importancia dentro de su estrategia comercial de ventas de productos lubricantes, la pr¨®xima ronda de negociaciones entre ministerio y refiner¨ªas se centrar¨¢, en una primera fase, en la transferencia de activos del Estado a la nueva Campsa y, en una segunda, en el mecanismo de financiaci¨®n y venta de una parte de las acciones de la actual Campsa a las refiner¨ªas p¨²blicas y privadas, de acuerdo a unos porcentajes previamente establecidos.Seg¨²n algunos medios, el inicio de esta fase est¨¢ tan s¨®lo pendiente de la aprobaci¨®n definitiva por el Parlamento del proyecto de ley sobre reordenaci¨®n del sector petrolero. Precisamente, esta pasada semana el Congreso de los Diputados dio su aprobaci¨®n definitiva al proyecto, con una queja por parte de los grupos de oposici¨®n en el sentido de que la valoraci¨®n definitiva de la red de distribuci¨®n de Campsa, contenida en el proyecto, iba a resultar muy onerosa para las refiner¨ªas.

El coste que la entrada en Campsa va a tener para las refiner¨ªas -el protocolo dice que las refiner¨ªas pagar¨¢n el neto patrimonial de la nueva sociedad- oscila entre 60.000 y 70.000 millones de pesetas, seg¨²n fuentes informadas. Esto se traduce en el pago de unos 10.000 millones de pesetas para una empresa como Cepsa hasta casi 50.000 millones para el total de empresas englobadas en el grupo p¨²blico del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Algunas directivos de estas empresas consideran que una articulaci¨®n err¨®nea, o meramente recaudatoria, del pago de esta participaci¨®n podr¨ªa suponer el hundimiento financiero de las refiner¨ªas.

La situaci¨®n es tan evidente que un experto del sector comentaba dram¨¢ticamente que si el objetivo de la reordenaci¨®n del sector hab¨ªa sido preparar a las empresas refinadoras y al sector para la integraci¨®n en la CEE, una pol¨ªtica ciega y a corto plazo en el tema del pago de la participaci¨®n en el capital de Campsa podr¨ªa llegar a una meta completamente opuesta a la perseguida.

Para evitar esta posibilidad, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Fern¨¢ndez y Roberto Centeno, dos altos responsables del sector petrolero p¨²blico, incluso han llegado a sugerir un programa de ayuda oficial para el sector de refino similar al que se ha instrumentado para las empresas el¨¦ctricas. Seg¨²n el presidente de EMP y el consejero delegado de Campsa, la relaci¨®n de recursos propios/ajenos de las empresas del sector deber¨ªa situarse en tomo al 50/50 al final del per¨ªodo de adaptaci¨®n (1992) a la CEE, para situarlas en competencia con la media europea.