Las salidas fuera del juzgado son a cargo del Estado, seg¨²n el Consejo del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto al Ministerio de Justicia que dicte una disposici¨®n para acabar con la corruptela de que los funcionarios de los juzgados cobren a los particulares por las diligencias realizadas fuera de los mismos. En contraste con el criterio de la mayor¨ªa de los jueces civiles de Madrid, el CGPJ entiende que tales gastos de desplazamiento deben ser indemnizados por el Estado, por lo que los funcionarios judiciales "no percibir¨¢n cantidad alguna, bajo ning¨²n concepto, por raz¨®n de salidas, de las partes y dem¨¢s personas intervinientes en el proceso".

La decisi¨®n del CGPJ, calificada de hist¨®rica en medios progresistas de la judicatura, da cumplimiento a parte del plan propuesto por Jueces para la Democracia el pasado fin de semana (ver EL PAIS del 19 de noviembre). El CGPJ ha acordado crear una comisi¨®n para profundizar en las causas "originadoras de disfunci¨®n o corrupci¨®n", as¨ª como proponer al Gobierno que adopte una disposici¨®n que acabe con las dudas existentes.El CGPJ ha adelantado los criterios de la futura norma. El m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de la justicia estima que los desplazamientos de los funcionarios judiciales para la pr¨¢ctica de diligencias fuera del t¨¦rmino municipal donde radique la sede del Juzgado o Tribunal deber¨¢n ser indemnizables en concepto de comisiones de servicio. Igualmente, el Estado deber¨¢ indemnizar por los gastos de desplazamiento dentro del t¨¦rmino municipal.

Seg¨²n el CGPJ, las indemnizaciones que procedan por estos conceptos "se reclamar¨¢n del Ministerio de Justicia con peridicidad mensual para todos los funcionarios que las hayan devengado. La liquidaci¨®n la formular¨¢ el secretario con el visto bueno del juez o presidente del tribunal, y a la misma se acompa?ar¨¢ la documentaci¨®n justificativa, cuando proceda. El personal judicial con derecho a estas indemnizaciones "podr¨¢ percibir por adelantado el importe aproximado de los gastos originados por la diligencia" y el Ministerio de Justicia remitir¨¢ a las secretar¨ªas de los ¨®rganos judiciales "fondos a justificar".

Los particulares no pagar¨¢n

Los criterios del CGPJ para la nueva disposici¨®n ponen el acento en que "los funcionarios al servicio del poder judicial no percibir¨¢n cantidad alguna, bajo ning¨²n concepto, por raz¨®n de salidas, de las partes y dem¨¢s personas intervinientes en los procesos y causas". "Por ello se hace especial hincapi¨¦", a?ade, "en que deber¨¢n adoptarse las previsiones presupuestarias precisas para que dotaciones insuficientes o retrasos en el pago no produzcan demoras o, incluso, un verdadero colapso en la administraci¨®n de justicia".Aunque la soluci¨®n propuesta es para el futuro, al expresar su compromiso a investigar a fondo las denuncias que se realicen, el CGPJ considera impl¨ªcitamente que los actuales cobros a los particulares por salidas y otros conceptos no son legales. Este no es, en cambio, el criterio de los jueces civiles de Madrid que, en una reuni¨®n celebrada ayer, ratificaron, por 16 votos contra tres, el acuerdo adoptado el pasado mi¨¦rcoles, por el que se estableci¨® que los jueces firmen los recibos, pero se acept¨® que los ciudadanos los paguen. Los jueces penales no han tenido oportunidad de pronunciarse. Por ello, en los pr¨®ximos d¨ªas habr¨¢n de ser convocados, a fin de que exista acuerdo formal de la Junta de Jueces.

Seg¨²n el proyecto de acuerdo de los jueces civiles, aparte de los gastos de locomoci¨®n, la salida a m¨¢s d¨¦ dos kil¨®metros del juzgado permitir¨¢ percibir de los particulares una dieta de 900 pesetas para los agentes y auxiliares, de1.200 para los oficiales y de 1.500 pesetas para los jueces. La minor¨ªa de jueces contraria a este acuerdo insisti¨® en que tales percepciones son ?legales y que los funcionarios judiciales s¨®lo deben ser retribuidos por el Estado.

En el fondo del problema de los cobros ilegales a los particulares algunos jueces ven el riesgo de que el malestar de los funcionarios les lleve a realizar huelgas de celo, que colapsen la actividad de los juzgados. Jueces para la Democracia ha estimado preferible, en su escrito al CGPJ, el celoso cumplimiento de las garant¨ªas procesales a una discutible mayor celeridad en el tr¨¢mite de los procesos.