La responsabilidad de los altos cargos de UCD en el 'caso de la colza' ser¨¢ investigada en un nuevo sumario

El Tribunal Supremo dictamin¨® ayer que la presunta responsabilidad de 10 altos cargos del Gobierno de UCD en el caso del envenenamiento masivo por aceite de colza deber¨¢ ser investigada en un nuevo sumario. La confirmaci¨®n del desdoblamiento del sumario de la colza no estuvo motivada por lo acertado de la decisi¨®n de la Audiencia Nacional, que lo hab¨ªa ordenado, sino porque, seg¨²n el Supremo, los abogados recurrentes no interpusieron el recurso adecuado.

Fuentes del Tribunal Supremo manifestaron ayer a EL PAIS que la decisi¨®n del desdoblamiento del sumario es "muy discutible desde el punto de vista jur¨ªdico", y que, en el caso de que se hubiera planteado el recurso adecuado, con toda probabilidad habr¨ªa sido admitido.El alto tribunal, cuyo ponente en este caso ha sido el magistrado Luis Vivas Marzal, deneg¨® por razones de forma el recurso de queja presentado, que no era el que proced¨ªa en este caso. El recurso procedente era el de casaci¨®n, una vez que la decisi¨®n de la Audiencia Nacional fue definitiva, pero los recurrentes han dejado transcurrir el plazo de preparaci¨®n del mismo.

La decisi¨®n de abrir un nuevo sumario para exigir responsabilidades a 10 altos cargos de la Admin¨ªstraci¨®n de UCD fue adoptada el 12 de abril de 1984 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sala orden¨® al juez instructor del sumario de la colza, Alfonso Barcala, que formara testimonio con los particulares relativo a la actuaci¨®n de los citados altos cargos, para que se abriera una nueva investigaci¨®n y sumario en el que se depuraran sus responsabilidades penales. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional acord¨® los procesamientos de 11 industriales y qu¨ªmicos por su participaci¨®n en el envenenamiento por aceite de coiza, cuyos recursos de apelaci¨®n se han celebrado esta misma semana y en la actualidad est¨¢n pendientes de resoluci¨®n judicial.

La decisi¨®n de separar el sumario de la colza del proceso a los altos cargos fue adoptada para no retrasar la resoluci¨®n del sumario principal. Seg¨²n la Audiencia, el tipo de actuaci¨®n de los industriales del aceite y de los cargos de la Administraci¨®n es muy diferente en su esencia y en sus fines.

El auto de la Audiencia Nacional confirmado ahora fue recurrido, pero en una decisi¨®n posterior la citada sala puntualizaba que los argumentos de los recursos no destru¨ªan los fundamentos de la decisi¨®n y recalcaba que las diferencias entre las conductas de los particulares y las autoridades excluyen en este caso el principio de unidad procesal. Y razonaba m¨¢s adelante que el distinto nivel alcanzado en las investigaciones sobre las actuaciones de los altos cargos y de los industriales aconsejaba la bifurcaci¨®n de sumarios para evitar mayores demoras en el sumario de la colza, que est¨¢ m¨¢s desarrollado. Esta decisi¨®n, seg¨²n el Tribunal, no supone merma del principio de contradicci¨®n, ya que no impide aportar como testigos en cualquiera de las dos causas a personas no procesadas en las mismas ni la posibilidad de realizar careos.

Dos de las acusaciones plantearon al Supremo que declarara nulo el citado auto de la Audiencia Nacional y todas las actuaciones posteriores para corregir anomal¨ªas procesales que desencadenar¨ªan en el futuro numerosos recursos, entre ellos el de amparo ante el Tribunal Constitucional; pero el Supremo ha desestimado la petici¨®n por considerar que no ha sido formulada en el momento procesal oportuno.

Responsabilidades penales

El auto de la Audiencia Nacional que ahora ha sido confirmado se?alaba: "Esta sala no descarta la posible existencia de responsabilidades penales en alguno de los funcionarios o autoridades de la Administraci¨®n", y agregaba que "deben ser objeto de investigaci¨®n y, en su caso, de enjuiciamiento en causa separada". Por ello ordenaba al juez instructor que remitiera el testimonio al juzgado de instrucci¨®n correspondiente "para averiguar y hacer constar las posibles responsabilidades penales de dichas autoridades y funcionarios".

Los altos cargos para los que se solicit¨® el procesamiento, y sobre los que se abrir¨¢ una nueva investigaci¨®n, son Luis Valenciano, ex director general de la Salud P¨²blica; Roberto Conty, ex subdirector general de Higiene de los Alimentos; Guillermo Tena, ex director del Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa; Agust¨ªn Hidalgo de la Quintana, ex secretario de Estado de Comercio; Jos¨¦ Guill¨®, ex director general de Competencia y Consumo y ex comisario general de Abastecimientos y Transportes; Jos¨¦ Ram¨®n Bustelo, ex director general de Pol¨ªtica Arancelaria e Importaci¨®n; Antonio R¨²a, ex director general de Aduanas e Impuestos Especiales; Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Ferrero, ex subsecretario de Agricultura; Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Molina, ex director general de Industrias Agrarias, y Antonio Bard¨®n, ex jefe del Servicio contra el Fraude y ex subdirector de Defensa contra Fraudes.

Los procesamientos de varios de estos altos funcionarios hab¨ªan sido denegados en dos ocasiones por el juez instructor, (la primera, a principios de junio de 1983, y la segunda, a principios de noviembre del mismo a?o). En la primera de las ocasiones, en la que se denegaron los procesamientos de Valenciano, Conty, Tena, Hidalgo, Guill¨®, Bustelo y R¨²a, el juez precis¨®: "Es evidente que en ninguno de los se?ores denunciados cabe apreciar conductas, por acci¨®n u omisi¨®n, de las que pudiera desprenderse incumplimiento de las obligaciones inherentes a los cargos que desempe?aban, con incidencia en el orden jur¨ªdico penal o conocimiento de la comisi¨®n de presuntos hechos punibles de terceros". Tambi¨¦n a?ad¨ªa que de la actuaci¨®n de estos altos cargos "no se desprende hecho alguno al que cupiera atribuir una extensi¨®n de los efectos de la intoxicaci¨®n ni un encubrimiento de las posibles causas que la produjeron".