La chapuza del recargo socialista / 1

El recargo que se pretende imponer sobre la cuota l¨ªquida del IRPF es un recargo ¨²nica y exclusivamente socialista. Por una parte, es evidente la conclusi¨®n acerca de qui¨¦nes son los impulsores del mismo: el recargo es propuesto formalmente por los socialistas de cinco Ayuntamientos madrile?os; es asumido y plasmado en proyecto de ley auton¨®mica por los socialistas de la Comunidad de Madrid (con el rechazo de la oposici¨®n conservadora y de los comunistas); es defendido p¨²blicamente por el ministro socialista de Econom¨ªa y Hacienda; es justificado -en un art¨ªculo conjunto publicado en EL PAIS- por el concejal socialista de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y el consejero de Econom¨ªa y Hacienda de la Comunidad de Madrid.El proyecto, pues, recorre todas las instancias institucionales a trav¨¦s, exclusivamente, de los representantes socialistas, sin romperse ni mancharse ante las cr¨ªticas que en cada una de dichas instancias ha recibido de los dem¨¢s representantes. Parafraseando una expresi¨®n popular, podr¨ªamos decir que "ellos se lo guisan, pero hemos de com¨¦rnoslo todos" (o mejor dicho, no todos, sino los que no defraudan al fisco, como luego veremos). Por otra parte, el articulado del proyecto de ley hace posible que las cantidades recaudadas se repartan arbitrariamente, ya que, seg¨²n se establece, la distribuci¨®n del 40% de la recaudaci¨®n y la de las inversiones a financiar "se regular¨¢n por decreto del Consejo de Gobierno (tambi¨¦n socialistas, del que se dar¨¢ cuenta a la Asamblea de Madrid" (Art¨ªculo 5.2).

Pero, adem¨¢s, el proyecto de recargo constituye una chapuza en el sentido que da nuestra Academia de la Lengua ("trabajo mal hecho o sucio"), aunque prescindiendo de la segunda calificaci¨®n. Chapuza desde un triple punto de vista: la equidad fiscal, la t¨¦cnica fiscal y la legislaci¨®n vigente.

En el art¨ªculo publicado en EL PAIS por Francisco Gil y Alfredo Tejero, afirman que el proyecto de recargo ha provocado comentarios poco solventes y demag¨®gicos. No s¨¦ a qui¨¦nes dirigen tales calificativos, pero el ¨²nico ejemplo que formulan es, el de la mayor recaudaci¨®n que obtendr¨ªan "los pueblos con alcalde comunista".

Yo creo que este argumento es sumamente peligroso. Formulado como est¨¢ da la impresi¨®n de que ¨¦ste es un problema que afecta ¨²nicamente a las instituciones y que, por tanto, basta para resolverlo con que ¨¦stas se pongan de acuerdo entre s¨ª mediante el procedimiento de que algunas de ellas (los Ayuntamientos comunistas en este caso) reciban m¨¢s dinero que antes, sin cuestionarse qui¨¦n paga ese dinero; es decir, olvidando a los sujetos sociales que han de soportar la mayor carga tributaria. Veamos, pues, el problema desde este ¨²ltimo punto de vista; o sea, desde "una ¨®ptica de izquierdas", como es la que se atribuyen a s¨ª mismos los se?ores Gil y Tejero.

Como es sabido, el pretendido recargo gravar¨ªa no los ingresos realmente obtenidos, sino los declarados a la Hacienda p¨²blica. Una "¨®ptica de izquierdas" ha de plantearse, pues, por encima de todo, qui¨¦nes son los que declaran y cu¨¢nto; es decir, sobre qu¨¦ sectores sociales gravitar¨ªa esencialmente el recargo. En un reciente estudio realizado por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda y utilizado por el ministro en una conferencia pronunciada sobre el fraude fiscal, se contienen las siguientes cifras, obtenidas a partir de las declaraciones efectuadas en 1982 (correspondientes, por tanto, a los ingresos obtenidos en 1981): ?Resulta de ello que un empresario gana poco m¨¢s de la mitad que in trabajador! ?Y un empresario agr¨ªcola, nueve veces menos! Esta evidencia acerca de los estratos sociales donde se halla localizado el fraude fiscal llega a convertir un impuesto progresivo, como lo es el IRPF, en netamente regresivo. Por tanto, no es posible referirse al car¨¢cter progresivo del recargo sin solucionar previamente el problema agud¨ªsimo del fraude fiscal, que, en definitiva, determina qui¨¦n es el que paga realmente.

A su vez, este problema del fraude fiscal es doble: se defrauda porque no se declara y se defrauda porque se declara menos de lo que se gana o lo que se tiene. Veamos por separado ambos aspectos en el ¨¢mbito de la Comunidad de Madrid.

El cuadro I se ha confeccionado dividiendo, para cada municipio y con datos de 1982, el n¨²mero de declarantes por el IRPF entre el n¨²mero de habitantes. La parte izquierda del cuadro recoge los municipios m¨¢s significativos entre los 23 en que dicha proporci¨®n es mayor; la parte derecha recoge los m¨¢s significativos entre los 23 en que dicha proporci¨®n es menor.

La distribuci¨®n es altamente reveladora: en Madrid y su cintur¨®n industrial declara su renta a Hacienda un porcentaje de la poblaci¨®n comprendido entre el 19,6% y el 25,4%; es decir, un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que cada declaraci¨®n afecta a toda la unidad familiar; por el contrario, en una zona geogr¨¢fica en la que la fuente principal o ¨²nica de renta es la agricultura (explotada directamente por sus propietarios), el porcentaje oscila entre el 0,6% y el 4,6%. Ello tiene una explicaci¨®n evidente: los asalariados poseen, en general, una mayor conciencia fiscal y, adem¨¢s, ven sus ingresos retenidos a cuenta; en cambio, los propietarios agr¨ªcolas (en este caso peque?os y medianos) no tienen controladas fiscalmente sus rentas y, en su mayor¨ªa, ni siquiera declaran. (Quiero precisar que me refiero estrictamente a la obligaci¨®n de declarar, que es igual para todos, independientemente de la cuant¨ªa de la renta a partir de un l¨ªmite reducido, pues este aspecto de la cuant¨ªa ya es tenido en cuenta por el car¨¢cter progresivo del impuesto.) Una parte del fraude fiscal est¨¢, pues, localizada territorialmente y la comunidad aut¨®noma podr¨ªa contribuir a solucionarlo.

Veamos ahora el fraude que radica en el importe de las declaraciones efectuadas. El cuadro II contiene las cuotas l¨ªquidas medias (es decir, los impuestos medios) pagadas en un conjunto de municipios, obtenidas por el procedimiento de dividir, para cada municipio, la suma de cuotas l¨ªquidas entre el n¨²mero de habitantes. A semejanza del sistema seguido en el cuadro anterior, la parte izquierda de ¨¦ste contiene las cuotas m¨¢s altas y la parte derecha, las m¨¢s bajas. Del cuadro II se desprende que en 1982, en Lozoya, por ejemplo, cada habitante pag¨® en promedio una cuota l¨ªquida 2.657 veces mayor que la pagada en promedio por cada habitante de Gascones (o si se quiere, por cada miembro de una unidad familiar con domicilio fiscal en Gascones). Si para hacer las conclusiones m¨¢s representativas comparamos el conjunto de los 14 municipios en que se ha pagado m¨¢s con el conjunto de los 14 municipios en que se ha pagado menos -lo cual, al introducir el fuerte peso espec¨ªfico que supone Madrid, dota a aqu¨¦llos de una gran representatividad-, cada habitante de los 14 primeros ha pagado 40 veces m¨¢s que cada habitante de los 14 ¨²ltimos, lo que significa un volumen de ocultaci¨®n relativa muy fuerte por parte de ¨¦stos.

A su vez, los dos cuadros en conjunto muestran una clara evasi¨®n fiscal de las rentas agr¨ªcolas en relaci¨®n con los salarios, conclusi¨®n que es posible poner en evidencia debido a la fuerte vinculaci¨®n existente entre la fuente (la agricultura) y el territorio donde ¨¦sta radica. Pero ello no significa que aqu¨¦llas sean las ¨²nicas o principales rentas que se ocultan, sino ¨²nicamente que son las que m¨¢s destacan en el procedimiento utilizado. Mediante procedimientos directos podr¨ªa detectarse e individualizarse la fuerte evasi¨®n que se produce en otras rentas, como pone de relieve el hecho de que en 1982 los empresarios declarasen, en promedio, unos ingresos algo superiores a la mitad de los de los asalariados.

En cualquier caso, el establecimiento de un recargo sobre el IRPF ser¨ªa pagado sustancialmente por los asalariados y contribuir¨ªa a empeorar la distribuci¨®n de la renta, que en los ¨²ltimos cinco a?os -y muy particularmente en los dos a?os de gobierno socialista- ha mostrado una fuerte tendencia a mejorar la participaci¨®n de las rentas del capital y a reducir la de los salarios. En Espa?a, la necesidad de transformaciones estructurales y de una pol¨ªtica de lucha contra la crisis y por la creaci¨®n de empleo, exige aumentar la presi¨®n fiscal. Pero pretender lograrla a costa de los asalariados, cerrando los ojos hacia la evasi¨®n de otras rentas, no es una ¨®ptica de izquierdas, sino todo lo contrario.

La Comunidad de Madrid deber¨ªa hacer un esfuerzo por encontrar medios de financiaci¨®n adecuados a su naturaleza de ente territorial. Y en lugar de cerrar los ojos ante la grave injusticia social que supone el fraude fiscal, podr¨ªa y deber¨ªa desarrollar lo dispuesto en el art¨ªculo 56.3 del Estatuto de Autonom¨ªa y en el art¨ªculo 19.3 de la LOFCA: la colaboraci¨®n con la administraci¨®n tributaria del Estado en "la gesti¨®n, recaudaci¨®n, liquidaci¨®n, inspecci¨®n y revisi¨®n" de los impuestos del Estado no cedidos.