Juristas y psiquiatras consideran beneficiosa para el loco y el menor la responsabilidad penal

El respeto de los derechos constitucionales de los enfermos mentales y de los menores aconseja optar por una responsabilidad atenuada de unos y otros, sin merma de las garant¨ªas jur¨ªdicas que les corresponden. ?sta fue una de las conclusiones que se extrajeron durante las jornadas sobre Garant¨ªas jur¨ªdicas en la experiencia psicoasistencial, celebradas este fin de semana en Madrid. Los juristas y psiquiatras progresistas asistentes al encuentro criticaron la situaci¨®n actual, en la que proteger al menor se traduce en reprimirlo y la irresponsabilidad del loco permite internarle de por vida en un manicomio.

Uno de los participantes en las jornadas -organizadas por la Asociaci¨®n Espa?ola de Neuropsiquiatr¨ªa, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos y Jueces para la Democracia-, el fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, revel¨® que una reciente revisi¨®n de las personas internadas en centros psiqui¨¢tricos de Catalu?a permiti¨® averiguar que 115 son internos penales y que el 60% de ellos fueron internados con anterioridad a 1970. Como caso l¨ªmite, Mena explic¨® que una de estas personas fue intemada en 1948, por decisi¨®n judicial, a causa de un intento de suicidio.El mismo fiscal insisti¨® en la conveniencia de que deje de vincularse constantemente al loco con el peligroso social. Coincidi¨® con el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, tambi¨¦n participante en las jornadas, en que es preciso "privilegiar la libertad a la inseguridad". Frente a la tendencia a declarar irresponsables a estos presuntos enfermos, las tendencias modernas de la psiquiatr¨ªa en Europa prefieren una responsabilidad atenuada, ya que "un tratamiento e internamiento de duraci¨®n sin l¨ªmite temporal ser¨ªa m¨¢s grave para la persona que la pena misma que le corresponder¨ªa en caso de consider¨¢rsele responsable". Se mostr¨® favorable a dar prioridad al tratamiento ambulatorio, m¨¢s que a la reclusi¨®n de los enfermos mentales.

Desde un punto de vista pr¨¢ctico, la magistrada Manuela Carmena resalt¨® las dificultades que, por ausencia de medios procesales adecuados, tienen aquellos jueces que pretenden cumplir la norma legal que impone la autorizaci¨®n judicial para el internamiento del presunto incapaz. Entre otras cosas, record¨® la inexistencia de guardias permanentes en los juzgados civiles.

Por lo que se refiere a los menores, la penalista Roc¨ªo Cantarero asegur¨® que la irresponsabilidad penal de los menores, por su falta de madurez, ha servido, en la pr¨¢ctica, para "un control m¨¢s penetrante a¨²n sobre los menores que el sistema penal ordinario". El juez de menores Claudio Movilla plante¨® la necesidad de que los tribunales de menores cumplan las garant¨ªas constitucionales.

El psiquiatra Ram¨®n Garc¨ªa censur¨® asimismo la existencia de grandes aparatos de control, en forma de centros mastod¨¦nticos, que imposibilitan cualquier forma humana de tratamiento posible. Record¨® que la Comunidad Valenciana ha recibido del Consejo Superior de Protecci¨®n de Menores la transferencia de un centro con 350 camas, mientras continuan sin existir, dijo, "f¨®rmulas alternativas de atenci¨®n a los menores conflictivos".