Suma y sigue

MIENTRAS EL PSOE celebraba la primera sesi¨®n de su 30? congreso, un muchacho de 23 a?os resultaba gravemente herido en Madrid a consecuencia de un balazo policial. Aunque los sucesos no hayan sido todav¨ªa totalmente aclarados, la Delegaci¨®n del Gobierno afirma que el joven Jos¨¦ Mar¨ªa Carrero, part¨ªcipe en una manifestaci¨®n no autorizada, recibi¨® uno de los siete disparos de fuego real efectuados por la dotaci¨®n de un coche patrulla contra un grupo que hab¨ªa bloqueado una calle del barrio de Lavapi¨¦s. Con independencia de las diligencias judiciales, las autoridades han abierto una investigaci¨®n y han suspendido cautelarmente en el servicio a dos agentes. Sin embargo, el informe policial asegura, sorprendentemente, que los miembros de la dotaci¨®n hicieron s¨®lo disparos intimidatorios, uno de los cuales tuvo la mala fortuna de topar con la espalda de Jos¨¦ Mar¨ªa Carrero y de alojarse en su bazo.La manifestaci¨®n, iniciada en el paraninfo de la Ciudad Universitaria, se hab¨ªa trasladado, con un n¨²mero menor de participantes, a la ronda de Valencia, donde hace cinco a?os murieron dos j¨®venes a resultas de disparos efectuados por las fuerzas de orden p¨²blico. Hay datos que permiten aventurar que los manifestantes, probablemente inspirados por grupos legalizados de la izquierda extraparlamentaria, actuaron con escaso miramiento o con ning¨²n respeto hacia las formas de protesta aceptables en un sistema democr¨¢tico. Es evidente que el cruce de autobuses para obstruir la calzada y la violencia contra las persona y las cosas desborda por completo el marco del derecho de reuni¨®n pac¨ªfica amparado por la Constituci¨®n. En este sentido no existe paralelismo posible entre los sucesos de anteayer y la demostraci¨®n autorizada -violentamente interrumpida, sin embargo- celebrada el jueves contra la tortura o las movilizaciones estudiantiles del pasado 4 de diciembre. La cuesti¨®n estriba tan s¨®lo en las desproporcionadas medidas represivas aplicadas contra los manifestantes ilegales por las fuerzas de orden p¨²blico, que dispararon con fuego real y causaron un herido.

En la sesi¨®n del Congreso celebrada el 14 de diciembre de 1979, el diputado Felipe Gonz¨¢lez formul¨¦ al ministro del Interior una pregunta sobre la muerte de los dos j¨®venes producida en la manifestaci¨®n no autorizada contra la ley de Autonom¨ªa Universitaria, cuya conmemoraci¨®n dio lugar a los disturbios de anteayer. En su intervenci¨®n, el secretario general del PSOE afirm¨® que acontecimientos de ese g¨¦nero eran ins¨®litos en nuestros pa¨ªses vecinos, incluido Portugal. Aunque las "manifestaciones ilegales y violentas" -se?al¨® Felipe Gonz¨¢lez- tambi¨¦n se producen en otras naciones democr¨¢ticas, su represi¨®n no produce esos tr¨¢gicos resultados. El actual presidente del Gobierno record¨® que el mayo franc¨¦s no ocasion¨® ni un solo muerto, aunque miles y miles de manifestantes acosaban diariamente a la polic¨ªa. Y en respuesta a las explicaciones del ministro centrista del Interior, que trataba de esconderse tras los polic¨ªas, Felipe Gonz¨¢lez subray¨® su prop¨®sito de distinguir claramente entre "la responsabilidad de la polic¨ªa", cuyos problemas humanos y profesionales comprend¨ªa ("de ninguna manera estamos enjuiciando la actuaci¨®n de dos, tres, cinco o 20 polic¨ªas concretos"), y "la responsabilidad pol¨ªtica de la direcci¨®n de la polic¨ªa" blanco de su protesta.

Saltan a la vista las desemejanzas entre los sucesos ocurridos, con cinco a?os de diferencia, en 1979 y 1984. Aunque gravemente herido, Jos¨¦ Mar¨ªa Carrero conserva la vida. Las fuerzas de seguridad dependen del ministro Barrionuevo, miembro del Gobierno socialista. Dicho sea en su honor, el ministro de Educaci¨®n y Ciencia, Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall, ha tenido la sensibilidad humana y la valent¨ªa pol¨ªtica suficientes para visitar al estudiante herido. El delegado del Gobierno en Madrid ha suspendido a los polic¨ªas que efectuaron los disparos. Pero tampoco faltan en este cuadro comparativo las similitudes. Todav¨ªa en 1984 los informes policiales siguen fabulando sobre err¨¢ticos disparos intimidatorios y al aire que terminan por matar o por herir gravemente a equivocados manifestantes, dotados al parecer de una prodigiosa capacidad de vuelo. Una misma demagogia, propiciada por el Ministerio del Interior y coreada por los medios de la derecha autoritaria, finge olvidar que la Constituci¨®n ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misi¨®n de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", sin darles cheques en blanco. Porque la necesaria adecuaci¨®n, en un sistema democr¨¢tico, entre los medios represivos y los fines de orden p¨²blico excluye, por definici¨®n, el empleo de armas de fuego para disolver manifestaciones y la utilizaci¨®n desproporcionada de ese monopolio leg¨ªtimo de la fuerza que el Estado administra en nombre de los ciudadanos.

El reciente informe sobre 1984 de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDH) menciona "las diferentes muertes o lesiones de gravedad que ha sufrido un considerable n¨²mero de personas como consecuencia de las actuaciones policiales o de la Guardia Civil", no s¨®lo con ocasi¨®n de la detenci¨®n de presuntos delincuentes, sino tambi¨¦n a resultas de "intervenciones enmarcadas en el ¨¢mbito del mantenimiento del orden en el supuesto de manifestaciones u otro actos reivindicativos". Algunas autoridades judiciales han se?alado que el empleo leg¨ªtimo de la violencia estatal "no puede identificarse con el uso irracional, arbitrario o inhumano de la fuerza material". Su aplicaci¨®n debe encuadrarse dentro de unas coordenadas de ponderaci¨®n, delimitadas por la legalidad vigente, la inexistencia de alternativas y la proporcionalidad, la cual implica la selecci¨®n gradual de los medios en funci¨®n de su menor capacidad destructiva y la valoraci¨®n racional de la fuerza en relaci¨®n con la gravedad de la agresi¨®n y la importancia de los bienes, en conflicto. Ni que decir tiene que el derecho a la vida, el m¨¢s importante bien jur¨ªdico, merece el m¨¢ximo respeto incluso en los supuestos de alteraci¨®n de las reglas necesarias para el normal funcionamiento de la comunidad.

La proliferaci¨®n de manifestaciones de protesta -Madrid ha sido escenario durante esta semana de varias convocatorias- hace inexcusable ese recordatorio acerca de los requisitos del empleo. de la fuerza represiva, que vale tanto para las reuniones autorizadas como para las demostraciones ilegales. El Gobierno socialista, demasiado proclive a la autocomplacencia triunfalista y a las abstracciones macroecon¨®micas, corre el riesgo de olvidar que las demandas sociales insatisfechas suelen desbordar los cauces de expresi¨®n legales cuando sus reivindicaciones no son escuchadas o sus protestas son sofocadas mediante el uso arbitrario de la violencia. Un sistema democr¨¢tico es un proceso de negociaci¨®n pac¨ªfica de conflictos, en el que el poder pol¨ªtico tiene el decisivo papel de distribuir las cargas y de fomentar las transacciones. Por esa raz¨®n, el Gobierno socialista tiene que plantearse la necesidad no s¨®lo de instrumentar una pol¨ªtica de orden p¨²blico tradicional, sino tambi¨¦n de reflexionar sobre las causas ¨²ltimas de la conflictividad social, bien sea en el mundo universitario o en los sectores industriales en crisis.