El congreso de la Asociaci¨®n de Fiscales pide un ministerio p¨²blico independiente del Ejecutivo

ENVIADO ESPECIAL Lo que el sector conservador de la profesi¨®n fiscal no logr¨® hace dos a?os en Fuengirola lo consigui¨® ayer en Valencia la mayor¨ªa del III Congreso de la Asociaci¨®n de Fiscales, que se clausurar¨¢ hoy: postular un ministerio p¨²blico independiente del Ejecutivo y "ajeno a las directrices pol¨ªticas". El acuerdo, adoptado por 125 votos contra 92 y con 45 abstenciones, niega competencias al Gobierno para definir el inter¨¦s social que los fiscales deben promover y entra?a una ruptura dentro de la propia asociaci¨®n de fiscales, cuyo sector progresista no se encuentra ya c¨®modo en la misma.

El III Congreso de la Asociaci¨®n de Fiscales, que re¨²ne en Valencia a los representantes de los 370 fiscales que la integran -sobre el total de m¨¢s de 600 miembros de la carrera- celebr¨® pac¨ªficamente su sesi¨®n del viernes pasado, d¨ªa en que una de las cuatro comisiones, la presidida por Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, logr¨® alcanzar por consenso un texto para someter al pleno en el que se reconoc¨ªa el derecho a constituir corrientes de opini¨®n y a que ¨¦stas manifestaran criterios contrarios a los de la mayor¨ªa.Los problemas se iniciaron ayer cuando la mesa del Congreso propuso que este tema, que encabezaba el orden del d¨ªa del pleno, fuera pospuesto para el final. En la interpretaci¨®n del sector progresista se trataba de retrasar lo m¨¢s posible la escisi¨®n de la asociaci¨®n. As¨ª se acord¨® en una votaci¨®n que sirvi¨® para tantear las fuerzas y que mostr¨® que ¨¦stas se encontraban igualadas: 125 contra 100 y 12 abstenciones.

El sector progresista, heredero de Justicia Democr¨¢tica y promotor principal de la Asociaci¨®n de Fiscales desde las reuniones de 1980 en Sig¨¹enza, que en diciembre de 1982 consigui¨® rechazar una moci¨®n de censura contra el entonces presidente, Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo, se encontraba en minor¨ªa.

Los primeros textos sometidos al pleno procedentes de las comisiones, como las ponencias de Rogelio G¨®mez Guillam¨®n, en defensa de la posici¨®n del fiscal en la futura ley Org¨¢nica del Poder Judicial, y de Jos¨¦ Ram¨®n Ore?a, sobre el mayor protagonismo del fiscal en los procesos judiciales en defensa de los ciudadanos, fueron aprobados sin problemas. ?stos se plantearon cuando Bartolom¨¦ Bargas, como ya hiciera sin ¨¦xito en diciembre de 1982 en Fuengirola, trat¨® de sacar adelante una propuesta sobre la independencia del ministerio fiscal.

El texto que present¨® al pleno planteaba entre otras cosas un rechazo a las afirmaciones realiza das por el ministro de Justicia Fernando Ledesma, para quien el inter¨¦s social que los fiscales deben procurar satisfacer seg¨²n la Constituci¨®n ha de definirlo el Gobierno, como ¨®rgano que emana de la soberan¨ªa popular. Vargas defend¨ªa que ello llevar¨ªa consigo una "instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica del ministerio p¨²blico" y propuso tambi¨¦n que entre los fines de la Asociaci¨®n de Fiscales se incluyera la defensa respecto al poder ejecutivo.

Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo se opuso a esta ponencia por estimar que el inter¨¦s social debe definirlo el Gobierno, como procedimiento para que la funci¨®n del fiscal "conecte con el Gobierno democr¨¢tico en la realizaci¨®n del inter¨¦s social". Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn se?al¨® que, al margen de la conveniente autonom¨ªa del ministerio fiscal, no pod¨ªan aceptarse los planteamientos de Vargas por desbordar el marco constitucional, que vincula dicha instituci¨®n con el Ejecutivo. Lo contrario, seg¨²n dijo, ser¨ªa tanto como crear un cuarto poder sin control por parte de ninguno de los poderes del Estado.