Entre la guerra y la paz

Por medios ileg¨ªtimos nunca se puede alcanzar un resultado leg¨ªtimo, se?ala el autor de este trabajo al tocar el problema del terrorismo y la guerrilla en Am¨¦rica Latina. La contraposici¨®n de dos casos, el de Colombia y el de Per¨², le sirve para demostrar la inutilidad de militarizar el problema y la necesidad, y hasta posibilidad, de enfrentarse a ¨¦l con m¨¦todos pol¨ªticos y fundamentalmente pac¨ªficos.

Ese moverse sobre el filo de la navaja, entre la guerra y la paz, se ha vuelto un dram¨¢tico dilema para algunos pa¨ªses de Am¨¦rica Latina. En un contexto en el que, en ciertos pa¨ªses, la disyuntiva parece haber sido resuelta a favor de la guerra civil o del conflicto armado (t¨®mese nota de los 50.000 muertos durante el ¨²ltimo lustro en El Salvador, por ejemplo), resultan cruciales aquellos procesos en los que existen esperanzas firmes de pacificaci¨®n o en los que a¨²n no se ha llegado a los extremos de la guerra civil.Este parece ser el caso de Colombia y de Per¨²; dos pa¨ªses andinos (y vecinos entre s¨ª) con procesos hist¨®ricos y sociales que guardan algunas semejanzas importantes (y sus diferencias tambi¨¦n). En ambos pa¨ªses, rigen hoy d¨ªa Gobiernos constitucionales y en los dos se viven agudos procesos de violencia no resueltos y de imprevisible curso.

El bogotazo, aquel inmenso alzamiento popular de 1948, marc¨® el punto de partida de la guerra civil que enfrent¨® a los colombianos en los a?os que siguieron a dicha eclosi¨®n. Como se sabe, en ese proceso de violencia, que afect¨® especialmente a las zonas rurales, murieron alrededor de 300.000 colombianos, aunque la cifra exacta, como en toda guerra civil, probablemente no se conocer¨¢ nunca. El trasfondo pol¨ªtico y social es conocido: la pugna entre liberales y conservadores que expresaba el conflicto de intereses entre los sectores burgueses modernizantes y los grupos terratenientes.

Los centenares de miles que llevaban el peso del conflicto, por uno y otro bando, eran campesinos, gente del pueblo. En el contexto del conflicto, algunas de las columnas guerrilleras adscritas a los liberales empezaron a marchar a su propio ritmo filtrando intereses y reivindicaciones campesinas que parec¨ªan rebasar los marcos liberales. Tal vez por ello, y dado el curso incierto que el proceso amenazaba adquirir, con el Pacto Liberal-Conservador se puso fin a la guerra, acordando ambos partidos alternarse en el poder. Pero ya se hab¨ªa puesto en marcha una din¨¢mica violenta que no pudo impedir que, pese al pacto, muchos grupos guerrilleros siguieran operando. Esto ocurr¨ªa mucho antes de que Fidel Castro y el Movimiento Veintis¨¦is de Julio alcanzaran el triunfo en Cuba.

Para decirlo en una frase: la guerrilla continu¨®, ya que las razones que llevaron a muchos campesinos a la lucha armada se manten¨ªan. Durante la d¨¦cada de los sesenta, la actividad guerrillera recibi¨® en Colombia y en el resto de Am¨¦rica Latina el impulso que ven¨ªa de la revoluci¨®n cubana. Pero, claramente en el caso de Colombia, se trat¨® s¨®lo de un incentivo adicional, pues el movimiento ya estaba all¨ª desde antes. Como para desvirtuar toda la monserga del enfrentamiento Este-Oeste o del comunismo intemacional como explicaci¨®n sempiterna de cuanto fen¨®meno social cuestionador se presente en la regi¨®n.

Es bueno recordar que la alternancia liberales-conservadores que sucedi¨® al Pacto no dio una perspectiva de salida a las graves contradicciones de la sociedad colombiana. Claro ejemplo de ello es la reforma agraria, experimento tan t¨ªmido que casi ni se sinti¨® en el campo. Al continuar la lucha guerrillera en algunas partes localizadas del pa¨ªs, la sucesi¨®n de Gobiernos civiles encontr¨® all¨ª la base (o el pretexto) para mantener durante m¨¢s de 30 a?os el Estado de excepci¨®n en el pa¨ªs. Paralelamente, los militares ganaban terreno, manteni¨¦ndose, sin embargo, el r¨¦gimen civil.

Esta militarizaci¨®n creciente lleg¨® a un extremo durante el pasado Gobierno de Turbay Ayala, que form¨® un binomio junto con su ministro de Defensa, general Camacho Leiva. Se dict¨®, como se sabe, un estatuto de seguridad restrictivo de las libertades ciudadanas b¨¢sicas, se legaliz¨® la anticonstitucional adscripci¨®n de los civiles a la justicia militar y se lleg¨® a poner bajo control directo de los militares cerca del 30% del territorio. ?El resultado? La violencia no s¨®lo se mantuvo, sino que se extendi¨®, origin¨¢ndose adem¨¢s grupos paramilitares que gozaban de impunidad, cuando no de la participaci¨®n activa de militares, como es el caso del Muerte a los Secuestradores (MAS).

Es dentro de ese complejo y dif¨ªcil marco donde asume la presidencia Belisario Betancur, dictando una amplia amnist¨ªa, formando una comisi¨®n de paz y suscribiendo, a mediados de este a?o, sendos acuerdos de paz con los m¨¢s importantes grupos guerrilleros. Se trataba, pues, de una ruptura con el estilo Turbay Ayala-Camacho Leiva. Se abri¨® paso a un proceso de pacificaci¨®n de curso a¨²n incierto, pero que puede exhibir algunos logros hasta el momento. Esta incertidumbre proviene, en buena medida, de la conducta que puedan adoptar los militares.

Riesgos de la militarizaci¨®n

?sa es, tal vez, s¨®lo la punta de un iceberg que pone de manifiesto los riesgos de la militarizaci¨®n, No s¨®lo por su ineficacia pata resolver el reto de la violencia guerrillera (pues al no atacar las ra¨ªces sociales del problema acaban acelerando -por la brutalidad de los m¨¦todos de represi¨®n- la espiral violentista), sino por la amenaza que significa para salidas pol¨ªticas que busquen responder a las causas profundas de problemas sociales que tienen una expresi¨®n guerrillera.

En Colombia se recorri¨® ese camino y los resultados est¨¢n a a vista. Betancur ha conseguido -no sin incertidumbres- lo que d¨¦cadas de estado de emergencia y de militarizaci¨®n fueron incapaces de obtener. Veamos qu¨¦ pasa en el futuro.

Pero, siendo esa la experiencia colombiana, llama la atenci¨®n que en un pa¨ªs vecino, Per¨², se est¨¦ recorriendo un camino muy parecido a aquel por el que transit¨® Colombia durante 30 a?os. En este pa¨ªs andino, a la violencia de Sendero Luminoso se responde con una violencia a¨²n mayor, en la que la brutalidad, como acaba de afirmarlo Vargas Llosa en Madrid, est¨¢ muy presente. Los resultados cuantitativos hablan por s¨ª solos. De acuerdo a la informaci¨®n proporcionada por el ministro del Interior al Senado peruano, desde 1980 hastajulio de 1984 han muerto 4.145 personas (la abrumadora mayor¨ªa en la sierra sur-central), de las cuales 2.074 ser¨ªan delincuentes subversivos; 1.923, civiles, y 148, miembros de la polic¨ªa o del Ej¨¦rcito. Cifras muy elocuentes del grado a que se ha llegado. A ello hay que agregar las desapariciones de personas, que son tambi¨¦n significativas. El fiscal de la naci¨®n ha recibido denuncias de 904 casos; la Comisi¨®n de Acci¨®n Social, organismo del espiscopado peruano, tiene informaci¨®n documentada sobre 213 casos. ?Qu¨¦ est¨¢ detr¨¢s de estas cifras dantescas? Sin duda alguna, una violencia brutal que, sin embargo, no logra eliminar a Sendero Luminoso. V¨ªctimas del fuego cruzado, caen miles de campesinos. A m¨¢s de 2.000 se les sindica de delincuentes subversivos pero nadie sabe qui¨¦nes son; por lo dem¨¢s, nadie en su sano juicio cree que la mayor¨ªa de ellos sea en efecto senderista, sino, m¨¢s bien, v¨ªctima de una acci¨®n represiva que se torna a veces indiscriminada. ?Y los 1.923 civiles? Pues, v¨ªctimas de uno y otro bando.

Hasta aqu¨ª encontramos una grave l¨ªnea de semejanza con el fen¨®meno colombiano: situar la respuesta a la acci¨®n violenta en el terreno estrictamente militar, acelerando con ello la espiral de violencia. Pero hay otra similitud que no siempre parece ser tomada en cuenta a la hora de los an¨¢lisis oficiales o de la formulaci¨®n de los planes antisubversivos: las ra¨ªces de la violencia. Por m¨¢s que se quiera, no se podr¨¢ demostrar que la causa est¨¢ en el comunismo internacional, porque, entre otras razones, Sendero Luminoso sencillamente no tiene relaciones ni recibe apoyo de ning¨²n pa¨ªs socialista. Tampoco se ha podido demostrar el supesto apoyo al senderismo por los narcotraficantes; ninguna huella (por ejemplo, armamento comprado) existe de ello. Hay, m¨¢s bien, un problema de atraso y miseria que, en zonas como Ayacucho, explica el surgimiento de un fen¨®meno como el de Sendero Luminoso. Con una expectativa de vida situada por debajo de la media nacional, lo raro es que esto no haya ocurrido antes.

Si bien el panorama en su conjunto no es para nada alentador, existen. aspectos que permiten mantener cierta esperanza en que se pueda encontrar soluciones distintas de la militar. Militarizaci¨®n que, de acabar envolviendo a dos pa¨ªses como Colombia y Per¨², deja s¨®lo la v¨ªa violenta como mecanismo de procesamiento de los conflictos sociales.

Los dos procesos son sin duda diferentes y le encuentran pasando por un momentum tambi¨¦n distinto. En Colombia cabe poner toda la esperanza en que el proceso de pacificaci¨®n que impulsa Betancur no se detenga. Deben venir a continuaci¨®n la ejecuci¨®n de planes de promoci¨®n y reforma social. En Per¨² est¨¢, claro que por el sendero actual se llegar¨¢, probablemente, a una polarizaci¨®n social que puede ser irreversible y traer grav¨ªsimas consecuencias. Est¨¢n abiertas las puertas para formular y ejecutar salidas pol¨ªticas al actual proceso violentista.

es abogado peruano, secretario ejecutivo de la Comisi¨®n Andina de Juristas.