Listo para ser aprobado

El texto definitivo de la nueva ley de Propiedad Intelectual que ha preparado el Ministerio de Cultura estar¨¢ listo para ser presentado para su aprobaci¨®n a partir de febrero. Tras un a?o de trabajo en el que se elaboraron varios borradores, el Gobierno cuenta actualmente con un anteproyecto de ley que tiene 136 art¨ªculos.Entre las novedades que contempla este anteproyecto se encuentran la reducci¨®n de la duraci¨®n del derecho post mortem de 80 a 50 a?os; la consideraci¨®n de la propiedad intelectual en los nuevos medios como los programas de radio y televisi¨®n y de ordenadores; la creaci¨®n de un canon que habr¨¢ que pagar por difundir obras del dominio p¨²blico, y el aumento de las penas para los delitos contra la propiedad intelectual. Este anteproyecto tiene en cuenta tambi¨¦n el derecho de propiedad intelectual de los traductores, punto que ha motivado discrepancias.

La nueva ley ha recogido precisiones que la ley vigente, que data de 1879, no contemplaba. De esta manera se tratan las obras cinematogr¨¢ficas, la protecci¨®n de la fotografia, el disco, la grabaci¨®n audiovisual, la radio, la televisi¨®n y los programas de ordenador. En cuanto a este ¨²ltimo, la Presidencia de Gobierno ha elaborado un informe destinado a proteger unos derechos que hasta ahora no exist¨ªan.

A principios del a?o pasado el Ministerio de Cultura form¨® una numerosa comisi¨®n, que despu¨¦s del verano se redujo a un grupo de trabajo formado fundamentalmente por juristas y funcionarios del ministerio. Estos ¨²ltimos entregaron un borrador al ministro Javier Solana a finales de octubre. El texto posteriormente distribuido por la Subsecretar¨ªa General T¨¦cnica no es igual al proyecto presentado por la comisi¨®n.

Siguen existiendo discrepancias y objeciones en relaci¨®n al tratamiento de algunos de los puntos y las innovaciones establecidas en este anteproyecto, principalmente en los puntos que presentan un conflicto de intereses. Los puntos positivos en los que coinciden casi todas las partes son: que se trata de una ley moderna, que deroga la antigua y las dispersas normas establecidas posteriormente, y que resta importancia al papel que el Registro de Propiedad Intelectual tiene actualmente.