Hacia un servicio p¨²blico sin bloqueos y pagado por impuestos

Los aspectos del proyecto de ley de Sanidad contestados desde algunos sectores corporativos, as¨ª como la definitiva fiscalizaci¨®n de este servicio p¨²blico, apenas han suscitado discrepancias entre los redactores del texto y, ahora, entre los ministros. Seg¨²n las fuentes administrativas donde se ha obtenido la informaci¨®n, ambas vertientes ser¨¢n las de mayor envergadura a largo plazo.Por un lado, m¨¢s que reglamentar, la ley intenta desbloquear las r¨ªgidas estructuras nacidas en 1944 a expensas de un esquema organizativo que data de la ley de 1855. El Gobierno podr¨¢ actuar por decreto en terrenos hasta ahora vedados. Sobre lo no obstaculizado por la ley de 1944, el Ejecutivo ya ha tomado decisiones. Un reciente decreto, por ejemplo, ha elevado de dos a seis horas el m¨ªnimo de permanencia de los m¨¦dicos en consultas y ambulatorios, para las plazas de nueva convocatoria. Con la nueva ley, podr¨¢ implantar una exigencia similar a todos los m¨¦dicos, aunque se acuerden per¨ªodos transitorios. Igualmente, los m¨¦dicos titulares de un pueblo han podido impedir hasta ahora que entre otro profesional; en el futuro, deber¨¢n integrarse en las nuevas zonas de salud, articuladas por equipos completos (m¨¦dicos, asistentes sociales, etc¨¦tera) y coordinadas por cada comunidad aut¨®noma o por el Estado, que decidir¨¢n sobre la asignaci¨®n de recursos.

En vez de permanecer compartimentada (Estado, diputaciones, ayuntamientos...), la sanidad p¨²blica ser¨¢ integrada en un Sistema Nacional de Salud. Su casi exclusiva financiaci¨®n a trav¨¦s de la Seguridad Social (con cuotas de empresarios y trabajadores) ser¨¢ asumida paulatinamente por el Estado (con impuestos). Al final del proceso, los centros y hospitales de aqu¨¦lla pasar¨¢n al Estado.