Acuerdo para superar la division entre miembros del Gobierno sobre la reforma sanitaria

Los asuntos que divid¨ªan al Gobierno ante la reforma sanitaria han sido objeto de acuerdo en una comisi¨®n interministerial, cuyas conclusiones obran ya en poder del presidente del Ejecutivo, Felipe Gonz¨¢lez. Si mantienen el compromiso los ministros que encabezaban el enfrentamiento -Miguel Boyer, titular de Econom¨ªa y Hacienda, y Ernest Lluch, de Sanidad y Consumo-, el proyecto de ley de Sanidad ser¨¢ aprobado a finales del presente mes. Cuando sea completada la reforma, en 1990, el Estado asumir¨¢ no s¨®lo el bill¨®n de pesetas de 1985 que paga ahora la Seguridad Social, sino tambi¨¦n los 110.000 millones en que aumentar¨¢n los gastos para extender la protecci¨®n a todos los ciudadanos y ampliar sus coberturas.

Las discrepancias gubernamentales, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, surgieron en torno a c¨®mo aplicar y pagar las tres principales novedades del proyecto: garantizar la asistencia sanitaria a toda la poblaci¨®n (dos de los 38 millones de ciudadanos carecen de ella), extender su contenido (incluye la asistencia siqui¨¢trica y ampl¨ªa otras) y profundizar en la libertad de elecci¨®n de los beneficiarios.El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda calcul¨® en principio que la ley costar¨ªa cada a?o unos 300.000 millones de pesetas de 1985, adicionales a los 1,02 billones que ser¨¢n gastados este a?o. Desde el otro polo, el Ministerio de Sanidad y Consumo estimaba necesarios 120.000 millones de pesetas.

No obstante, la idea de una aplicaci¨®n gradual se ha acentuado a lo largo de las conversaciones con los sectores sindicales y corporativos afectados y, finalmente, a nivel de Gobierno.

Cuando todas las discrepancias se manifestaron en dos Consejos de Ministros, empez¨® a funcionar por decisi¨®n del Gobierno una comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo.

Las diferencias han sido al fin resueltas tras el 30? Congreso del PSOE, donde la ponencia de Sanidad ratific¨® el modelo del proyecto de ley e introdujo la afirmaci¨®n de que los gastos de sociales deber¨¢n aumentar en los pr¨®ximos a?os m¨¢s que la producci¨®n econ¨®mica.

Un motivo de desacuerdo en las cifras proced¨ªa de la prevista integraci¨®n de los hopitales del Insalud, Aisna, diputaciones, ayuntamientos y cl¨ªnicos universitarios. El ministerio de Miguel Boyer dec¨ªa que ello elevar¨ªa el gasto en unos 80.000 millones de pesetas anuales, sobre todo por las exigencias de equiparaci¨®n del personal.

Pero habr¨¢, para impedirlo, reconversi¨®n de la mayor¨ªa de los centros y cierre de otros. Como la red para enfermedades agudas se considera buena y la de cr¨®nicas insuficiente, los enfermos cr¨®nicos podr¨¢n ser desconcentrados y enviados a centros ahora infrautilizados en especialidades como la lucha ant¨ªtuberculosa o ven¨¦rea, donde se prestar¨¢n servicios de hospedaje, m¨¢s baratos que la ocupaci¨®n de grandes hospitales.

Boyer cede

Tambi¨¦n ha cedido Econom¨ªa y Hacienda en su concepci¨®n de la libertad de elecci¨®n de, m¨¦dico como algo similar al pago por acto m¨¦dico, que se complementar¨ªa con un boleto moderador -en parte a cargo del paciente- para disuadir de abusos y contribuir a sufragar el coste de la ley. Frente al modelo franc¨¦s y alem¨¢n, la ley consagrar¨¢ otro m¨¢s pr¨®ximo al brit¨¢nico, integramente a cargo del Estado.

En la atenci¨®n primaria habr¨¢ libre elecci¨®n de m¨¦dico dentro de cada ¨¢rea de salud (para poblaciones con m¨¢s de 250.000 habitantes, en el conjunto de la ciudad). En la hospitalaria se podr¨¢ elegir servicio especializado, tras el diagn¨®stico, dentro de la comunidad aut¨®noma, salvo que no tenga los especialistas requeridos por el diagn¨®stico. No obstante, hacia el a?o 1990 servicios como la aplicaci¨®n de pr¨®tesis deber¨¢n ser pagados con ayuda de los pacientes.

Por el contrario, el acuerdo prev¨¦ que el imperativo constitucional de extender la sanidad a todos los ciudadanos entre en vigor de golpe, a partir de 1986. De los dos millones que faltan, se estima que s¨®lo aumentar¨¢n efectivamente los costes por los gitanos y otras minor¨ªas marginadas; el otro mill¨®n de los hoy excluidos est¨¢ nutrido por profesionales y empresarios aut¨®nomos que mantendr¨¢n servicios privados.

El acuerdo estima el coste de la ley en 110.000 millones de pesetas anuales. Al aplicarse gradualmente durante cinco a?os, el aumento de gasto ser¨¢ de 22.000 a 30.000 millones de pesetas en 1986 (principalmente por la universalizaci¨®n de la asistencia y las equiparaciones), de unos 44.000 millones el segundo a?o (por las mismas causas y las derivadas de la extensi¨®n de servicios), y as¨ª sucesivamente hasta alcanzar los 110.000 millones en 1990.

Los nuevos gastos ser¨¢n atendidos y englobados en la dotaci¨®n anual del Estado a la Seguridad Social (0,7 billones de pesetas en 1985). Cuando ¨¦sta iguale al conjunto de los gastos sanitarios, ser¨¢ separada de la Seguridad Social, coincidiendo con el paso a titularidad del Estado de los hospitales y centros de la Seguridad Social.