El Gobierno inicia una campa?a para explicar la ley de Incompatibilidades, que entra hoy en vigor
El Gobierno emprender¨¢ una campa?a, basada en 40.000 carteles y 700.000 folletos explicativos de "todo lo que usted quer¨ªa saber sobre incompatibilidades", con el objeto de inducir a los funcionanos p¨²blicos a que declaren a partir de hoy cualquier segunda actividad, p¨²blica o privada, que pudiera ser incompatible con su trabajo en la Administraci¨®n.Fuentes del Ministerio de la Presidencia declararon ayer que hab¨ªan sido presentadas en el correspondiente registro 35.000 declaraciones de segunda actividad entre funcionarios de la Administraci¨®n del Estado y 101.000 entre funcionarios de la Seguridad Social, cuando se calcula que pasan ampliamente de 200.000 los funcionarios con un segundo puesto de trabajo.
La ley que hoy entra en vigor concede un plazo, que en la mayor¨ªa de los casos expira el pr¨®ximo 24 de abril, para que los funcionarios que consideren que su segunda actividad es compatible soliciten la preceptiva autorizaci¨®n para ejercerla.
Las fuentes del Ministerio de la Presidencia consultadas admitieron desconocer el n¨²mero exacto de funcionarios que ejercen dos actividades p¨²blicas -aunque ya ha comenzado un trabajo de detecci¨®n de cualquier posible fraude en las declaraciones- y, menos a¨²n, el n¨²mero de quienes ejercen actividades privadas presuntamente incompatibles con su trabajo al servicio del Estado. Tampoco existe una evaluaci¨®n exacta de los puestos de trabajo que quedar¨¢n libres como consecuencia de la aplicaci¨®n de esta ley, aunque los informes elaborados por los t¨¦cnicos del ministerio elevan la cifra hasta alrededor de 10.000.
La mayor parte de tales vacantes ser¨¢ cubierta a trav¨¦s de la oferta p¨²blica de empleo, que ser¨¢ aprobada en un pr¨®ximo Consejo de Ministros y crear¨¢, se espera, alrededor de 25.000 nuevos puestos de trabajo.
De las 35.000 declaraciones de actividad en la Administraci¨®n presentadas hasta la fecha, 28.000 se resolvieron autorizando el segundo puesto de trabajo. Sin embargo, medios gubernamentales destacan que ¨¦stos fueron los criterios empleados a la hora de aplicar la ley anteriormente vigente, que data de 1982 y fue elaborada por UCD. La ley que hoy entra en vigor tiende a dificultar en mayor medida que la anterior el ejercicio de actividades privadas para los funcionarios. Los datos que obran en poder del Ministerio de la Presidencia indican que algo m¨¢s del 49% de los funcionarios con una segunda actividad pertenecen al grupo A (titulaci¨®n universitaria superior) y que este porcentaje va decreciendo seg¨²n disminuye el nivel de estudios.
De acuerdo con sondeos elaborados por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas, el 79% de. los espa?oles se muestra favorable al r¨¦gimen de incompatibilidades para los funcionarios, si bien este porcentaje decrece hasta un 65% cuando los interrogados son los propios funcionarios. Pese a esta general aceptaci¨®n, la ley ha levantado protestas en algunos sectores, especialmente en los relacionados con la sanidad y con la docencia.
Tambi¨¦n se benefician de un tratamiento espec¨ªfico, al margen ya de esta ley, determinados cuerpos como los letrados de las Cortes, que, seg¨²n un reciente informe period¨ªstico que no ha sido desmentido, no est¨¢n sujetos de hecho a un r¨¦gimen de incompatibilidades, al depender de las normas que el Parlamento acuerde para ellos.
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